TRIBUNA. M. Martín García y M. Sánchez Bayle
Recortes en las autonomías
Pan para hoy y hambre para mañana es, a juicio de los autores, lo que
los recortes en el gasto público van a suponer en el sistema sanitario,
dado que a medio plazo esta reducción impactará en las prestaciones, en
la calidad y en el estado de salud de la población.
Manuel Martín García, de la Federación de Asociaciones para la
Defensa de la Sanidad Pública. Marciano Sánchez Bayle, de la Federación
de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
| 27/02/2012 00:00
Las políticas de recortes en la sanidad pública
española están siendo aplicadas desde las autonomías, que son las que
tienen asumidas las competencias sanitarias, y han sido llevadas a cabo
con una intensidad variable según cada una de ellas. Es evidente que
esta diversa aplicación esta mediatizada por muchos factores, como el
color político, los problemas presupuestarios y la cercanía electoral.
En primer lugar, se evidencia que hay una política generalizada de restricción presupuestaria y recortes en la mayoría de las regiones, que son mucho mas significativas en algunas como Cataluña, Valencia, Murcia, Galicia y Castilla-La Mancha. Las autonomías que, de momento, salen mejor paradas de estos recortes son el País Vasco, Andalucía, Extremadura y Aragón, aunque está por ver lo que sucederá después de que en marzo se lleven a cabo las elecciones andaluzas y se presenten los Presupuestos Generales del Estado.
Estos recortes se trasladan a una política restrictiva de personal produciendo un empeoramiento de las condiciones de trabajo y aumentos de los horarios, así como disminuciones salariales en algunas de ellas y una reducción del número de profesionales sanitarios, lo que conlleva, inevitablemente a medio plazo, un deterioro de las prestaciones porque aumenta la presión asistencial y favorece una bajada en la calidad de las actuaciones del sistema sanitario.
En muchos casos se esta produciendo una disminución efectiva de la capacidad asistencial de los centros públicos con cierres de camas, de consultas yde quirófanos, disminución de personal de guardía, etc.; todo ello acaba produciendo un peor funcionamiento del sistema sanitario. Aunque la mayoría de estas medidas son recientes y resulta difícil de cuantificar su efecto sobre la población, existen ya datos. Por ejemplo, en Cataluña se han incrementado notablemente las listas de espera y el tiempo de espera, y en Canarias se conoce que el cierre de quirófanos por la tarde supone 7.500 pacientes más en lista de espera, y el cierre de las consultas de tarde significa que se atiende a 170 pacientes por día menos en cada hospital. Es obvio que habrá que realizar una evaluación en unos meses para conocer el impacto real de estas medidas sobre la población.
La introducción de tasas y copagos supone otro grave retroceso porque significa una barrera en el acceso a las prestaciones sanitarias de los segmentos de población con menos ingresos y más enfermos, lo que en medio de la crisis económica, con más de 5 millones de parados y 1,5 millones de familias sin ningún ingreso, además de la escasa cuantía de las pensiones, es un serio problema para la ciudadanía.
Otro de los fenómenos que se observan es el aumento de las privatizaciones, como siempre siguiendo un patrón irregular, en las fórmulas adoptadas y en la intensidad del proceso, dependiendo de las comunidades autónomas. Castilla-La Mancha, Valencia, Baleares, Galicia y Madrid están a la cabeza, pero existen muchos otros ejemplos preocupantes en las demás regiones, con excepción del País Vasco y Andalucía. Resulta incomprensible desde el punto de vista argumental que se incrementen las privatizaciones, que han demostrado unos costes muy superiores a la provisión pública, en un momento en que se están realizando recortes drásticos de los fondos que se destinan al sistema sanitario público.
Algunas reflexiones
Resulta paradójico que en un sistema sanitario como el nuestro, con uno de los menores gastos sanitarios y con una elevada participación del sector privado en la provisión de servicios (30 por ciento del gasto sanitario público), se apueste por una política de recortes de gasto y recursos y de privatizaciones, incrementado la gran participación de los sectores empresariales en la financiación, gestión y provisión de servicios sufragados con fondos públicos.
A pesar de que los gastos en farmacia y tecnología de nuestro sistema son, comparativamente, de los más elevados del mundo, y de que existe suficiente evidencia de problemas en la asignación de los recursos por ausencia de una política de planificación estratégica y de desarrollo de los instrumentos de la medicina basada en la evidencia, no hay ninguna política dirigida a incrementar la racionalidad y la eficiencia en el uso de los recursos o la apuesta por la promoción y prevención de salud frente a la medicalización (que además de reducción de gasto evitaría problemas de iatrogenia). Este desequilibrio conduce inevitablemente a un escenario de depauperización e insuficiencia económica del sistema, que lo hará incompatible con el mantenimiento de prestaciones.
Además, se están abandonando las políticas de personal incentivadoras. Las medidas en personal van dirigidas a reducir derechos, precarizar la contratación, reducir los salarios y eliminar los escasos incentivos existentes como la carrera profesional. Se está generando un clima de malestar y desmotivación entre los profesionales que conducirá inexorablemente a un aumento de la ineficiencia y a la pérdida de calidad.
Se privatizan grandes parcelas del sistema con una elevada hipoteca económica. La apuesta por la colaboración privada para financiar, construir y gestionar las nuevas infraestructuras hospitalarias y de atención primaria y las nuevas tecnologías, que incluso llega a ceder la provisión de los servicios, dejará en manos privadas la parte más moderna y renovada de los recursos, con unos costes más de siete veces superiores, que hipotecarán al sistema durante décadas. Desde algunas administraciones y foros financiados por la industria y las empresas de seguros se empieza a plantear la necesidad de romper el monopolio del aseguramiento sanitario público para dar entrada al sector privado.
Y se introducen barreras a la población en el acceso a los servicios asistenciales. La introducción de copagos supondrá una barrera importante para gran parte de la población. Esta situación plantea la necesidad de activar una estrategia de alianza ciudadana y profesional, coordinada y consensuada a nivel estatal, autonómico y local para hacer frente al desmantelamiento del sistema sanitario en España, y es necesario que se produzca con prontitud antes de que las políticas de recortes acaben con el mejor sistema sanitario que ha tenido este país.
En primer lugar, se evidencia que hay una política generalizada de restricción presupuestaria y recortes en la mayoría de las regiones, que son mucho mas significativas en algunas como Cataluña, Valencia, Murcia, Galicia y Castilla-La Mancha. Las autonomías que, de momento, salen mejor paradas de estos recortes son el País Vasco, Andalucía, Extremadura y Aragón, aunque está por ver lo que sucederá después de que en marzo se lleven a cabo las elecciones andaluzas y se presenten los Presupuestos Generales del Estado.
Estos recortes se trasladan a una política restrictiva de personal produciendo un empeoramiento de las condiciones de trabajo y aumentos de los horarios, así como disminuciones salariales en algunas de ellas y una reducción del número de profesionales sanitarios, lo que conlleva, inevitablemente a medio plazo, un deterioro de las prestaciones porque aumenta la presión asistencial y favorece una bajada en la calidad de las actuaciones del sistema sanitario.
En muchos casos se esta produciendo una disminución efectiva de la capacidad asistencial de los centros públicos con cierres de camas, de consultas yde quirófanos, disminución de personal de guardía, etc.; todo ello acaba produciendo un peor funcionamiento del sistema sanitario. Aunque la mayoría de estas medidas son recientes y resulta difícil de cuantificar su efecto sobre la población, existen ya datos. Por ejemplo, en Cataluña se han incrementado notablemente las listas de espera y el tiempo de espera, y en Canarias se conoce que el cierre de quirófanos por la tarde supone 7.500 pacientes más en lista de espera, y el cierre de las consultas de tarde significa que se atiende a 170 pacientes por día menos en cada hospital. Es obvio que habrá que realizar una evaluación en unos meses para conocer el impacto real de estas medidas sobre la población.
La introducción de tasas y copagos supone otro grave retroceso porque significa una barrera en el acceso a las prestaciones sanitarias de los segmentos de población con menos ingresos y más enfermos, lo que en medio de la crisis económica, con más de 5 millones de parados y 1,5 millones de familias sin ningún ingreso, además de la escasa cuantía de las pensiones, es un serio problema para la ciudadanía.
Otro de los fenómenos que se observan es el aumento de las privatizaciones, como siempre siguiendo un patrón irregular, en las fórmulas adoptadas y en la intensidad del proceso, dependiendo de las comunidades autónomas. Castilla-La Mancha, Valencia, Baleares, Galicia y Madrid están a la cabeza, pero existen muchos otros ejemplos preocupantes en las demás regiones, con excepción del País Vasco y Andalucía. Resulta incomprensible desde el punto de vista argumental que se incrementen las privatizaciones, que han demostrado unos costes muy superiores a la provisión pública, en un momento en que se están realizando recortes drásticos de los fondos que se destinan al sistema sanitario público.
Algunas reflexiones
Resulta paradójico que en un sistema sanitario como el nuestro, con uno de los menores gastos sanitarios y con una elevada participación del sector privado en la provisión de servicios (30 por ciento del gasto sanitario público), se apueste por una política de recortes de gasto y recursos y de privatizaciones, incrementado la gran participación de los sectores empresariales en la financiación, gestión y provisión de servicios sufragados con fondos públicos.
A pesar de que los gastos en farmacia y tecnología de nuestro sistema son, comparativamente, de los más elevados del mundo, y de que existe suficiente evidencia de problemas en la asignación de los recursos por ausencia de una política de planificación estratégica y de desarrollo de los instrumentos de la medicina basada en la evidencia, no hay ninguna política dirigida a incrementar la racionalidad y la eficiencia en el uso de los recursos o la apuesta por la promoción y prevención de salud frente a la medicalización (que además de reducción de gasto evitaría problemas de iatrogenia). Este desequilibrio conduce inevitablemente a un escenario de depauperización e insuficiencia económica del sistema, que lo hará incompatible con el mantenimiento de prestaciones.
Además, se están abandonando las políticas de personal incentivadoras. Las medidas en personal van dirigidas a reducir derechos, precarizar la contratación, reducir los salarios y eliminar los escasos incentivos existentes como la carrera profesional. Se está generando un clima de malestar y desmotivación entre los profesionales que conducirá inexorablemente a un aumento de la ineficiencia y a la pérdida de calidad.
Se privatizan grandes parcelas del sistema con una elevada hipoteca económica. La apuesta por la colaboración privada para financiar, construir y gestionar las nuevas infraestructuras hospitalarias y de atención primaria y las nuevas tecnologías, que incluso llega a ceder la provisión de los servicios, dejará en manos privadas la parte más moderna y renovada de los recursos, con unos costes más de siete veces superiores, que hipotecarán al sistema durante décadas. Desde algunas administraciones y foros financiados por la industria y las empresas de seguros se empieza a plantear la necesidad de romper el monopolio del aseguramiento sanitario público para dar entrada al sector privado.
Y se introducen barreras a la población en el acceso a los servicios asistenciales. La introducción de copagos supondrá una barrera importante para gran parte de la población. Esta situación plantea la necesidad de activar una estrategia de alianza ciudadana y profesional, coordinada y consensuada a nivel estatal, autonómico y local para hacer frente al desmantelamiento del sistema sanitario en España, y es necesario que se produzca con prontitud antes de que las políticas de recortes acaben con el mejor sistema sanitario que ha tenido este país.
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