Monago: “Nadie puede obligar a una mujer a ser madre”
El presidente extremeño es el primer barón del PP que rechaza abiertamente la nueva ley del aborto impulsada por el ministro Gallardón
Rafael Monago, a la izquierda, junto al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, durante un acto del partido. / CRISTOBAL MANUEL
La grieta en el PP por la futura ley del aborto se agranda poco a poco, a pesar de los esfuerzos de la dirección del partido y el Gobierno por frenar las críticas remitiéndose al futuro trámite de la norma en el Congreso y el Senado. Ayer se sumó a las voces críticas José Antonio Monago, presidente de Extremadura, mientras que otros dirigentes y parlamentarios que no comparten la reforma impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se preparan para plantear el asunto en el comité ejecutivo del PP que tendrá lugar el 8 de enero.
Monago, que gobierna en Extremadura gracias a los votos de IU, es hasta el momento la voz más clara y de mayor relevancia en el partido que se pronuncia contra la ley. “Nadie puede negar a nadie su derecho a ser madre. Ni tampoco nadie puede obligar a nadie a serlo”, aseguró anoche en el discurso institucional de fin de año. Antes de él, solo otro barón regional del PP, el gallego Alberto Núñez Feijóo, había sugerido cambios durante la tramitación parlamentaria, pero sin expresar críticas al texto.
Sí lo hicieron en días pasados la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y el portavoz del PP en el Parlamento vasco, Borja Sémper, que pidió expresamente a los diputados populares que voten la ley “en conciencia”, no por disciplina de partido. Dos alcaldes del PP —la de Zamora y el de Valladolid— se mostraron contrarios a la eliminación del supuesto de aborto por malformación fetal; y el portavoz de la Junta de Castilla y León confió en que la ley se “matice” y se “mejore” a su paso por el Congreso.
Ninguno de los que ha expresado la crítica en público debe votar la futura ley en las Cortes.
Monago ha sido el más claro, poniendo el énfasis en la capacidad de decisión de la mujer al subrayar que “nadie” puede “obligar” a una mujer a ser madre. En su discurso apostó por “desideologizar” este asunto: “Creo sinceramente que la ideología no tiene que introducirse en asuntos de Estado [...] y tampoco en materias tan sensibles como la reproducción asistida o la interrupción voluntaria del embarazo”, afirmó. “Necesitamos una ley del aborto que conecte con la sociedad, que sea reflejo de la España actual, la que inicia 2014. Y para ello, las posiciones se tienen que acercar”. El presidente extremeño abogó por “aprender las lecciones del pasado”. “La ley del aborto de Felipe González nos unió durante 25 años y la de Zapatero solo ha necesitado tres años para dividirnos. Debemos trabajar entre todos por una ley del aborto que dure al menos otros 20 años”, dijo.
La dirección del PP intenta frenar las críticas públicas remitiéndose al trámite parlamentario en el que pueden incluirse cambios, y también a la posibilidad de que se retoque cuando el texto vuelva al Consejo de Ministros, una vez que el Gobierno reciba los informes pertinentes. No obstante, el ministro de Justicia ya ha dicho que esa tramitación no afectará a la esencia de su anteproyecto.
Varios diputados del PP, que rechazan la reforma, han expresado a este periódico su voluntad de plantear su discrepancia en el comité ejecutivo nacional que presidirá Mariano Rajoy el 8 de enero, aunque ninguno ha manifestado públicamente su discrepancia. Ya el pasado 5 de mayo, la diputada y vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, planteó su rechazo a la reforma cuando el debate surgió en una reunión similar. Villalobos, que ha roto la disciplina de voto en otras ocasiones cuando se han tramitado asuntos relacionados con el aborto, se dirigió ese día a Gallardón para exponer su rechazo a que se derogase la actual ley de plazos y se limitara el supuesto de malformación del feto. Ese día la diputada no recibió ninguna contestación.
Fuentes de la dirección del Grupo Popular mantienen la tesis de que el programa del PP recogía este cambio de la ley y, por tanto, mantendrán la disciplina, que implica multas de unos 500 euros a quien vote en contra de la posición oficial. El programa, no obstante, se limitaba a decir: “Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. No especificaba más.
Uno de los diputados críticos lamenta la estrategia del PSOE estos días al situar la presión sobre ellos. Recuerda que en la última etapa del Gobierno de José María Aznar los socialistas hicieron lo mismo para combatir la actitud del Gobierno ante la guerra de Irak, forzando votaciones secretas para mostrar las discrepancias internas del PP. Con esa presión, dice este diputado, el PSOE logró el efecto contrario, es decir, que pesara más en los parlamentarios populares la necesidad de proteger al Gobierno que la expresión de la discrepancia. Ahora, este crítico con la ley del aborto asegura que su intención es también minimizar el daño a su partido.
El PSOE ha anunciado que va a presentar una proposición no de ley pidiendo la retirada del proyecto, y en ese trámite pedirá el voto secreto. El citado parlamentario del PP explica que él es contrario al anteproyecto de ley, pero que eso no le impedirá rechazar la proposición socialista.
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