El Ministerio abre la posibilidad de llegar a acuerdos de riesgo compartido con fármacos ya financiados

Madrid (30/10/2015) - Silvia C. Carpallo

Expertos insisten en que las CC.AA. deben tener limitado el marco legal para que no se incurra en desigualdad territorial de acceso a la innovación, pero que estos acuerdos sí que pueden llevarse a cabo en los hospitales

Dentro del ejercicio 2014/2015 se contabilizan un total de 11 acuerdos de techo máximo dentro del SNS. Es evidente que este nuevo modelo de financiación se perfila como una opción de futuro, más allá de una medida ante la crisis, y es que en palabras de Manuel García Goñi, profesor titular de Economía Aplicada de la UCM, "cada día hay más acuerdos de riesgo compartido en función a los resultados", y si seguimos así "desaparecerán los sistemas de precio de referencia a nivel internacional".

Es por ello que la última jornada FUINSA se ha dedicado a las "Expectativas y futuro de los acuerdos de riesgo compartido". En este sentido, Carmen del Castillo, de la Subdirección General de Calidad y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad explicaba que la tendencia es aplicar estos acuerdos no solo a los nuevos medicamentos, "sino que también son aplicables a aquellos fármacos financiado,s cuyas condiciones técnicas, económicas o sanitarias hayan variado". Así, en el próximo Real Decreto de precios y financiación se prevé incluir esta opción para aquellos acuerdos de revisión de precio en función del volumen de ventas efectivo respecto del previsto inicialmente, el gasto ocasionado respecto del previsto, la variación del número de pacientes al que va dirigido, etc. En este sentido, Héctor Jausás, de Jausás Legal, recordaba que no hay ningún impedimento legal para aplicar acuerdos de riesgo compartido a fármacos que ya están financiados. Desde su punto de vista sin embargo, los mayores retos a la hora de aplicar este tipo de acuerdos están más en alcanzar una mayor seguridad jurídico aclarando mucho más los procedimientos, los requisitos y las condiciones de este tipo de contratos, puesto que si bien se entiende que hay una parte de estas negociaciones que tiene que ser confidencial, existe mucha opacidad respecto a los mismos, que se contrapone a la necesaria transparencia en la financiación.

El papel de las comunidades autónomas

Guillermo de Juan Echavarri, director de Relaciones Institucionales de AstraZeneca, acudía como representación de la Industria Farmacéutica haciendo especial hincapié en el reclamo de que "actualmente hay más acuerdos a nivel local y deberíamos trabajar por un marco mucho más nacional". Se sumaba a esta idea Héctor Jausás, que explicaba que el hecho de que las Comunidades Autónomas realicen sus propios acuerdos supondría un problema en la igualdad de acceso a nivel territorial, y que por lo tanto estos acuerdos deberían ser más nacionales, aunque también tengan cabida los acuerdos que se firman por cada hospital como ente particular, que es otra de las opciones más difundidas.

Por otra parte, Echavarri también destacaba que a la hora de evaluar los resultados del medicamento que se financia por este método, debería tenerse en cuenta la variabilidad clínica y los problemas o no de adherencia de los pacientes, y es que, como también apuntaba Miguel Ángel Calleja, vicepresidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, "estos acuerdos deben ser un pacto entre Administración e Industria, pero también con el propio paciente".