ENMIENDA A LA LEY DEL SECTOR PÚBLICO
Acuerdo Cataluña-Ministerio para 'salvar' los consorcios sanitarios
Proponen reconocer la especificidad de los consorcios sanitarios en una enmienda en la futura Ley del Sector Público. Quieren evitar que 14.000 profesionales laborales catalanes deban pasar a estatutarios.
Carmen Fernández. Barcelona | carmenfer@diariomedico.com | 27/06/2014 00:00
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El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, del que es titular Boi Ruiz, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, que dirige Ana Mato, han hallado una solución para los consorcios sanitarios de esta y otras comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Andalucía), cuya existencia está actualmente amenazada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Según informaron ayer fuentes autorizadas del Departamento de Salud catalán a este diario, han propuesto una enmienda al Proyecto de Ley del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa que incorpora una nueva disposición final a la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS), que reconoce la figura de los consorcios sanitarios.
"Dicha disposición final intenta preservar las características diferenciales de los consorcios sanitarios como formas de gestión del SNS. En ningún caso la enmienda propuesta supone un mayor coste para el sistema ni renunciar a un mayor control del déficit público; todo lo contrario. Simplemente permite adecuar la norma a la realidad de una de las fórmulas de gestión del SNS y evita generar un elevado grado de conflictividad con los agentes sociales y con el personal asistencial que puede afectar al funcionamiento de los servicios sanitarios, preservando en todo caso los mecanismos necesarios para ajustar el gasto público y el control del déficit público", precisaron las mismas fuentes.
También confirmaron que uno de los aspectos que más preocupa del impacto de la Ley de Racionalización de la Administración Local en el ámbito de los consorcios sanitarios es el régimen del personal.
Funcionario o laboral
"Los consorcios sanitarios en Cataluña son entidades públicas de gestión empresarial y en régimen de concertación con el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y su personal, desde su creación, está adherido al convenio laboral del sector de la sanidad concertada (...). La nueva regulación establece que el personal al servicio de los consorcios puede ser funcionario o laboral procedente exclusivamente de una reasignación de puestos de trabajo de las administraciones participantes, su régimen jurídico es el de la Administración pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso pueden superar las que aquella establezca para puestos de trabajo equivalentes".
"Los consorcios sanitarios en Cataluña son entidades públicas de gestión empresarial y en régimen de concertación con el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y su personal, desde su creación, está adherido al convenio laboral del sector de la sanidad concertada (...). La nueva regulación establece que el personal al servicio de los consorcios puede ser funcionario o laboral procedente exclusivamente de una reasignación de puestos de trabajo de las administraciones participantes, su régimen jurídico es el de la Administración pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso pueden superar las que aquella establezca para puestos de trabajo equivalentes".
El Departamento de Salud considera que la aplicación de ese artículo en el caso de Cataluña afecta a 12 consorcios y a más de 14.000 sanitarios, que deberían "integrarse en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y en los convenios del personal funcionario o laboral de la administración de servicios de la Administración autonómica o local, donde difícilmente en su régimen de funcionamiento tienen cabida las peculiaridades del personal asistencial en régimen laboral del sector sanitario".
El acuerdo con el Ministerio forma parte de la estrategia de defensa de los consorcios sanitarios que está desarrollando Cataluña, que la semana pasada aprobó un decreto ley de medidas urgentes para la aplicación de la Ley de Racionalización de la Administración local, que permite a los ayuntamientos mantener sus funciones sanitarias y en los consorcios del sector.
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