ESPAÑA | Reclaman el pago urgente de la deuda pendiente
Las administraciones deben más de 200 millones de euros a los discapacitados
Un discapacitado en una fábrica de automóviles.| Efe- Denuncian recortes de hasta el 50% en las ayudas de las obras sociales
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado que las administraciones territoriales (comunidades autónomas, sobre todo, y ayuntamientos y diputaciones, en menor medida) deben casi 200 millones de euros al sector de la discapacidad.
El CERMI plantea esta denuncia en un comunicado en el que asegura que de esta cantidad, la partida más cuantiosa, casi 60 millones de euros, corresponde a deudas de las administraciones territoriales con centros especiales de empleo, cuya plantilla está integrada por al menos un 70 por ciento de trabajadores con discapacidad.
Los retrasos y aplazamientos en los pagos de estas obligaciones contraídas con entidades de la discapacidad llegan en algunos casos, según el comité, a los 24 meses, con "la consiguiente asfixia financiera para este tipo de organizaciones de iniciativa social".
Esta plataforma de representación de los discapacitados mantiene además que se está produciendo una rebaja media superior al 50% en el último año con respecto a lo que venían recibiendo en años anteriores de las obras sociales de las cajas de ahorro, menores ingresos que "agudizan la precariedad de las estructuras del sector de la discapacidad".
Esta situación, sostiene CERMI, "pone en peligro la continuidad de buena parte de los servicios, recursos y dispositivos de atención a personas con discapacidad que mantiene esta parte del tercer sector".
CERMI exige a los responsables políticos "una actuación inmediata" y que se abonen las cantidades acumuladas, además de un "compromiso firme" para que en el futuro se regularicen los pagos y no se generen estas bolsas de deuda.
El CERMI plantea esta denuncia en un comunicado en el que asegura que de esta cantidad, la partida más cuantiosa, casi 60 millones de euros, corresponde a deudas de las administraciones territoriales con centros especiales de empleo, cuya plantilla está integrada por al menos un 70 por ciento de trabajadores con discapacidad.
Los retrasos y aplazamientos en los pagos de estas obligaciones contraídas con entidades de la discapacidad llegan en algunos casos, según el comité, a los 24 meses, con "la consiguiente asfixia financiera para este tipo de organizaciones de iniciativa social".
Esta plataforma de representación de los discapacitados mantiene además que se está produciendo una rebaja media superior al 50% en el último año con respecto a lo que venían recibiendo en años anteriores de las obras sociales de las cajas de ahorro, menores ingresos que "agudizan la precariedad de las estructuras del sector de la discapacidad".
Esta situación, sostiene CERMI, "pone en peligro la continuidad de buena parte de los servicios, recursos y dispositivos de atención a personas con discapacidad que mantiene esta parte del tercer sector".
CERMI exige a los responsables políticos "una actuación inmediata" y que se abonen las cantidades acumuladas, además de un "compromiso firme" para que en el futuro se regularicen los pagos y no se generen estas bolsas de deuda.
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