La malformación del feto, una posición ética o una obligación
El ministro justifica su posición con recomendaciones y mandatos de convenios internacionales
Cuando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anticipó en La Razón su polémica intención de suprimir en la reforma de la ley del aborto el supuesto de la malformación del feto o el de algún tipo de minusvalía expresó su posición política, personal y del Gobierno, y también ética. Luego se preocupó de justificarla, además, con obligaciones, recomendaciones y mandatos de convenios internacionales. Pero primero fijó su opinión particular: “Me parece éticamente inconcebible que hayamos estado conviviendo tanto tiempo con esa legislación. Y creo que el mismo nivel de protección que se da a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a aquel del que se constate que carece de algunas de las capacidades que tienen el resto de los concebidos”. Esta postura enconó inmediatamente a muchas asociaciones feministas y a colectivos de madres que han sufrido embarazos y partos en esas condiciones y que le expusieron públicamente sus dramáticos casos.
El ministro no se arredró y el pasado miércoles, en el Congreso de los Diputados, ratificó sus ideas sin ambages: “Todos los discapacitados tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano; por ser discapacitado no tiene por qué ver mermados sus derechos ni sufrir ningún tipo de discriminación. Y este criterio es para los discapacitados que han nacido y para los que no han nacido”.
En el Ministerio de Justicia, luego, han recopilado argumentos para sustentar esa opción del ministro. Por ejemplo, gustó mucho una entrevista publicada también esta misma semana con el gerente de la Asociación Down España, Agustín Matía, en la que avalaba las tesis de Gallardón no como una iniciativa personal del ministro sino como una obligación del derecho internacional. Fue el primero que aludió a las normas establecidas en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero firmó en abril de 2008 y ratificó el Parlamento de forma unánime.
El comité de seguimiento de esa convención amparada por la ONU ya advirtió a España en octubre del año pasado que debía suprimir la distinción hecha en la ley del aborto para el supuesto de discapacidad. Ese mismo comité admite que España tendría hasta el 3 de diciembre de 2015 tiempo para presentar un informe sobre cómo piensa encarrilar esa recomendación.
Sobre si detrás de toda esta operación política de Gallardón puede haber otras intenciones, el mismo responsable de la Asociación Down aprovechó para avisar al Gobierno de que si acometía una reforma en la ley debía tener en cuenta el principio de no discriminación, al margen de otras consideraciones sobre el aborto en general. Y avisaba: “No nos parece bien que bajo el supuesto del impacto psicológico a la madre se abra un coladero para discriminar indirectamente a los niños que vienen con Síndrome de Down”.
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