viernes, 23 de febrero de 2018

ONC Certification Program Update: NEW ONC-ATL & ONC-ACB



Announcing a New ONC-Authorized Testing Laboratory (ONC-ATL) 
The National Committee for Quality Assurance (NCQA) has been granted status as an ONC-Authorized Testing Laboratory (ONC-ATL) for the testing of the 2015 Edition certification criteria § 170.315(c)(1)-(c)(4) in the ONC Health IT Certification Program. NCQA’s electronic quality measures testing method was approved by the National Coordinator as an ONC-Approved Alternative Test Method in June 2017 for the testing of electronic clinical quality measure certification criteria § 170.315(c)(2)-(c)(4). 

Announcing ONC-Authorized Certification Body (ONC-ACB) 
In addition, the Gaming Laboratories International, LLC doing business as SLI Compliance has been granted status as an ONC-Authorized Certification Body (ONC-ACB) for the certification of 2014 Edition certification criteria (including Release 2) and 2015 Edition certification criteria in the ONC Health IT Certification Program (the Program). Also an ONC-Authorized Testing Laboratory, SLI Compliance, has provided testing under the Program since 2012, and has expanded its participation to perform certification activities as well. 

For more information on the ONC-ATLs and ONC-ACBs, visit the ONC Health IT Certification Program. To learn more about the ONC-Alternative Test Method including the application and evaluation processes, visit the ONC-Approved Alternative Test Method page.

Nace una nueva asociación de derecho sanitario en Valencia, Avdes - DiarioMedico.com

Nace una nueva asociación de derecho sanitario en Valencia, Avdes - DiarioMedico.com



CON EL APOYO DE DS LEGAL GROUP

Nace una nueva asociación de derecho sanitario en Valencia, Avdes

El Colegio de Médicos de Valencia ha acogido la presentación de la Asociación Valenciana del Derecho Sanitario (Avdes), que nace con el objetivo de trabajar ante los nuevos retos que demanda el derecho sanitario en el ámbito de la provincia de Valencia.
Enrique Mezquita. Valencia   |  23/02/2018 16:26
 
 

Presentación de la Asociación Valenciana de Derecho Sanitario
En la presentación de la Asociación Valenciana del Derecho Sanitario (Avdes), de izquierda a derecha:Elena Morales, presidenta de Avdes; Mercedes Hurtado, presidenta del COMV; Fernando de Rosa, presidente de la Audiencia Provincial de Valencia;Rafael Belenguer, médico y vicepresidente primero de Avdes. (Enrique Mezquita.)
Elena Morales, abogada y presidenta de la Asociación Valenciana del Derecho Sanitario (Avdes), presentó la nueva asociación en la sede del Colegio de Médicos de Valencia, haciendo especial hincapié en la necesidad de revertir la tendencia a la judicialización de las relaciones médico-paciente y el personal sanitario en general, a través del análisis y la divulgación de herramientas o mecanismos para superar esa situación.
Entre las causas que determinan esa judicialización, se ha destacado la pérdida de confianza en la relación médico-paciente, la ausencia de resultados esperados, las elevadas expectativas o la disminución del tiempo y los medios que sufren los profesionales para su labor, entre otros.
  • Ocho de cada diez reclamaciones en Valencia son consecuencia de ausencias o deficiencias del CI"
En relación a objetivos concretos que se ha fijado la asociación, Morales ha apuntado la necesidad de mejorar la formación del médico respecto al consentimiento informado (CI), ya que "ocho de cada diez reclamaciones en Valencia son consecuencia de ausencias o deficiencias del CI".
La presidenta de Avdes ha lamentado tanto el aumento de las agresiones a los profesionales como el "incremento vertiginoso" de las reclamaciones por las negligencias médicas (según sus datos, la oficina de Valencia del Defensor del Paciente recibió 770 reclamaciones en 2017). Además de reclamar el "dar el valor y la importancia que merece" a la figura del perito, que es clave para centrar el auténtico impacto y el abordaje de las supuestas negligencias médicas.
Por ello, ha incidido en la necesidad de formar peritos, pero también dar más conocimientos jurídicos a los facultativos. La presidenta también ha apuntado los riesgos de sostenibilidad que corre el sistema sanitario, sobre todo si se suma la "medicina defensiva".
En su opinión, hay que realizar las pruebas "justas y necesarias" para evitar riesgos y, sobre todo, ha alertado sobre el riesgo de apoyarse en los protocolos -que en principio dar cobertura a los profesionales- y dejar de lado la investigación sobre avances o mejoras en la propia actividad médica.
Asimismo, ha alertado sobre los nuevos retos y dificultades que plantean las nuevas tecnologías a los sistemas sanitarios. Entre ellos, la utilización de la nube como sistema de almacenamiento de historias clínicas y CI y la responsabilidad respecto al derecho a la intimidad y al secreto profesional, o las particularidades de la asistencia telemática. A modo de ejemplo, ha señalado "si se producen una asistencia entre un médico en Valencia y un paciente en Houston, ¿dónde se entiende realizado el acto médico?, ¿qué tribunales son competentes...?".
Cuestionada por una periodista sobre la demanda de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana para que cambien el nombre, Morales ha señalado que "desconocía" esa noticia, pero que en cualquier caso tenían el "beneplácito" de la Administración ya que habían seguido todos los pasos y su nombre estaba registrado oficialmente.

Los pacientes quieren un baremo que “no les salga a pagar” - DiarioMedico.com

Los pacientes quieren un baremo que “no les salga a pagar” - DiarioMedico.com



RESPONDEN AL CUESTIONARIO DE SANIDAD

Los pacientes quieren un baremo que “no les salga a pagar”

La Asociación el Defensor del Paciente ha enviado al Ministerio de Sanidad las respuestas al cuestionario sobre el baremo y también al resto de las 40 asociaciones, de las que Sanidad también espera respuesta.
Soledad Valle. Madrid   |  23/02/2018 15:52
 
 

Acuerdos
Lo habitual es que las partes implicadas en conflictos en el ámbito sanitario acudan a la Justicia en busca de solución, pero una forma más rápida y barata, e igualmente efectiva, es buscar un acuerdo que satisfaga a todos con ayuda de un mediador profesional. (Rafael Martínez Marín)
En un minucioso trabajo de 19 páginas la Asociación el Defensor del Paciente ha respondido a las preguntas planteadas por el Ministerio de Sanidad en un cuestionario sobre el baremo sanitario. Sanidad envió este documento después de que la asociación liderada por Carmen Flores y cuarenta asociaciones de pacientes más escribieran una carta a la ministra Dolors Montserrat pidiendo estar representadas en los trabajos del Comité del Baremo.
La asociación de pacientes considera que las tablas indemnizatorias deben ser orientativas. Apunta que la composición del Comité del baremo, "donde están muy bien representados los intereses de las compañías aseguradoras, en detrimento de los pacientes" hace que éste no esté capacitado para aportar soluciones a varias de las cuestiones que plantea Sanidad y consideran que hay aspectos del baremo que no se pueden abordar de espaldas al Ministerio de Justicia o a los órganos judiciales.
  • Considera que las tablas indemnizatorias deben ser orientativas
Sanidad pregunta sobre si el baremo debe incluir la cuantificación del daño moral; la pérdida de oportunidad; la valoración del estado previo del paciente; la ausencia del consentimiento informado o la valoración del daño desproporcionado.
El informe de la Asociación del Paciente parte de rechazar la idea de que la situación de salud previa del paciente condicione la indemnización del daño. Sobre la doctrina de la pérdida de oportunidad, razona que no puede servir para reducir las compensaciones, pues se premiaría "el no hacer".
El cuestionario ha sido elaborado por asesores jurídicos de la Asociación el Defensor del Paciente, que está actuando como coordinadora en las reclamaciones por los trabajos del baremo. Por ese motivo, después de enviar sus respuestas al Ministerio de Sanidad, la asociación de Carmen Flores ha enviado el cuestionario al resto de las cuarenta asociaciones de pacientes, que utilizarán este documento como base para las respuestas que cada una de ellas tiene que enviar a Sanidad.
Carmen Flores, en declaraciones a DM, para ilustrar la situación afirma: "Queremos un baremo que no nos salga a pagar".

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La mayoría de las sujeciones en residencias se ponen sin consentimiento - DiarioMedico.com

La mayoría de las sujeciones en residencias se ponen sin consentimiento - DiarioMedico.com



ESTUDIO DE GERIÁTRICOS EN CANARIAS

La mayoría de las sujeciones en residencias se ponen sin consentimiento

Esta es la conclusión de un estudio publicado en el último número de Gaceta Sanitaria, revista de la Sociedad Española de la Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), realizado entre la población geriátrica de los nueve centros sociosanitarios que hay en Islas Canarias de titularidad y gestión pública. En el 82,5 por ciento de los casos de personas sometidas a restricciones físicas no figuraba consentimiento informado.
Soledad Valle. Madrid   |  23/02/2018 00:00
 
 

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Razón de prevalencia de la ausencia de consentimiento informado y de prescripción facultativa (modelos de regresión de Poisson).
Razón de prevalencia de la ausencia de consentimiento informado y de prescripción facultativa (modelos de regresión de Poisson). (Estudio sobre prescripción facultativa y consentimiento informado ante el uso de restricciones físicas en geriátricos publicado en Gaceta Sanitaria.)
  • Razón de prevalencia de la ausencia de consentimiento informado y de prescripción facultativa (modelos de regresión de Poisson).
  • Características de la población sometida a restricción físicas (N=274)
"A pesar de que la restricción física afecta a los derechos fundamentales, los requisitos que deberían seguirse para su aplicación no suelen ser tenidos en cuenta por los centros geriátricos". Esta ha sido la conclusión del estudio publicado en el último número de Gaceta Sanitaria y elaborado por Emilio Fariña-LópezGabriel J.Estévez-Guerra, del departamento de Enfermería de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, y Eva Penelo, del departamento de Psicobiología y Metodología de las Ciencias de la Salud, de la Universidad Autónoma de Barcelona. La recopilación de estos datos se realizó en 2014.
El trabajo, editado con el título Prescripción facultativo y consentimiento informado ante el uso de restricciones físicas en centros geriátricos de las Islas Canarias, revisa la situación de las 274 personas que están sometidas a restricciones físicas de un total de 995 residentes, que están en los nueve geriátricos de titularidad y gestión pública de Islas Canarias y proporcionan cuidados de larga duración.
  • Los autores apuntan hacia el desconocimiento de la ley por parte de los profesionales para explicar esta omisión"
El consentimiento informado que exige la ley antes de aplicar una medida de este tipo no figuraba en el 82,5 por ciento de los casos y estaban incompleto en el 13,9 por ciento. Por otro lado, la prescripción de la medida no constaba en el 68,3 por ciento de las historias de estos residentes y estaba incompleta en el 12 por ciento.
La explicación que adelantan los autores ante esta evidente falta de observación de la norma es "el desconocimiento o que los profesionales no consideran la contención un procedimiento exento de riesgos".
Las restricciones físicas más frecuentes fueron los cinturones y los chalecos de contención (en un 79 por ciento de los casos), a parte había indicación de muñequeras, tobilleras o sillones limitadores de la movilidad. La prevención de caídas de la cama o de la silla fueron los motivos fundamentales (80,6 por ciento) para indicar estas medidas.
  • Entre los afectados predominan los que tenían una dependencia total en sus capacidades funcionales"
Entre los afectados por estas restricciones predominaban los que tenían una dependencia total en sus capacidades funcionales (73,7 por ciento) y un deterioro cognitivo grave (59,1 por ciento).
En las conclusiones del trabajo los autores dan una serie de recomendaciones para terminar con esta situación que supone una importante irregularidad pues, como insisten a lo largo del texto, afecta a la limitación de un derecho fundamental y lo hacen a partir de lo dicho no solo en el marco normativo (Ley de Autonomía del Paciente), si no también en el ético, apuntando lo dicho por el Comité de Bioética de España.
Los autores proponen que "cuando sea imprescindible utilizar una restricción física, se cuente, al menos, con una prescripción facultativa que mencione el tipo de dispositivo, la situación para la que ha sido indicado, los tiempos de aplicación y la duración previstas". 
En el caso del consentimiento informado, los autores recomiendan que se incluya en la información "los posibles efectos negativos y las alternativas que se intentaron de forma previa, además de la firma del residente o de su representante". 

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Cómo denunciar a un colega por un acto de mala praxis sanitaria - DiarioMedico.com

Cómo denunciar a un colega por un acto de mala praxis sanitaria - DiarioMedico.com



RESPONSABILIDAD

Cómo denunciar a un colega por un acto de mala praxis sanitaria

Quisiera saber cuáles son los pasos a seguir para denunciar por mala praxis a un colega, médico forense, que ejerce su actividad laboral en un juzgado de España. Se trata de una mala praxis de la que he sido directamente perjudicado. ¿Frente a quién tengo que poner la denuncia? ¿En el colegio de médicos, en el juzgado, ante otra entidad? ¿Qué datos debería aportar? F.R.A. (Navarra)
Federico Guirado. Madrid   |  16/02/2018 00:00
 
 

Denuncia
Autor: DM
Habría que conocer y analizar la concreta actuación del médico forense que se cuestiona. Entiendo que se trata de un supuesto de mala praxis profesional, respecto a las funciones desempeñadas en su condición de perito judicial en un procedimiento (posiblemente penal) en el que un médico ha sido parte y en el que podría haberse visto perjudicado. Partiendo de la insuficiencia de datos de su consulta, le voy a explicar algunas nociones básicas de las vías existentes para exigir la responsabilidad del médico forense.
En primer lugar, al tratarse de un profesional que trabaja para la Administración de Justicia, cabe el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial frente al Estado. Por tanto, se puede pedir una indemnización por el funcionamiento normal o anormal de la Administración, debiendo acreditar, al igual que sucede en los supuestos de mala praxis médica por parte de los Servicios de Salud, la existencia de una actuación profesional contraria a la lex artis, la existencia de un daño efectivo evaluable económicamente y la relación causal entre ambas.
Esta acción se ejercita ante el Ministerio de Justicia dentro del plazo de un año desde que se produjo el hecho o acto que motive la indemnización o desde la manifestación de su efecto lesivo. Se presentará una solicitud presencial ante la Oficina Central de Atención al Ciudadano y Registro del Ministerio, por correo certificado y conducto administrativo a la misma oficina, o incluso por internet en la página web del ministerio. El plazo máximo de resolución del procedimiento administrativo es de seis meses, transcurrido el cual, haya recibido o no notificación de la resolución administrativa, se puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para presentar un recurso contencioso.
Además, y sólo para casos muy graves, cabe la posibilidad de exigir la responsabilidad penal al funcionario público (en la que también se puede acumular la acción de responsabilidad civil), que contempla el Código Penal de manera expresa para el perito (o médico forense en su condición de perito judicial) como sujeto activo de la infracción penal. Por ejemplo, el falso testimonio o el cohecho. Sin perjuicio de que con motivo o desempeño de su cargo pueda incurrir en otros delitos.
Por último, cabría exigir la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos, en la que no se reclama ningún tipo de indemnización, pero que persigue el cumplimiento de las obligaciones y deberes inherentes al servicio público, en aras del mejor funcionamiento de la Administración.
Y, sobre todo, con un claro efecto ejemplarizante para que no vuelvan a cometerse dichos incumplimientos. Se trata de poner en conocimiento del Ministerio de Justicia los hechos supuestamente irregulares en los que ha incurrido este funcionario, para que se investiguen y, en su caso, se imponga la sanción en función de la gravedad de los hechos.
Si se tratara de faltas muy graves podría llevar aparejada la separación del servicio del funcionario, la revocación del nombramiento interino, y la suspensión de empleo y sueldo por un máximo de seis años.

¿Es viable reclamar por demora en el diagnóstico en Urgencias? - DiarioMedico.com

¿Es viable reclamar por demora en el diagnóstico en Urgencias? - DiarioMedico.com



PRAXIS MÉDICA

¿Es viable reclamar por demora en el diagnóstico en Urgencias?

Soy médico de Urgencias de un hospital público de Madrid. Hemos recibido una reclamación de los familiares de un paciente que padecía un tumor en fase avanzada con diseminación metastásica, por retraso en el diagnóstico que provocó el fallecimiento del paciente a finales de 2014. Mi equipo médico le atendió en Urgencias como consecuencia de un accidente de tráfico por un cuadro lumbar distinto, pero a los cuatro meses se manifestaron los síntomas del carcinoma. ¿Puede prosperar la reclamación que nos acaba de llegar? S.S.T. (Madrid)
Federico Guirado. Madrid   |  22/02/2018 00:00
 
 

Servicio de Urgencias
Autor: DM
Lo primero que hay que analizar en este caso es si la acción de responsabilidad patrimonialejercida se encuentra prescrita conforme a lo dispuesto en el artículo 142.5 de la Ley 30/92, derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reconociendo ambas un plazo de prescripción anual. Dicho plazo debe computarse desde la estabilización de las secuelas; esto es, desde la fecha de la curación o de la fecha en la que puede determinarse el alcance de las secuelas.
Pero en este caso, no existe duda alguna de que el comienzo del cómputo del plazo de prescripción es el de la fecha del fallecimiento del paciente. En el supuesto de que haya transcurrido el año desde el fallecimiento hasta la presentación de la reclamación de responsabilidad patrimonial en vía administrativa, la acción se encontraría prescrita y, por tanto,no produciría ningún efecto jurídico.
En cuanto al fondo de la reclamación, hay que analizar cuál era el cuadro clínico inicial del paciente tras el accidente de circulación sufrido; si existía en ese momento algún signo o síntoma que pudiera hacer sospechar de un tumor como el que posteriormente se diagnosticó y, por tanto, si era posible en las primeras asistencias en Urgencias un diagnóstico más precoz de la patología oncológica del paciente.
En estos supuestos, suelen aportarse por parte de los pacientes o sus familiares informes médico-periciales que analizan la praxis médica realizada. Dichos informes tratarán de argumentar y apoyar que existió mala praxis en la demora del diagnóstico.
Para acreditar que se ha producido un retraso en el diagnóstico porque en las asistencias médicas que se cuestionan era posible el diagnóstico del proceso oncológico, debiendo analizarse, además, en estos casos de fallecimiento el pronóstico de vida del paciente en caso de un diagnóstico más precoz. Es lo que los juzgados y tribunales denominan pérdida de oportunidad terapéutica.

Cuantías económicas sujetas a tributación en el IRPF de 2018 - DiarioMedico.com

Cuantías económicas sujetas a tributación en el IRPF de 2018 - DiarioMedico.com



IMPUESTOS

Cuantías económicas sujetas a tributación en el IRPF de 2018

He leído en la prensa económica que a principios de este año la Agencia Tributaria publicó algunas modificaciones sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). ¿Me podrían informar cuáles son? J.G.O. (Oviedo)
Alberto Muñoz Villarreal. Madrid   |  23/02/2018 00:00
 
 

Billetes euros
Autor: DM
Además de la modificación relativa a la asistencia de profesionales sanitarios como invitados a los congresos médicos, que ya fueron objeto de una consulta en esta página, las principales novedades tributarias radican en los siguientes puntos:
-Con efectos a partir del 1 de enero de 2017, se asimilan a los descendientes, a los efectos de la aplicación del mínimo familiar por este tipo, además de aquellas personas vinculadas al contribuyente por tutela o acogimiento en los términos previstos en la legislación civil, a quienes tengan atribuida por resolución judicial su guarda y custodia.
En las transmisiones de derechos de suscripción el importe obtenido, que a partir de 1 de enero de 2017 se califica como ganancia patrimonial, está sujeto a retención debiendo retener o ingresar a cuenta la entidad depositaria y, en su defecto, el intermediario financiero o el fedatario público que haya intervenido en la transmisión.
Excepcionalmente, la transmisión de derechos de suscripción previamente adquiridos a un tercero no originará la obligación ni el deber de practicar retención o ingreso a cuenta.
Con efectos a partir de 1 de enero de 2018, se aumentan los importes exentos de las becas: con carácter general, 6.000 euros anuales. Cuando la dotación económica tenga por objeto compensar gastos de transporte y alojamiento para la realización de estudios reglados del sistema educativo, hasta el nivel de máster incluido o equivalente, 18.000 euros anuales.Cuando se trate de estudios en el extranjero, 21.000 euros anuales.
Si el objeto de la beca es la realización de estudios de doctorado, hasta 21.000 euros anuales si se cursan en España y hasta 24.600 euros anuales si se efectúan en el extranjero.
Con efectos a partir de 1 de enero de 2018, se eleva a 11 euros la cuantía exenta de las fórmulas indirectas de prestación del servicio de comedor, esto es, los vales-comidas o documentos similares, tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago que se entregan al trabajador para atender a dicha necesidad.
Otro punto importante es que este año, para obtener el número de referencia con el que consultar el borrador del IRPF, habrá que comunicar la fecha de caducidad del DNI.
También se incluye la posibilidad de solicitar por parte del contribuyente la rectificación de autoliquidación del IRPF, cuando éste haya cometido errores u omisiones que determinen una mayor devolución a su favor o un menor ingreso. Por tanto, ahora se podrá realizar a través del propio modelo del impuesto. Esta posibilidad simplifica significativamente el procedimiento de rectificación.