El 65% de los votantes populares y de los católicos, contra el aborto de Gallardón
Solo el 14% de los ciudadanos apoya suprimir el supuesto de malformación
F. G. Madrid 28 JUL 2012 - 22:24 CET126
En un Gobierno desbordado por la crisis económica que todo lo tapa, Alberto Ruiz-Gallardón ha emergido como el ministro pararrayos, que acumula al malestar ciudadano por los recortes el rechazo a sus propuestas. La última, la de la eliminación del supuesto de aborto de malformación grave del feto, es rechazada por la inmensa mayoría de los españoles, incluidos los votantes del PP y los católicos practicantes. Dos de cada tres votantes del PP, el 65%, y el 64% de los que se declaran católicos están en contra, según la encuesta de Metroscopia.
La interpretación que se ha hecho de esa iniciativa es que Gallardón pretende congraciarse con su electorado, pero hasta a sus votantes les parece excesiva esa vuelta al pasado más remoto, previo a la ley de 1985 en alguno de sus supuestos. Ni para eso le sirve. Los ciudadanos, según se desprende de la encuesta, no aceptan los incumplimientos flagrantes de los programas electorales. El del PP hablaba de forma ambigua de cambiar “el modelo de la actual regulación del aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”, pero todos sus dirigentes, incluido Rajoy, se encargaron de dejar claro que se trataba de volver a la situación previa a 2010, es decir, a la derogación de la ley de plazos para recuperar los supuestos de salud de la madre, violación y malformación del feto.
Así lo explicó Gallardón como ministro de Justicia, hasta que ha colocado sobre la mesa una reforma no prevista que apunta a eliminar el supuesto de malformación grave y que ni siquiera había sido barajada nunca por el PP: ni cuando estaba en la oposición y Zapatero promovió la ley de plazos, ni entre 2000 y 2004, cuando gobernó con mayoría absoluta suficiente para ponerla en marcha. Ni José María Aznar llegó tan lejos.
El rechazo social es evidente y contundente: el 81% de los ciudadanos está en contra de esta reforma y el porcentaje llega al 90% en el caso de los votantes del PSOE.
El gran argumento del PP en las anteriores legislaturas para oponerse a leyes de derechos sociales como la del aborto y la de matrimonio homosexual, entre otras, era precisamente el de la falta de consenso en la sociedad. Ahora solo el 14% de los españoles apoya la reforma Gallardón.
Apenas un 27% de los votantes del PP, con los que el ministro quiere congraciarse, está de acuerdo con lo que ha expuesto Gallardón. Y en función de las creencias religiosas declaradas de los encuestados, tampoco Gallardón logra el apoyo de los supuestos destinatarios del mensaje: los católicos, practicantes o no, están en contra. Ni siquiera hay justificación religiosa, porque el rechazo va del 64% de los practicantes, al 85% de los no practicantes y alejados de la jerarquía de la Iglesia. En contraste, el ministro de Justicia sí ha orillado propuestas concretas de su programa electoral en busca del consenso con otros partidos, como el cambio en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ya matizó la propuesta electoral de reclusión permanente revisable para limitarla a los terroristas; es decir, para dejarla en nada en el momento final de ETA.
Gallardón, incompatible con la idea de pasar inadvertido dentro del Gobierno y asumir un papel secundario, paga por su osadía y su imagen se desploma, en el conjunto de un Ejecutivo con mala valoración ciudadana. En menos de un mes, el ministro de Justicia pasa de un saldo negativo de 10, como el miembro del Gobierno mejor valorado, a -36, como quinto peor valorado. En este periodo ha vivido también el caso Dívar, con su fracasada apuesta inicial por la continuidad del entonces presidente del Poder Judicial.
La crisis se lleva por delante el prestigio que hasta ahora tenía el Estado autonómico. Un 81% es partidario de una reorganización, días después de que la Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña hayan pedido el rescate de sus cuentas públicas por parte del Estado.
La impresión es que las comunidades han ido demasiado lejos en su gasto y solo un 13% considera que son algo consustancial y no hay que acometer reforma alguna.
No hay apenas diferencias en función del recuerdo de voto de los encuestados, porque el 88% de los que apoyaron al PP están a favor de esa reorganización y ese porcentaje es del 82% para los que apoyaron al PSOE. Uno de los partidos con mayor ascenso durante la crisis y, especialmente en esta legislatura, UPyD, ha hecho bandera precisamente de esa reorganización del Estado.
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Así lo explicó Gallardón como ministro de Justicia, hasta que ha colocado sobre la mesa una reforma no prevista que apunta a eliminar el supuesto de malformación grave y que ni siquiera había sido barajada nunca por el PP: ni cuando estaba en la oposición y Zapatero promovió la ley de plazos, ni entre 2000 y 2004, cuando gobernó con mayoría absoluta suficiente para ponerla en marcha. Ni José María Aznar llegó tan lejos.
El rechazo social es evidente y contundente: el 81% de los ciudadanos está en contra de esta reforma y el porcentaje llega al 90% en el caso de los votantes del PSOE.
El gran argumento del PP en las anteriores legislaturas para oponerse a leyes de derechos sociales como la del aborto y la de matrimonio homosexual, entre otras, era precisamente el de la falta de consenso en la sociedad. Ahora solo el 14% de los españoles apoya la reforma Gallardón.
Apenas un 27% de los votantes del PP, con los que el ministro quiere congraciarse, está de acuerdo con lo que ha expuesto Gallardón. Y en función de las creencias religiosas declaradas de los encuestados, tampoco Gallardón logra el apoyo de los supuestos destinatarios del mensaje: los católicos, practicantes o no, están en contra. Ni siquiera hay justificación religiosa, porque el rechazo va del 64% de los practicantes, al 85% de los no practicantes y alejados de la jerarquía de la Iglesia. En contraste, el ministro de Justicia sí ha orillado propuestas concretas de su programa electoral en busca del consenso con otros partidos, como el cambio en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ya matizó la propuesta electoral de reclusión permanente revisable para limitarla a los terroristas; es decir, para dejarla en nada en el momento final de ETA.
Gallardón, incompatible con la idea de pasar inadvertido dentro del Gobierno y asumir un papel secundario, paga por su osadía y su imagen se desploma, en el conjunto de un Ejecutivo con mala valoración ciudadana. En menos de un mes, el ministro de Justicia pasa de un saldo negativo de 10, como el miembro del Gobierno mejor valorado, a -36, como quinto peor valorado. En este periodo ha vivido también el caso Dívar, con su fracasada apuesta inicial por la continuidad del entonces presidente del Poder Judicial.
La crisis pone en cuestión el Estado autonómico
Si el PP quiere aprovechar la crisis para reordenar la estructura del Estado, aparentemente tendrá apoyo de una gran mayoría de ciudadanos.La crisis se lleva por delante el prestigio que hasta ahora tenía el Estado autonómico. Un 81% es partidario de una reorganización, días después de que la Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña hayan pedido el rescate de sus cuentas públicas por parte del Estado.
La impresión es que las comunidades han ido demasiado lejos en su gasto y solo un 13% considera que son algo consustancial y no hay que acometer reforma alguna.
No hay apenas diferencias en función del recuerdo de voto de los encuestados, porque el 88% de los que apoyaron al PP están a favor de esa reorganización y ese porcentaje es del 82% para los que apoyaron al PSOE. Uno de los partidos con mayor ascenso durante la crisis y, especialmente en esta legislatura, UPyD, ha hecho bandera precisamente de esa reorganización del Estado.
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