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El Consejo de Ministros aprueba un acuerdo para impulsar reformas legislativas en materia de violencia de género para luchar de manera más eficaz contra esta lacra social
Redacción
La ministra de Sanidad ha presentado en el Consejo el Informe sobre las actuaciones en el ámbito de la lucha contra la violencia de género
Madrid (27/29-11-10).- El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre las actuaciones desarrolladas en el ámbito de la lucha contra la violencia de género durante los años 2009 y 2010. La aprobación en el año 2004 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género constituye un punto de inflexión en la asistencia y protección a las víctimas, en la concienciación y sensibilización social y en la persecución y tratamiento de un delito sistemáticamente relegado al ámbito de lo privado.
Desde su aprobación, el Gobierno ha realizado un gran esfuerzo, poniendo en marcha las medidas necesarias para hacer efectivas sus previsiones. En 117 reuniones del Consejo de Ministros se han adoptado acuerdos en el ámbito de la violencia de género. Desde el punto de vista normativo, desde el año 2005 se han aprobado en desarrollo de la Ley Integral seis Leyes Orgánicas, cinco Leyes de Presupuestos Generales del Estado, catorce Leyes y 88 Reales Decretos.
Desde el punto de vista no normativo, se han realizado numerosas acciones en materia de sensibilización y concienciación, o de mejora de la atención a las víctimas de la violencia ,con la creación del teléfono 016 y la elaboración de planes dirigidos a población más vulnerable, como los niños, la población inmigrante, así como planes de reinserción laboral de las víctimas, y de asistencia sanitaria.
Asimismo, las medidas ya implementadas durante estos años se han dirigido al campo de la prevención-protección (se ha creado un Sistema de Seguimiento Integral o un servicio de atención y protección a las víctimas), a la formación de profesionales, y a la mejora y gestión del conocimiento sobre la violencia de género, mediante la elaboración de un Estudio sobre el programa de Teleprotección Móvil, o el Diagnóstico sobre la dimensión de la violencia de género en España, actualmente en marcha.
Por otra parte, diversas medidas sobre violencia de género han sido incluidas en muchos de los Planes aprobados por el Gobierno durante estos años (Plan de Inclusión Social, Plan para la Modernización del Sistema de Justicia o el Primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible) y han tenido una presencia importante en las actividades, tanto normativas como no normativas, del semestre de Presidencia Española de la Unión Europea.
Análisis estadístico
De igual modo, el informe realiza un análisis estadístico de la influencia que estas medidas anteriormente mencionadas han supuesto en la sociedad española.
En lo que respecta a la prevención, se ha logrado aumentar el grado de concienciación y rechazo a este tipo de violencia. Ha habido un total de 470.710 denuncias en tres años y medio, lo cual refleja la reacción de la sociedad y de las mujeres que la sufren en particular. No obstante, 94.936 mujeres se encuentran todavía en situación de protección policial, de ahí la importancia de reforzar medidas de protección y de crear nuevas, como ha sido el sistema de atención y protección móvil, y los dispositivos GPS para controlar el cumplimiento de las medidas de alejamiento.
Además, es necesario continuar con la atención a las mujeres que, a pesar de lo anterior, siguen sufriendo violencia de género. Uno de los objetivos del Gobierno al dar cumplimiento a la Ley es integrarlas de nuevo en la sociedad, y de ahí medidas como el teléfono 016, medidas de asesoramiento que han tenido una gran acogida.
Finalmente, por lo que respecta al aspecto sancionador el Gobierno ha profundizado en muchas de las circunstancias denunciadas, en su aclaración y en la sanción proporcional de los hechos delictivos, lo que ha conllevado un aumento del número de agresores internos en prisión.
En conclusión, el Gobierno ha demostrado su compromiso ineludible en la lucha contra la violencia de género. Prueba de ello es que se ha conseguido reducir las víctimas mortales por este tipo de violencia. En concreto, el número de homicidios ha caído un 8,3 por 100 respecto al período anterior a la entrada en vigor de la Ley.
Reformas legislativas
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo para impulsar reformas legislativas en materia de violencia de género que permitan luchar de manera más eficaz contra esta lacra social. Este acuerdo atiende a las iniciativas parlamentarias aprobadas en este ámbito: el Informe de la Subcomisión para el estudio y funcionamiento de la Ley integral y la moción aprobada por el Pleno del Congreso el 7 de septiembre de 2010.
El Gobierno considera prioritario avanzar en la protección de los menores que se encuentran expuestos a la violencia de género y sufren sus consecuencias de manera directa o indirecta. Para preservar su interés superior y facilitar su recuperación, se instará, a través de la reforma del Código Civil, la reforma legal que impida la posibilidad de atribuir la guarda y custodia individual al progenitor que esté incurso en un proceso penal por violencia de género.
El Gobierno también encomienda la elaboración de un protocolo para la atención de las mujeres españolas víctimas de violencia de género residentes en el extranjero. Asimismo, se elaborarán protocolos de atención sanitaria para mujeres en situación de especial vulnerabilidad como mujeres inmigrantes o con discapacidad.
Para garantizar los derechos de las mujeres víctimas y proporcionarles recursos económicos, las ayudas económicas del artículo 27 de la Ley integral no computarán para reconocer el derecho a las pensiones no contributivas.
Por otra parte, se impedirá que los hombres condenados por delitos relacionados con la violencia de género hereden el patrimonio de la víctima. Para la mejora de la tutela de los derechos de las víctimas de violencia de género así como de sus hijos, las Unidades de Valoración Forense Integral serán constituidas como una unidad orgánica específica dentro de los Servicios de los Institutos de Medicina Legal y se regularán los equipos psicosociales en el ámbito de la Administración de Justicia.
Este Acuerdo ha sido presentado a iniciativa del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y a propuesta del vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, de la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, del vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial y Administración Pública, de la ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y de los ministros de Justicia y de Trabajo e Inmigración.
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