Combatir la temporalidad médica, objetivo prioritario para la nueva legislatura

Sindicatos y colegios médicos instan al nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy, que se conocerá el jueves, a eliminar la tasa de reposición de plantillas y coordinar OPEs en todas las comunidades.

Francisco Goiri | fjgoiri@diariomedico.com | 31/10/2016 00:00

Imagen de la última Ejecutiva de CESM, que consensuó su hoja de ruta laboral para el nuevo Gobierno. (DM)

El Gobierno de Mariano Rajoy -que este mismo jueves estrena Ejecutivo sin la etiqueta en funciones, que le ha acompañado durante más de 300 días- tiene ya sobre la mesa una hoja de ruta laboral para el sector sanitario, común a sindicatos y colegios. El objetivo último es atajar en la recién estrenada legislatura una temporalidad laboral que, según las estimaciones colegiales y sindicales, se sitúa entre el 30 y el 40 por ciento en el Sistema Nacional de Salud.

Todavía en funciones, el Ministerio de Sanidad creó la semana pasada sendos grupos de trabajo con autonomías y sindicatos para intentar buscar soluciones. Investido ya de capacidad ejecutiva y normativa, y con plenos poderes para articular y gestionar los próximos presupuestos, el Gobierno del PP tiene, según los sindicatos, dos tareas primordiales: eliminar la tasa de reposición de plantillas y, acto seguido, articular ofertas de empleo simultáneas en las 17 comunidades (con plazos y bases comunes), que saquen a concurso todas las plazas estructurales que hoy están ocupadas por interinos o eventuales de larga duración.

En sintonía con la unanimidad sindical, la Asamblea General de la OMC decidió el pasado fin de semana adoptar una postura "más activa" en defensa de las reclamaciones de los médicos con contrato precario. La idea de la corporación es apoyar a estos facultativos "por la vía que sea", prestándoles incluso asesoramiento jurídico, en caso de que decidan acudir a los tribunales.

Mientras el TSJUE alerta de la excesiva temporalidad sanitaria, Bruselas insta al Gobierno español a ajustar su presupuesto en más de 5.000 millones

La supresión de la tasa de reposición es también la petición común de varios de los directores autonómicos de recursos humanos entrevistados por DM a lo largo de los últimos meses y es, por tanto, la primera idea que, probablemente, la mayoría de los servicios de salud llevarán a su grupo de trabajo. De hecho, el consejero de Sanidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, ha adelantado en una entrevista con DM que su primera petición al Consejo Interterritorial será la supresión de ese límite nacional a la convocatoria de plazas.

El deseo de profesionales y autonomías choca de frente con lo que podríamos llamar contradicción comunitaria: mientras el Tribunal de Justicia de la UE (TSJUE) alerta de la excesiva temporalidad sanitaria española e insta a atajarla, la Comisión Europea urge al Ejecutivo español a ajustar el déficit previsto en la propuesta presupuestaria remitida a Bruselas el pasado 15 de octubre.Ese ajuste (5.500 millones de euros, equivalentes a un 0,5 por ciento del PIB) puede salir, entre otras partidas, de mayores restricciones a la contratación pública o, dicho de otra forma, del mantenimiento de la tasa de reposición.

Gasto versus plazas
"En Sanidad, ligar la tasa de reposición a un incremento de gasto es un debate falaz, porque todas las plazas que pedimos ya están presupuestadas. Son puestos estructurales ocupados por temporales y, por tanto, sacarlos a concurso no supone un gasto adicional", afirma Antonio Cabrera, secretario general de Sanidad de CCOO. Añade que," proporcionalmente, el coste de convocar una oferta autonómica de mil plazas es parejo al de centralizar una OPE nacional con 94.000 puestos [el número de temporales estimado por CCOO]".

CESM alerta de que, Sanidad al margen, la AGE tiene muchas plazas estructurales vacantes, y convocarlas sí costaría dinero

Mercedes Ortín, responsable de Acción Sindical de CESM, cree, en cambio, que el tirón de orejas de Bruselas "sí condiciona, y mucho a la Administración española, porque el problema no está en Sanidad, sino en el conjunto de la Administración General del Estado (AGE), donde sí hay muchas plazas estructurales vacantes, sin amortizar, y que hay que convocar expresamente, con el consabido aumento de gasto". Ortín plantea la posibilidad de que, en este contexto, el Gobierno discrimine positivamente a "sectores especialmente sensibles", como el sanitario y el educativo. Es decir, que para ambos sectores se elimine toda restricción en las convocatorias de empleo.

JudicializaciónJavier Martínez, presidente de Sanidad de CSI-F, cree que asumir la factura -independientemente de su coste- les compensa a las administraciones autonómicas, "porque la alternativa es la judicialización del problema, con una catarata de demandas amparadas en la sentencia del TJUE que pueden saturar los juzgados y representar un gasto mayor para las arcas públicas si se condena a la Administración de turno".

Más dinero... y más aún para AP

Desde los colegios, Vicente Matas, vocal nacional de Atención Primaria Urbana de la OMC y miembro del Foro de Atención Primaria, coincide con los sindicatos en que "la prioridad absoluta del nuevo Gobierno es ejecutar acciones decididas contra la precariedad laboral, especialmente acusada en primaria, y recuperar el nivel salarial perdido por los médicos en el último quinquenio". Matas aboga por un "incremento paulatino, pero sostenido" del porcentaje del PIB dedicado a Sanidad, hasta llegar al 7 por ciento "en un plazo de tiempo razonable" [en 2015 fue del 6,29 por ciento, 0,48 puntos menos que en 2009], y un aumento de la partida sanitaria dedicada a primaria, "hasta llegar al 20 por ciento en 2020" [la media nacional está hoy en el 14,6 por ciento].