La Asamblea de Madrid insta a la CAM a asegurar el pleno acceso a la atención a inmigrantes irregulares
Madrid (29/07/2015) - Redacción
La Asamblea aprueba una Proposición No de Ley, a propuesta del PSOE, en la que se acuerda pedir a la comunidad que "en menos de 30 días" tome medidas para asegurar este acceso pleno a la atención sanitaria y farmacéutica del Sermas
La Asamblea de Madrid ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL), a propuesta del PSOE, en la que se acuerda pedir a la Comunidad de Madrid que, "en menos de 30 días", tome medidas para asegurar que los inmigrantes irregulares que residen en la región tengan acceso pleno a la atención sanitaria y farmacéutica del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
En la PNL, que fue aprobada con los votos de PSOE y Podemos, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP, se estima que el RDL 16/2012 expulsó en toda España a más 800.000 personas de la de la atención sanitaria pública del SNS, de las cuales 150.000 corresponderían a Comunidad de Madrid.
Además, los grupos políticos que han apoyado esta iniciativa instaron al Ejecutivo de Cristina Cifuentes a que pida al Gobierno de Mariano Rajoy legislar la cobertura sanitaria universal como derecho constitucional de ciudadanía y/o residencia, en igualdad de condiciones para todos. El portavoz sanitario del Grupo Socialista, José Manuel Freire, criticó que Madrid tiene "mayor restricción de la cobertura sanitaria que ninguna otra comunidad autónoma a excepción de Castilla-La Mancha y Baleares" y defendió la necesidad de que los inmigrantes tengan tarjeta sanitaria.
A su juicio, la no disponibilidad de tarjeta sanitaria es "un problema humanitario y sanitario". "No es economía, es decencia, humanidad y valores", sostuvo Freire, quien afeó al PP la postura que ha mantenido al respecto. Por eso, instó a los populares a que revisen lo que se ha hecho a este respecto en otras comunidades y que vean lo que puede ser mejor para Madrid.
Desde Podemos, Mónica García también defendió esta PNL tras criticar que cuando se puso en marcha esta ley "se perdió el concepto de ciudadano" y se optó por el de "asegurado", todo ello sin haber realizado un estudio previo de los resultados sanitarios y económicos.
"Si quieren legislar contra el turismo sanitario, háganlo pero no tiene nada que ver con esto", ha defendido la diputada, quien ha considerado que cuando se puso en marcha esta norma se hizo con un "diagnóstico ideológico, arbitrario" y con "incompetencia".
García solicitó al PP que "estrenen la Dirección General Humanización de la asistencia", y reclamó a la Comunidad que "use la política sanitaria para hacer salud y no política migratoria" y saque del "bolsillo" del que sacó el Metrobús tarjetas sanitarias para todos.
Por parte de Ciudadanos, su portavoz en materia sanitaria, Daniel Álvarez Cabo, criticó la diferente aplicación de la ley por parte de las comunidades autónomas, de manera que se ha generado "inequidad" en el acceso a las prestaciones sanitarias.
"Muchas personas ven condicionado el acceso al sistema sanitario público en función del lugar donde residan", denunció el portavoz de la formación naranja, quien destacó que Ciudadanos está en contra de las diferencias territoriales.
Álvarez pidió que sea el Consejo Interterritorial de Salud el que pida al Gobierno central que elabore "pronto" una normativa consensuada que "sirva para evitar inequidades" y que establezca la cartera de servicios que se prestan con fondos públicos y los grupos que tienen derecho a ello.
En contra de la PNL se ha manifestado el diputado popular Jesús Fermosel, quien señaló que "el derecho de reconocer la prestación sanitaria" lo establece la Seguridad Social y destacó que la "ley General de Sanidad no aseguraba la prestación sanitaria del Sistema Nacional de Sanidad a los parados que perdían el subsidio de desempleo".
"No tenían derecho a Sanidad y la Ley General de Sanidad tampoco contemplaba a esos emigrantes", afirmó Fermosel, quien ha apuntado que la primera vez que se contempla a inmigrantes irregulares fue con una Ley de Extranjería del año 2000 durante el Gobierno de José María Aznar.
Instrucción en Cataluña
Por su parte, el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) hizo públicas el pasado viernes nuevas medidas para ampliar la cobertura sanitaria en la comunidad a los inmigrantes en situación irregular que el Estado excluyó de la asistencia básica con el RD de 2012.
La principal novedad es que se ofrecerá atención sanitaria urgente a "todos" los inmigrantes -no sólo a menores de edad y embarazadas, como hasta ahora-, y que las personas que acrediten tres meses de empadronamiento podrán acceder a la totalidad de servicios de la cartera básica, ya que hasta ahora solo podían acceder a los especialistas los que cumplían unos requisitos concretos y tras doce meses.
El texto, que entró en vigor el pasado jueves, también prevé una "cobertura total de forma automática" para todos los inmigrantes que hasta ahora estaban protegidos por la instrucción pero no podrían acceder al máximo nivel de cobertura porque no cumplían los requisitos.
Sólo quedarán excluidos de este tipo de cobertura los inmigrantes que cobren más de 100.000 euros, ha detallado Padrosa, que también celebró que la nueva instrucción "deja mucho más claro que todos tienen derecho a cobertura", con el objetivo de reducir los agravios que han sufrido algunos inmigrantes a quienes han cobrado por la asistencia prestada en algunos centros públicos.
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