Gallardón traslada a las mujeres que aborten la decisión última
Deberán justificar el daño psicológico tras la tutela de un médico
Será el único supuesto y los plazos se fijarán según las causas
Queda por definir si la supervisión sanitaria será pública o privada
La carga de la prueba volverá a repercutir sobre las mujeres que aborten, como en el pasado. Esa es la filosofía de la reforma que pretende el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aunque en su entorno se prefiere hablar de “responsabilidad”. La decisión última será de la mujer, pero tras pasar de manera preceptiva por la consulta de un médico, que supervisará la situación y aconsejará las soluciones, aunque sin poder impedir que se cumpla la voluntad de la embarazada.
El Gobierno de Mariano Rajoy pretende reformar este otoño la actual ley de plazos (vigente desde 2010 y que permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación), pero no para volver a la ley de los tres supuestos impulsada en 1985, que posibilitó amplias facilidades tanto durante los mandatos de Ejecutivos socialistas como de José María Aznar. Aquella regulación despenalizaba el aborto en caso de violación (hasta la semana 12), de taras físicas o psíquicas del feto (hasta la semana 22) y de peligro para la vida de la madre (sin plazo).
El único supuesto ahora de la ley Gallardón será el del daño psicológico para la mujer, que lo englobará todo, incluidos los casos de malformación del feto. Están por precisar los plazos para los distintos casos y si el médico que intervendrá en la supervisión será del sistema público o privado.
El ministro lleva meses avisando de que no le gusta la actual ley del aborto, reformada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en julio de 2010, conocida como la ley de plazos, mayoritaria en los países más desarrollados de Europa hace tiempo y que concede de manera automática y gratuita a las madres el derecho a abortar sin alegar razones ni requerir el consentimiento de un médico en las primeras 14 semanas de gestación. Una norma que el PP no apoyó. Tampoco apoyaron los conservadores la primera ley del aborto en España, la ratificada por el Gobierno de Felipe González en 1985 y que entonces ya recurrió ante el Tribunal Constitucional el diputado de Alianza Popular José María Ruiz Gallardón, padre del actual ministro.
Muchos diputados y dirigentes del PP, sin embargo, se han sentido cómodos durante años con la ley de supuestos de 1985. Aznar, de hecho, no la tocó durante sus dos mandatos en La Moncloa, en los que se produjeron más de 500.000 abortos. Es la posición a la que aluden en estos días de polémica algunos dirigentes del PP, como Rafael Hernando o Carlos Floriano, para defender lo que ahora denominan una ley de casos, como el viernes la catalogó para no mojarse más la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
En el programa electoral con el que el PP concurrió a las elecciones el pasado mes de noviembre, en la página 108, se fija la posición del partido sobre el tema: “La maternidad debe estar protegida y apoyada.
Promoveremos una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad. Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. Demasiado genérico y ambiguo. Lo único que precisó el viernes Santamaría fue la conocida reclamación del PP a cambiar la opción que tienen ahora las jóvenes menores entre 16 y 18 años para abortar sin el conocimiento de sus padres.
Pero ahora en el Ministerio de Justicia quieren ir algo más lejos. El Ministerio ha encargado un trabajo al respecto a una comisión de expertos y el ministro ha sacado sus propias conclusiones. Primero avanzó el domingo pasado a La Razón que uno de los supuestos clásicos para la interrupción del embarazo, el de la malformación del feto, sería eliminado de su reforma. Ante la enorme polémica suscitada, no ha querido precisar mucho más y se ha negado a entrar en ese debate. Mutismo hasta que los expertos le aclaren algunas dudas que tiene en mente y que tendrán que resolverse antes de septiembre, para que en otoño pueda presentar públicamente su proyecto.
La reforma Gallardón de la ley del aborto fijará así un solo supuesto, el del daño psicológico de la madre, para poder abortar. La decisión última será de la madre, tras pasar de manera preceptiva por la consulta de un médico que revisará el caso, dará la información necesaria, ofrecerá alternativas y realizará su informe. La madre lo tendrá en cuenta, pero la opinión del facultativo no será definitiva. Es lo que se conoce como el modelo alemán.
El número de semanas en las que se permitirá la interrupción del embarazo dependerá del calendario que fijen los expertos como necesario para determinar científicamente el tipo de problemas físicos, malformaciones que pueda tener el feto en cada caso... No se precisa el mismo tiempo, el mismo número de semanas, para detectar un síndrome de Down que una atrofia muscular o una espina bífida. Tampoco será igual el plazo si la madre alega razones psicológicas para no tener el hijo por haber sido víctima de una violación.
Es ahí dónde querría fijar el Ministerio el centro de la discusión, que se ha desbordado. La madre como responsable final que asume si puede o no continuar su “proyecto vital” en todos esos casos.
Otro problema a resolver es el de la titularidad del médico que intervendrá en la supervisión. Si forma parte del servicio público, la intervención será gratuita y con todas las garantías de la sanidad estatal. Pero a la afectada podría acarrearle problemas, por ejemplo, si le correspondiese en su zona un médico no partidario del aborto. Y no está claro cómo podría entonces cambiar de supervisor. Si el doctor trabajara en una clínica privada, la intervención supondría un coste. Sería una especie de privatización del aborto. Y retrotraería a las afectadas a los tiempos en los que se peregrinaba en busca de las clínicas especializadas más permisivas.
El Gobierno de Mariano Rajoy pretende reformar este otoño la actual ley de plazos (vigente desde 2010 y que permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación), pero no para volver a la ley de los tres supuestos impulsada en 1985, que posibilitó amplias facilidades tanto durante los mandatos de Ejecutivos socialistas como de José María Aznar. Aquella regulación despenalizaba el aborto en caso de violación (hasta la semana 12), de taras físicas o psíquicas del feto (hasta la semana 22) y de peligro para la vida de la madre (sin plazo).
El único supuesto ahora de la ley Gallardón será el del daño psicológico para la mujer, que lo englobará todo, incluidos los casos de malformación del feto. Están por precisar los plazos para los distintos casos y si el médico que intervendrá en la supervisión será del sistema público o privado.
El ministro lleva meses avisando de que no le gusta la actual ley del aborto, reformada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en julio de 2010, conocida como la ley de plazos, mayoritaria en los países más desarrollados de Europa hace tiempo y que concede de manera automática y gratuita a las madres el derecho a abortar sin alegar razones ni requerir el consentimiento de un médico en las primeras 14 semanas de gestación. Una norma que el PP no apoyó. Tampoco apoyaron los conservadores la primera ley del aborto en España, la ratificada por el Gobierno de Felipe González en 1985 y que entonces ya recurrió ante el Tribunal Constitucional el diputado de Alianza Popular José María Ruiz Gallardón, padre del actual ministro.
Muchos diputados y dirigentes del PP, sin embargo, se han sentido cómodos durante años con la ley de supuestos de 1985. Aznar, de hecho, no la tocó durante sus dos mandatos en La Moncloa, en los que se produjeron más de 500.000 abortos. Es la posición a la que aluden en estos días de polémica algunos dirigentes del PP, como Rafael Hernando o Carlos Floriano, para defender lo que ahora denominan una ley de casos, como el viernes la catalogó para no mojarse más la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
En el programa electoral con el que el PP concurrió a las elecciones el pasado mes de noviembre, en la página 108, se fija la posición del partido sobre el tema: “La maternidad debe estar protegida y apoyada.
Promoveremos una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad. Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. Demasiado genérico y ambiguo. Lo único que precisó el viernes Santamaría fue la conocida reclamación del PP a cambiar la opción que tienen ahora las jóvenes menores entre 16 y 18 años para abortar sin el conocimiento de sus padres.
Pero ahora en el Ministerio de Justicia quieren ir algo más lejos. El Ministerio ha encargado un trabajo al respecto a una comisión de expertos y el ministro ha sacado sus propias conclusiones. Primero avanzó el domingo pasado a La Razón que uno de los supuestos clásicos para la interrupción del embarazo, el de la malformación del feto, sería eliminado de su reforma. Ante la enorme polémica suscitada, no ha querido precisar mucho más y se ha negado a entrar en ese debate. Mutismo hasta que los expertos le aclaren algunas dudas que tiene en mente y que tendrán que resolverse antes de septiembre, para que en otoño pueda presentar públicamente su proyecto.
La reforma Gallardón de la ley del aborto fijará así un solo supuesto, el del daño psicológico de la madre, para poder abortar. La decisión última será de la madre, tras pasar de manera preceptiva por la consulta de un médico que revisará el caso, dará la información necesaria, ofrecerá alternativas y realizará su informe. La madre lo tendrá en cuenta, pero la opinión del facultativo no será definitiva. Es lo que se conoce como el modelo alemán.
El número de semanas en las que se permitirá la interrupción del embarazo dependerá del calendario que fijen los expertos como necesario para determinar científicamente el tipo de problemas físicos, malformaciones que pueda tener el feto en cada caso... No se precisa el mismo tiempo, el mismo número de semanas, para detectar un síndrome de Down que una atrofia muscular o una espina bífida. Tampoco será igual el plazo si la madre alega razones psicológicas para no tener el hijo por haber sido víctima de una violación.
Es ahí dónde querría fijar el Ministerio el centro de la discusión, que se ha desbordado. La madre como responsable final que asume si puede o no continuar su “proyecto vital” en todos esos casos.
Otro problema a resolver es el de la titularidad del médico que intervendrá en la supervisión. Si forma parte del servicio público, la intervención será gratuita y con todas las garantías de la sanidad estatal. Pero a la afectada podría acarrearle problemas, por ejemplo, si le correspondiese en su zona un médico no partidario del aborto. Y no está claro cómo podría entonces cambiar de supervisor. Si el doctor trabajara en una clínica privada, la intervención supondría un coste. Sería una especie de privatización del aborto. Y retrotraería a las afectadas a los tiempos en los que se peregrinaba en busca de las clínicas especializadas más permisivas.
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