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La FADSP considera “una seria restricción al derecho de los trabajadores a una baja laboral por motivos de salud” el que los inspectores puedan dar altas médicas

Redacción

La Federación considera que a partir de ahora primarán los aspectos económicos sobre los sanitarios a la hora del alta por incapacidad temporal, y el criterio del medico de cabecera quedará supeditado al del inspector médico


Madrid (27/29-11-10).- La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) considera “una “una seria restricción al derecho de los trabajadores a una baja laboral por motivos de salud” el que los inspectores puedan dar altas médicas.

Tal como ya adelantó EL MÉDICO INTERACTIVO (ver edición 23-11-10), según acaba de publicarse en el BOE (22/11/2010) y al hilo de la reforma laboral, a partir de ahora los inspectores médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y al Instituto Social de la Marina podrán dar altas médicas durante el primer año de una incapacidad temporal (IT) sin aviso previo ni consulta con el médico de Atención Primaria ni con la Inspección de servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud.

De esta manera el INSS ha conseguido hacerse de manera completa con todas las competencias en materia de control y gestión de la IT, dado que desde hace doce años ya abarcaba en exclusiva la prolongación o el alta de la situación de IT a partir de los doce meses de la emisión de la baja.

A partir de ahora y como resultado de esta nueva normativa, reflexiona la FADSP, “primarán los aspectos económicos sobre los sanitarios a la hora del alta por incapacidad temporal y el criterio del medico de cabecera quedará supeditado al del inspector médico”, no del servicio de salud como hasta ahora, sino al de INSS, de manera que “los antiguos médicos evaluadores de la Seguridad Social, ahora denominados ‘inspectores médicos’, que como se sabe no tienen ninguna función asistencial (están fuera del SNS y pertenecen a una administración de gestión económica y laboral como es el Ministerio de Trabajo), tendrán la última palabra y su criterio prevalecerá sobre el de los profesionales de los servicios sanitarios”.

Para la Federación, existe el riesgo de que, “más pronto que tarde”, se les otorguen las mismas competencias a las mutuas laborales, y de esta manera serían los patronos o entidades no sanitarias del Estado los que determinasen durante cuánto tiempo es admisible que un trabajador enfermo pueda estar de baja laboral.

“Esta nueva situación supone que el derecho a la salud en el trabajo, una conquista laboral duramente conseguida por los trabajadores, está a punto de ser puesta en peligro a golpe de reglamento sin que exista ningún criterio científico, profesional o laboral que lo avale”, señala la FADSP, que explica que “el avance en este sentido ha sido inexorable desde hace unos años y el INSS ha adquirido por decreto competencias asistenciales respecto a la enfermedad común o accidentes no laborales de los trabajadores, arrebatándoselas a los que por su propia naturaleza y cualificación son depositarios de las mismas: los médicos de los servicios públicos de salud y la inspección de servicios sanitarios”.

Importante limitación

Además, este escenario supone, a juicio de la FADSP, una importante limitación en una de las herramientas básicas de que disponen los médicos del SNS, la emisión de un parte de IT que es la forma legal de reconocimiento de que la persona no se encuentra capacitada para el ejercicio de su actividad laboral, como parte del cuidado de la salud de los pacientes y para evitar los riesgos que son inherentes al desarrollo de actividades laborales por personas sin capacidad física o mental para ello. Y supone una intromisión en la asistencia prestada por parte de los facultativos del SNS y una suplantación de la actuación de los médicos de familia que son los más capacitados, desde el conocimiento y la cercanía al paciente, para valorar su situación de salud y su capacidad para desarrollar una determinada actividad laboral.

Como resultado de todo lo anterior, “la duración de la baja laboral queda a criterio de una entidad administrativa de gestión económica con probables implicaciones negativas sobre la curación y la recuperación del trabajador”, resume.

Desde la FADSP, por ello, se manifiesta “nuestra oposición a esta medida, nos manifestamos en contra de que sean entidades no asistenciales y ajenas a los servicios sanitarios públicos quienes en ultima instancia puedan decidir sobre la duración de la incapacidad temporal de los trabajadores que la necesiten”.

Reforzamiento de la AP

Por otra parte, la FADSP organizó una Jornada de Debate sobre el Desarrollo de la Estrategia de Atención Primaria AP-21, en la que participaron el secretario general de la OMC, los vicepresidentes de la SEMG, la SEMFYC y SEMERGEN, y de la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria, así como representes de los sindicatos CCOO y UGT.

En la reunión se llegó a la conclusión de que la crisis económica está suponiendo una reducción del gasto sanitario destinado a AP que está agravado la falta de re cursos de este nivel y los problemas de capacidad resolutiva. Y ello, a pesar de que en este contexto de crisis económica la AP debería ser la principal alternativa para resolver los problemas de recursos sin alterar la calidad ni la efectividad del sistema sanitario.

Sin embargo, se adujo, los principales problemas de la AP son el escaso presupuesto, que incluso se ha reducido por debajo del 14 por ciento del gasto sanitario total cuando debería llegar al 25 por ciento; la limitación en el acceso a los recursos tecnológicos; la escasez de personal sanitario y de equipamiento de los centros de salud; la descoordinación con los hospitales, la ausencia de instrumentos para garantizar la racionalidad de las decisiones como guías clínicas o protocolos consensuados.

Por ello, todas las organizaciones consideraron que la Estrategia AP 21, elaborada de manera consensuada por expertos y miembros de las organizaciones profesionales de AP, sigue en plena vigencia pero no ha sido desarrolladla de manera homogénea y con la necesaria intensidad por las CCAA, lo que mantiene a la AP en situación de precariedad y ha generado importantes desigualdades.

Del mismo modo, se objetivó la necesidad de promover la AP 21 ante el Ministerio de Sanidad, el Consejo Interterritorial y todos los Servicios de Salud de las CCAA. Se consideró necesario para ello la unidad de todas las organizaciones de AP. Se acordó desarrollar actuaciones conjuntas de todas las organizaciones para reactivar la AP 21, trasformando el riesgo de que la crisis hunda aún más a la AP en una oportunidad para revalorizar y reforzar su papel en el sistema sanitario.
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