PSOE e IU-ICV rechazan la Ley de Mutuas por "privatizadora" de la Sanidad; y CiU y PNV, por “intervencionista”
Madrid (01-29/08/2014) - E.P.
• El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha comparecido ante la Comisión de Empleo del Congreso para presentar ambos textos normativos
• Por su parte, el Partido Popular defiende que con la nueva norma se ganará en transparencia y se mejorará la gestión
El PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) han expresado su rechazo al proyecto de ley de Mutuas y al decreto de incapacidad temporal porque creen que es un intento de "privatizar" de forma encubierta la Sanidad pública, mientras que los nacionalistas de CiU y PNV tampoco están de acuerdo con la norma porque la ven "intervencionista".
Durante la comparecencia del secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ante la Comisión de Empleo del Congreso para presentar ambos textos normativos, la portavoz socialista de Seguridad Social, Isabel López i Chamosa, ha afirmado que el proyecto busca una "privatización sanitaria encubierta".
"La Justicia les cerró la puerta de la privatización y ahora lo intentan a través de las mutuas. Al Gobierno no le importa la calidad de la atención sanitaria de los trabajadores", ha denunciado, rechazando un "intento más de centralizar competencias autonómicas" y de "vaciar de contenido los servicios públicos sanitarios".
Y es que, aunque el texto mantiene el control de la Seguridad Social de todos los procesos, el PSOE cree que al imponerse "plazos incumplibles" para responder a las solicitudes de alta de las mutuas se provocará que "dentro de nada digan que deben ser las mutuas las que den las altas directamente". "Lo vemos venir", ha añadido.
Además, ha criticado que se confundan "de forma inadecuada y torticera" las bajas temporales con el absentismo injustificado y que se convierta a las mutuas en "policías y fiscales de los trabajadores y de los médicos". "Las mutuas hacen funciones de la Seguridad Social con dinero público, han de tener un control público", ha exigido.
También ha advertido del fenómeno de subcontrataciones "sin control ni calidad en su servicio" que provocará la generalización del uso de las mutuas, ya que muchas carecen de oficinas en todas las provincias, y ha criticado que se haya presentado este proyecto "sin consenso con los agentes sociales".
"Lo razonable sería retirar el proyecto y comenzar el diálogo para establecer unos objetivos concretos. Una ley como esta no pueden hacerla sólo el Gobierno y su grupo parlamentario, porque eso significa que durará lo que dure la mayoría absoluta del PP, y eso es malo para todos", ha añadido.
Antes de su intervención, en declaraciones a los medios, la socialista ya había avanzado su intención de pedir que se cite a sindicatos, patronales y profesionales médicos para que opinen sobre el contenido de la ley de cara a su tramitación parlamentaria tras el verano.
"Basada en una falacia"
En la misma línea, el portavoz laboral de IU-ICV-CHA, Joan Coscubiela, pedirá la comparecencia de los agentes sociales y reclamará al Ejecutivo que aclare si "quiere avanzar en la privatización y mercantilización de las mutuas" encargándoles "funciones propias del Sistema Nacional de Salud" o si quiere "devolverlas a su origen" como gestoras de las contingencias profesionales y nada más.
"Porque, ¿dónde está el límite? ¿Por qué no les encargamos también la gestión de las prestaciones por desempleo?", se ha preguntado retóricamente, alertando de que asignar nuevas funciones a las mutuas como gestionar las contingencias comunes abriría la puerta a que las empresas "ejerzan más presión sobre los trabajadores".
Así, aunque comparte la necesidad de "poner orden" en la normativa que afecta a estas entidades y valora ciertas mejoras, cree que el Ejecutivo está "desaprovechando la oportunidad de abordar los problemas de fondo" en relación con temas como la gobernanza, por lo que "escándalos como los aparecidos recientemente continuarán produciéndose".
En este sentido, Coscubiela ha propuesto fijar "límites temporales estrictos" para ejercer cargos ejecutivos, prohibir los incentivos individualizados por objetivos para los directivos o incluir la responsabilidad solidaria de los empresarios mancomunados en caso de mala gestión.
Finalmente, en relación con las incapacidades temporales, ha negado la "falacia" de que esté aumentando el absentismo injustificado "sino todo lo contrario", y ha sugerido por ejemplo ampliar el derecho a una prestación por atención de un familiar con una enfermedad grave a los cónyuges y progenitores, y no sólo a los hijos. "Verán cómo se reducen significativamente algunos de los posibles usos indebidos de la baja temporal", ha pronosticado.
Carles Campuzano, de CiU, ha recordado a los 'populares' que cuando ejercía la oposición abogaban por "más autonomía y menos intervencionismo" del Estado en las mutuas, pero ahora optan por un "equilibrio aristotélico entre la mercantilización de las mutuas y un mayor intervencionismo del Gobierno". "El proyecto de ley refuerza el control administrativo de la Seguridad Social sobre las mutuas", ha reprochado, apuntando que un mayor intervencionismo estatal no evitará "escándalos" como los que se han conocido recientemente pero sí perjudicará a la agilidad y eficacia de la gestión y a la competitividad de las mutuas.
Además, también discrepa del método elegido para luchar contra el absentismo laboral y ha recomendado al Gobierno que estudie y aplique a nivel nacional un modelo como el del Instituto Catalán de Evaluación Médica (ICEM), donde los profesionales sanitarios y de la Inspección médica colaboran con las mutuas, y que está muy bien valorado por los agentes sociales.
"Publifican las mutuas"
En el mismo sentido, el portavoz laboral del PNV, Emilio Olabarria, cree que el proyecto de ley "publifica sutilmente" las mutuas al "someterlas a un rígido sistema de control administrativo" que "contradice el discurso histórico y el programa electoral" del PP. "Nuestra posición está muy alejada, nos gustaban más los primeros borradores", ha reconocido.
Y es que los nacionalistas vascos creen que no sólo se convierte a las mutuas en "entidades cuasi públicas" por la "mutación" del sistema de controles, sino también porque la Seguridad Social podrá dictar instrucciones "de obligado cumplimiento" a las mutuas en una docena de ámbitos diferentes y además se "apropiará" de los fondos excedentes.
"La gran injusticia de la ley es que las mutuas tendrán que cubrir una serie de reservas obligatorias y hacerse cargo de sus pérdidas por una gestión ineficiente pero la Seguridad Social se hará cargo de sus beneficios por una gestión eficiente", ha señalado, reprochando también que se "renuncie a la competencia" entre diferentes entidades por las "actuaciones negligentes" de unas cuantas.
Más transparencia y menos gobernanza
Frente a todos estos argumentos, la portavoz 'popular' de Seguridad Social, Carolina España, ha afirmado que con este proyecto de ley las mutuas gozarán de un "mayor control y transparencia en su gestión" y se regirán por un mejor sistema de gobernanza interna. En cuanto al decreto de incapacidad temporal, ha afirmado que permitirá luchar contra el "absentismo injustificado" lo que redundará en una "mayor sostenibilidad" de la Seguridad Social.
En este punto, ha hecho hincapié en que los médicos serán "siempre" los que tengan la última palabra en las altas médicas y la duración de las bajas, pero que se "favorecerá" al trabajador al no hacerle ir semanalmente a recoger un parte de confirmación. También se beneficiará a las empresas, al reducirse sus cargas administrativas, y al Servicio Público de Salud, porque habrá menos visitas burocráticas.
Tras recordar que una ley socialista de 2011 ya emplazaba a acometer esta reforma, ha reprochado al principal partido de la oposición que ahora se opongan a este proyecto de ley, ofreciendo no obstante a toda la oposición "diálogo permanente" para consensuar la norma.
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