Andalucía blindará por ley el acceso de los inmigrantes a la sanidad pública
La Junta prepara una norma contra nuevos copagos y recortes de prestaciones
Andalucía blindará por ley la sanidad pública. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha anunciado que su Gobierno prepara una norma para garantizar la sostenibilidad del servicio público frente a los recortes implantados por el Ejecutivo central. “Para preservar el acceso universal; para asegurar la totalidad de las prestaciones a todos los ciudadanos; y para evitar que haya barreras económicas de acceso”, ha avanzado Griñán.
La futura ley es todavía solo una intención sobre la que no existe un borrador, pero el Gobierno de coalición de PSOE e IU la ha incluido en sus planes para esta legislatura, que teóricamente termina en 2016. Con todo, el anuncio de ayer de Griñán de que no repetirá como candidato a la presidencia de la Junta ha abierto la posibilidad de un adelanto electoral, lo que podría alterar el calendario.
La idea de la Junta es frenar algunas de las medidas introducidas por el Gobierno de Mariano Rajoy en el decreto-ley de abril de 2012 que, según el gobierno autónomo, cambió las reglas de juego de la sanidad pública. Andalucía ha recurrido ese decreto ante el Tribunal Constitucional y se ha desmarcado de algunos de sus aspectos más cuestionados, como la retirada de la tarjeta sanitaria para los inmigrantes irregulares: el Servicio Andaluz de Salud (SAS) mantiene activas las tarjetas de reconocimiento temporal de asistencia sanitaria que se entregan a los inmigrantes aunque no estén empadronados.
Garantizar por ley la asistencia a este colectivo es uno de los objetivos de la norma. Según avanzó ayer en declaraciones a El PAÍS la consejera de Salud, María Jesús Montero (PSOE), al margen del caso de los inmigrantes, la ley también pretende bloquear posibles restricciones al derecho a la sanidad, como las planteadas por el Gobierno central en la primera versión del decreto 16/2012, que imponía estrictas condiciones para acceder a la condición de asegurado. “Hay que garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la enfermedad”, afirma Montero.
La ley fijará también fórmulas para eliminar lo que su departamento considera otras “barreras de acceso” a la sanidad pública, incluidos los copagos. Desde que entró en vigor el decreto estatal, Andalucía está aplicando los nuevos tramos del copago, aunque ha puesto en marcha un programa informático que avisa cuando los pensionistas han alcanzado el tope máximo mensual que están obligados a pagar, lo que evita que tengan que abonar todos los medicamentos prescritos por su médico y esperar durante meses la devolución del dinero, como ocurre en otras comunidades.
La Junta quiere también impedir futuras privatizaciones de hospitales y centros de salud, garantizar todas las prestaciones que ahora ofrece el SAS si el Gobierno central decide recortar la cartera de servicios y reforzar la investigación y la docencia.
La futura ley es todavía solo una intención sobre la que no existe un borrador, pero el Gobierno de coalición de PSOE e IU la ha incluido en sus planes para esta legislatura, que teóricamente termina en 2016. Con todo, el anuncio de ayer de Griñán de que no repetirá como candidato a la presidencia de la Junta ha abierto la posibilidad de un adelanto electoral, lo que podría alterar el calendario.
La idea de la Junta es frenar algunas de las medidas introducidas por el Gobierno de Mariano Rajoy en el decreto-ley de abril de 2012 que, según el gobierno autónomo, cambió las reglas de juego de la sanidad pública. Andalucía ha recurrido ese decreto ante el Tribunal Constitucional y se ha desmarcado de algunos de sus aspectos más cuestionados, como la retirada de la tarjeta sanitaria para los inmigrantes irregulares: el Servicio Andaluz de Salud (SAS) mantiene activas las tarjetas de reconocimiento temporal de asistencia sanitaria que se entregan a los inmigrantes aunque no estén empadronados.
Garantizar por ley la asistencia a este colectivo es uno de los objetivos de la norma. Según avanzó ayer en declaraciones a El PAÍS la consejera de Salud, María Jesús Montero (PSOE), al margen del caso de los inmigrantes, la ley también pretende bloquear posibles restricciones al derecho a la sanidad, como las planteadas por el Gobierno central en la primera versión del decreto 16/2012, que imponía estrictas condiciones para acceder a la condición de asegurado. “Hay que garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la enfermedad”, afirma Montero.
La ley fijará también fórmulas para eliminar lo que su departamento considera otras “barreras de acceso” a la sanidad pública, incluidos los copagos. Desde que entró en vigor el decreto estatal, Andalucía está aplicando los nuevos tramos del copago, aunque ha puesto en marcha un programa informático que avisa cuando los pensionistas han alcanzado el tope máximo mensual que están obligados a pagar, lo que evita que tengan que abonar todos los medicamentos prescritos por su médico y esperar durante meses la devolución del dinero, como ocurre en otras comunidades.
La Junta quiere también impedir futuras privatizaciones de hospitales y centros de salud, garantizar todas las prestaciones que ahora ofrece el SAS si el Gobierno central decide recortar la cartera de servicios y reforzar la investigación y la docencia.
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