jueves, 21 de septiembre de 2017

MMWR Summary for September 22, 2017

HIV Care Outcomes Among Men Who Have Sex With Men With Diagnosed HIV Infection — United States, 2015

CDC Media Relations
404-639-3286

Opioid Overdose Outbreak — West Virginia, August 2016

Elizabeth A. Adkins
Cabell-Huntington Health Department
Office 304-523-6483 Ext. 258
Cell 304-549-4258

Trends in Cervical Cancer Screening in Title X–Funded Health Centers — United States, 2005–2015

Susan B. Moskosky
Health and Human Services, Office of Population Affairs
Office phone: 202-205-0143
Cell phone: 240-478-8146

Respiratory and Ocular Symptoms Among Employees of an Indoor Waterpark Resort — Ohio, 2016

CDC Media Relations
404-639-3286

Update to CDC’s U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 2016: Revised Recommendations for the Use of Hormonal Contraception Among Women at High Risk for HIV Infection

CDC Media Relations
404-639-3286


HIV Care Outcomes Among Men Who Have Sex With Men With Diagnosed HIV Infection — United States, 2015

HIV care outcomes improved among men who have sex with men (MSM) in recent years. CDC researchers analyzed HIV surveillance data from 37 states and Washington, D.C., to determine care outcomes among MSM in 2014 and 2015. Compared with earlier findings for 2010 based on data from 18 states and Washington D.C., HIV care outcomes have improved for MSM. Eighty-four percent of MSM with HIV diagnosed in 2015 were linked to care within three months of diagnosis, compared with 78 percent in 2010. Fifty-eight percent of all MSM living with diagnosed HIV infection were retained in care and 61 percent were virally suppressed in 2014, compared with 51 percent retained in care and 42 percent virally suppressed previously. HIV testing is the gateway to care for people who receive a diagnosis of HIV infection and, along with risk assessment, the gateway to pre-exposure prophylaxis (PrEP) for those who test negative.

Opioid Overdose Outbreak — West Virginia, August 2016

Collaborative public health and public safety investigation of opioid overdose outbreaks provides agencies with essential information to improve healthcare and public safety interventions. Effective intervention might improve patient outcomes in battling the opioid epidemic. An investigation into a widely publicized 2016 opioid overdose outbreak in Huntington, West Virginia, found emergence of carfentanil and furanyl fentanyl in the illicit opioid supply in the community, highlighting the importance of improved surveillance and investigation of such outbreaks. The investigation has also identified opportunities to improve local health care facility and health department responses to the opioid epidemic by linking emergency care for opioid overdose patients to treatment for opioid use disorder.



Dra. Marisa Aizenberg: Es exigible la presentación del certificado de discapacidad para obtener el reintegro de gastos por parte de la obra social

Dra. Marisa Aizenberg: Es exigible la presentación del certificado de discapacidad para obtener el reintegro de gastos por parte de la obra social





Posted: 21 Sep 2017 09:48 AM PDT
Partes: A. M. G. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ cobro de pesos/sumas de dinero

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Fecha: 5-sep-2017

Es exigible la presentación del certificado de discapacidad para obtener el reintegro de gastos por parte de la Obra Social.

Sumario: 

Resultado de imagen para martillo juez1.-Corresponde revocar la sentencia confirmatoria en cuanto hizo lugar a la demanda tendiente a obtener el reintegro de los gastos de asistencia médica prestada a un menor discapacitado, habida cuenta que la obra social ajustó su conducta a lo preceptuado en las normas vigentes, las que exigen presentar el certificado de discapacidad o, eventualmente, la documentación que acredite haberlo solicitado a la autoridad competente para expedirlo, y por lo tanto no es posible imputarle incumplimiento a sus obligaciones.

2.-Cabe poner especial énfasis en que el punto central en discusión no es la necesidad de brindar atención médica a un niño discapacitado, sino el derecho al cobro de una indemnización por daño moral y el reintegro de parte de las sumas desembolsadas para su atención, por lo que el derecho a la salud no se halla afectado sino de manera remota.

3.-Si la exigencia se flexibilizara del modo propuesto por el a quo, la condición de discapacidad del afiliado dependería de la valoración discrecional -acertada o no- de las obras sociales, cuando el legislador en realidad optó por atribuir esa facultad a las autoridades pertenecientes al Ministerio de Salud de la Nación o a otras autoridades provinciales.

4.-Corresponde desestimar la queja por resultar inadmisible el recurso extraordinario -art. 280 del CPCCN-. (del voto en disidencia del Dr. Rosatti) 

Fallo:

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017

Vistos los autos: "A., M. G. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ cobro de pesos/sumas de dinero".

Considerando:

1°) Que la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó la sentencia de la instancia anterior que había hecho lugar a la demanda presentada por M. G. A., por sí y juntamente con G. G. A., en representación de su hijo menor discapacitado, tendiente a obtener el reintegro de los gastos de asistencia médica afrontados entre enero 2007 y junio 2010 y la indemnización por daño moral.

Para decidir de ese modo, el tribunal tuvo en cuenta que los reclamos por reintegros correspondían a un período en que el niño había padecido un importante agravamiento de su estado de salud y la entidad social tenía conocimiento de ello por las notas que se le cursaron y las auditorías médicas que daban cuenta de la evolución de las deficiencias y patologías de aquel. Agregó que el interés superior del niño no podía verse comprometido por el requisito administrativa de contar con el certificado de discapacidad extendido por autoridad competente exigido en el artículo 50 de la resolución 1126 de la obra social para el otorgamiento de la cobertura de las prestaciones de las leyes 24.901 y 22.431, máxime cuando el organismo conocía el estado de salud del menor. Por último consideró que los padecimientos espirituales resultaban indiscutibles frente a la incertidumbre generada por la obra social que no abonaba lo reclamado en forma íntegra y en tiempo oportuno.

2°) Que, contra esa decisión, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación dedujo recurso extraordinario (fs. 365/375), el que fue concedido solo por encontrarse en juego la interpretación de normas federales (fs.377/377 vta.).

3°) Que la demandada afirma que la sentencia se aparta de manera deliberada y arbitraria del estatuto de la obra social, que el único instrumento que acredita la condición de discapacitado es el certificado expedido por la autoridad competente y que, en el caso, se discute una cuestión estrictamente patrimonial que no está sino de manera mediata vinculada con el derecho a la salud.

4°) Que el recurso extraordinario resulta procedente toda vez que se ha cuestionado la interpretación de normas de carácter federal y la decisión final en la causa fue contraria a las pretensiones que el apelante fundó en sus disposiciones (Fallos: 316:1738; 323:1374 ; 324:1623 , entre otros); asimismo resulta aplicable en autos el principio que entiende que si los agravios alegados al deducir el recurso extraordinario, esto es, arbitrariedad e incorrecta interpretación de una norma, se hallan inescindiblemente ligados entre sí, la parcial concesión decidida por el tribunal, implicaría una inadecuada ruptura de la unidad conceptual de la argumentación del apelante y correspondería tratar conjuntamente los agravios admitidos en la concesión parcial citada y los motivos de arbitrariedad (Fallos:330:2347 ) .

5°) Que, ello sentado, es menester en primer término recordar que en el marco normativo de atención a las personas con discapacidad establecido por las leyes 22.431, de Protección Integral del Discapacitado, y 24.901, del Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación aprobó el Reglamento de Cobertura Asistencial para beneficiarios con discapacidad (resolución 1126/2012).

En el artículo 4° del citado reglamento se estableció que los afiliados podrían ser encuadrados en el esquema de cobertura al discapacitado cuando reúnan determinados requisitos entre los que incluye, en el inciso a, la "certificación de discapacidad extendida por el Ministerio de Salud de la Nación, quien expedirá el Certificado Único de Discapacidad a través del Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con. Discapacidad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Con urbano Bonaerense o del organismo competente establecido en las leyes provinciales análogas para el caso de afiliados residentes en el interior del país, de conformidad con lo requerido por el Art. 3° de la Ley Nacional 22341, el art. 10° de la Ley Nacional 24.901 y el Art. 1° de la Resolución 6080/03 del Ministerio de Salud de la Nación".

Para despejar cualquier tipo de duda respecto de la necesidad de contar con el certificado mencionado, en el artículo 5° se previó que "en ningún caso se otorgará cobertura por discapacidad a afiliados que no tuvieren acreditada dicha condición por la autoridad competente indicada en el apartado a) del artículo anterior".

Finalmente se precisó que "los afiliados que requieran prestaciones a partir de la vigencia del presente Reglamento, podrán incorporarse al plan de discapacidad acreditando haber solicitado el certificado correspondiente ante el organismo competente mencionado en el art. 4° inc.a)" (artículo 7°).

6°) Que, reseñado el marco normativo aplicable en el caso, cabe poner especial énfasis en que el punto central en discusión no es la necesidad de brindar atención médica a un niño discapacitado, sino el derecho al cobro de una indemnización por daño moral y el reintegro de parte de las sumas desembolsadas para su atención, por lo que el derecho a la salud no se halla afectado sino de manera remota.

7°) Que, partiendo de esa base, el a quo debió examinar la legislación aplicable al supuesto de autos, y a la luz de sus prescripciones, decidir si hubo incumplimiento de la demandada al no cubrir el 100% del costo de las prestaciones requeridas y, consecuentemente, si correspondía indemnizar a los actores por daño moral.

Sin embargo, el tribunal descartó la aplicación del estatuto de la obra social y concluyó en que el certificado no era más que una prueba adicional de la discapacidad que el niño padecía y de la que la demandada tenía conocimiento atento a su historia clínica, por lo que cabía prescindir de él frente a las restantes constancias de la causa para dar preeminencia al interés superior del niño.

8°) Que la conclusión a que arribó la cámara no se adecua a la inteligencia que cabe dar a las normas citadas, en un contexto en el que solamente se discute un reclamo de contenido patrimonial.

Es sabido que la primera fuente de interpretación de la leyes su letra y de los textos transcriptos surge palmaria la necesidad de presentar el certificado de discapacidad o, eventualmente, la documentación que acredite haberlo solicitado a la autoridad competente para expedirlo, máxime cuando -como ya se señaló- no está en juego la salud, la vida o la integridad del niño.

Si la exigencia se flexibilizara del modo propuesto por el a qua, la condición de discapacidad del afiliado dependería de la valoración discrecional -acertada o no- de las obras sociales, cuando el legislador enrealidad optó por atribuir esa facultad a las autoridades pertenecientes al Ministerio de Salud de la Nación o a otras autoridades provinciales.

Por lo tanto, la obra social ajustó su conducta a lo preceptuado en las normas vigentes y no es posible imputarle incumplimiento a sus obligaciones. Los argumentos empleados en la resolución en recurso resultan a todas luces insuficientes para justificar el apartamiento al régimen jurídico vigente, máxime cuando este no ha sido tachado de ilegítimo.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia impugnada. Costas por su orden en razón de la índole de la cuestión debatida. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Notifíquese y, oportunamente, remítase.

RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO - JUAN CARLOS MAQUEDA - HORACIO ROSATTI - CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ -

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON HORACIO ROSATTI

Considerando:

Que el recurso extraordinario es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se lo desestima. Hágase saber y devuélvase.


HORACIO ROSATTI

Fuente: Microjuris

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

Los ciberataques a datos clínicos han aumentado un 40%

Los ciberataques a datos clínicos han aumentado un 40%



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Los ciberataques a datos clínicos han aumentado un 40%

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El 65% de los proyectos Big Data, IOT y Cloud en el sector sanitario no han mejorado los niveles de seguridad de la información.
El 65% de los proyectos de digitalización del sector salud y sanitario europeo, basados en tecnologías como IoT, Big Data y cloud, no han conseguido mejorar los sistemas de seguridad TIC de las compañías y organizaciones, según apunta el informe `Thales Healthcare Data Threat´ de Thales eSecurity.
Este dato es especialmente significativo si tenemos en cuenta el aumento de ciberataques experimentado en este entorno. Así, el servicio de salud pública del Reino Unido (NHS) experimentó un crecimiento del 46% en el número de ciberataques, durante el último semestre de 2016, mientras que el informe `Cyber Security Index´ de IBM señala que más de 100 millones de registros sanitarios vieron comprometida su seguridad durante 2015.
Además, junto a estos problemas de seguridad, el sector tiene por delante otros desafíos, entre los que destaca el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR), que entrará en vigor en mayo de 2018, y que sancionará la pérdida o robo de datos clínicos con multas de hasta 20 millones de euros o un 4% de la facturación de la empresa.
En este sentido, Toshiba ha desarrollado una oferta de servicios y tecnología específicas para el sector de la salud con los que la compañía japonesa pretende dar respuesta a lo que entiende son los cuatro grandes retos a los que se enfrenta este sector en el aspecto tecnológico y en la transformación de su operativa al entorno digital: problemas de seguridad generados, crecimiento exponencial de los ciberataques, necesidad de mayor movilidad de los profesionales sanitarios y adecuación al GDPR.
Más seguridad con reducción de costes
Toshiba ha basado su solución para el sector salud en la tecnología Toshiba Mobile Zero Client (TMZC), que permite ofrecer portátiles estándar con todas sus funcionalidades sin disco duro ni sistema operativo, elevando así la seguridad de los datos e información crítica. Junto a esta plataforma tecnológica, la compañía ofrece servicios de consultoría, personalización e integración y un sistema cloud para la gestión del parque de dispositivos móviles, denominado Toshiba Business Portal. 
TMZC está basada en portátiles estándar que no almacenan ningún dato, ni programa en el equipo y que permite trabajar y acceder a la información a través de una solución de escritorio virtual remoto (VDI), tras la identificación del usuario mediante password o diferentes soluciones biométricas (huella o reconocimiento facial). Con ello, se impide la implantación de malware o el robo de datos y, en caso de sustracción o pérdida del terminal, el departamento TI puede deshabilitar y dejar inoperativo el equipo.
Además, Toshiba es actualmente el único fabricante de portátiles que desarrolla y fabrica sus propias BIOS, por lo que se elimina la interferencia de terceros en una parte tan sensible del equipo. En la solución TMZC, el ID del sistema y la información de la conexión a la red se almacenan en dicho componente durante el proceso de producción, por lo que su nivel de protección es superior al de cualquier otro portátil del mercado.
Asimismo, la solución que permite a los profesionales una movilidad ilimitada también reduce los costes de gestión y mantenimiento de la infraestructura TI, ya que estos trabajos se realizan en un servidor central, así como los operativos y energéticos, al disminuir el número de puestos fijos de trabajo y de dispositivos necesarios para equipar al personal, algo muy útil en un sector que presta servicio por turnos 24x7, y en el que los presupuestos públicos se han limitado ostensiblemente.

Hasta el 10% de los pacientes de Alzheimer es menor de 65 años

Hasta el 10% de los pacientes de Alzheimer es menor de 65 años

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Hasta el 10% de los pacientes de Alzheimer es menor de 65 años

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Podrían llegar a ser 120.000 pacientes de los 1.200.000 que hay en España, que se ven excluidos de repente de una sociedad nada integradora.
La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más frecuente. Es una patología crónica y degenerativa y a día de hoy no hay un tratamiento curativo, pese a lo cual existe mucho trabajo por delante a realizar en estos pacientes. La Dra. Carmen Terrón, neuróloga especialista en demencias del Instituto Avanzado de Neurociencias de Madrid (www.ineamad.com) del Hospital Nuestra Señora del Rosario afirma que "el reto al que nos enfrentamos ahora los profesionales es al diagnóstico de pacientes jóvenes, los que llamamos preseniles, ya que son personas que se encuentran en plena vida laboral, tienen cargas familiares, etc. En resumen, son personas que de la noche a la mañana tienen que asumir decisiones y cambios vitales importantes".
En la actualidad, este tipo de pacientes de Alzheimer "jóvenes" (menores de 65 años), según un estudio realizado en España, podrían representar hasta el 10% del total, es decir, 120.000 de los 1.200.000 personas afectadas por este tipo de demencia.
No excluir a los pacientes
La Dra. Carmen Terrón explica que "no excluir a los pacientes  de sus actividades habituales, incluso en el mundo laboral, puede ser de gran ayuda para ellos. Es importante mantener el delicado equilibrio entre las capacidades que permanecen y la posibilidad de desarrollarlas en balance con la supervisión o ayuda".
Desde la Confederación Española de Alzheimer consideran que un diagnóstico no define a una persona sino que solo define una nueva condición de una persona. Además, consideran también que se debe retrasar la tutela de los pacientes lo máximo posible e ir adaptando su vida (trabajo, responsabilidades familiares, etc.) a la evolución de la enfermedad.  De ahí, que el lema de este año sea "Sigo siendo yo"
La especialista en Alzheimer del Instituto de Neurociencias Avanzadas de Madrid afirma que "la edad es el principal factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo también existen otros factores relacionados: genéticos, baja escolaridad, etc. También cabe destacar otros que pueden ser modificables, como la presencia de riesgo vascular. Sin embargo, unos hábitos de vida saludable pueden ayudar a prevenir su aparición".

El coste por paciente de Alzheimer se cifra entre 27.000 y 37.000 euros anuales

El coste por paciente de Alzheimer se cifra entre 27.000 y 37.000 euros anuales

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El coste por paciente de Alzheimer se cifra entre 27.000 y 37.000 euros anuales

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Los hábitos de vida saludables podrían reducir hasta un 40% los casos de Alzheimer. En España podrían existir unas 800.000 personas que padecen la enfermedad.
Este 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa progresiva e irreversible caracterizada por el deterioro cognitivo y los trastornos conductuales. La enfermedad de Alzheimer es la causa de demencia más frecuente (aproximadamente el 70% del total de casos) y actualmente, en España, según estimaciones de la Sociedad Española de Neurología (SEN), podrían existir unas 800.000 personas que padecen la enfermedad. El Alzheimer es la principal causa de discapacidad en personas mayores y la patología que genera uno de los mayores gastos sociales: el coste por paciente de Alzheimer se cifra entre 27.000 y 37.000 euros anuales.
En España, el 18,5% de los pacientes que acuden a una consulta de Neurología lo hacen por alteraciones de memoria o sospecha de deterioro cognitivo y es la primera causa de consulta neurológica en mayores de 65 años (el 35% de las consultas). "Sin embargo, a pesar de que las quejas de memoria son uno de los principales motivos de consulta neurológica existe un infradiagnóstico llamativo de los casos de demencia, sobre todo en estadios leves, por falta de concienciación familiar y de profesionales sanitarios. Calculamos que el 80% de los casos de Alzheimer que aún son leves están sin diagnosticar y que entre el 30 y el 40% de los casos totales también lo estarían", señala la Dra. Sagrario Manzano, Coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología.
Cada año se diagnostican en España unos 40.000 nuevos casos de Alzheimer, unas cifras que, debido al progresivo envejecimiento de la población, irán en aumento en los próximos años. "La enfermedad de Alzheimer está muy ligada al envejecimiento y el envejecimiento es el principal factor de riesgo. Debido a que en los últimos 30 años, la proporción de personas mayores de 65 años ha aumentado considerablemente, también lo ha hecho el número de enfermedades neurodegenerativas crónicas, especialmente las demencias. Además, España es uno de los países del mundo con mayor proporción de enfermos de demencia entre su población de más de 60 años", señala la Dra. Sagrario Manzano. "Ahora mismo, y a la espera de que la comunidad científica consiga encontrar un tratamiento curativo para la enfermedad, intentar abordarla en sus primeras fases, ya que existen fármacos que consiguen mantener durante un tiempo el estado neuropsicológico y funcional del paciente; e intentar fomentar los hábitos saludables para combatir los factores de riesgo, deben ser los focos en los que prestar la máxima atención".
Seis medidas para evitar los factores de riesgo
Aunque evitar la enfermedad de Alzheimer es sumamente complejo y difícil de abordar en edades avanzadas de la vida, donde ya se producen diversos cambios a nivel cerebral, evitar situaciones de riesgo y procurar mejorar el funcionamiento cerebral es más fácil de lograr y con buenos resultados, según múltiples estudios con rigor científico basados en estrategias de prevención poblacional. Algunos de ellos señalan que llevar hábitos de vida saludables podría reducir hasta un 40% los casos de Alzheimer, o al menos retrasar el debut clínico de la enfermedad.

Prudencia y debate ético antes de aplicar el sistema de edición genética CRISPR-Cas9

Prudencia y debate ético antes de aplicar el sistema de edición genética CRISPR-Cas9

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"Prudencia y debate ético" antes de aplicar el sistema de edición genética CRISPR-Cas9

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La nueva técnica de edición genética permite cortar de forma muy exacta y eficiente el ADN de todo tipo de células para corregir alteraciones de genes que provocan enfermedades graves.
Varios expertos españoles en edición genética han coincidido hoy en pedir prudencia y reclamar un debate ético sobre la aplicación del CRISPR/Cas9, la nueva técnica de edición genética que permite cortar de forma muy exacta y eficiente el ADN de todo tipo de células para corregir alteraciones de genes que provocan enfermedades graves.
El Colegio de Médicos de Madrid ha acogido esta mañana la jornada "CRISPR/Cas-9. Manual de uso de la edición genética", organizada por el Grupo Eugin. En el acto han participado como ponentes luís Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) y CIBER (Centro de Investigación Biomédica en Red) de Enfermedades Raras; el doctor Juan Cruz Cigudosa, presidente de la Asociación Española de Genética Humana (AEGH); la doctora Paula Río, de la División de Terapias Innovadoras el sistema hematopoyético del CIEMAT y CIBER de Enfermedades Raras, y Rita Vassena, directora científica del Grupo Eugin -red de clínicas de reproducción Asistida- y miembro del Comité Ejecutivo de ESHRE (sociedad europea de reproducción humana y embriología).
El sistema CRISPR/Cas-9 ha revolucionado la genética y ha alimentado las esperanzas de muchos pacientes que sufren enfermedades hereditarias. "Es un cambio que ha venido para quedarse", ha señalado Montoliu, colaborador del considerado como uno de los padres de esta técnica, el microbiólogo también español Francisco Juan Martínez Mojica, que está en las quinielas del Nobel en los últimos años. Por ahora, este sistema no ha llegado aún a la práctica clínica, a los pacientes -a excepción de una investigación realizada en China con pacientes con cáncer de pulmón ya desahuciados-, aunque se está probando con éxito en el laboratorio, con modelos animales y celulares. E incluso con embriones humanos generados sólo para investigar, como publicó el pasado verano un grupo de científicos de China, Corea del Sur y Estados Unidos.
Una aplicación sobre la que hay que tener cautela
"En el CRISPR, la imaginación es el límite", afirma Montoliu. Aunque él mismo, y el resto de ponentes, se han encargado de poner frenos durante la jornada de Eugin. "Estoy seguro de que las CRISPR van a saltar a la clínica, pero no deberíamos hacerlo hasta que no seamos capaces de reducir al máximo los riesgos", señaló. Cómo se ha constatado en varias investigaciones, la aplicación del CRISPR tiene porcentajes de eficacia bajos, de menos del 10 por ciento.  Entre otras adversidades, se ha detectado que su aplicación en una secuencia concreta del genoma causa modificaciones y mutaciones indeseables en otras secuencias del genoma, ha explicado Montoliu.
"La CRISPR es un sueño para los genetistas, es una gran herramienta de trabajo, pero es importante preguntarnos antes qué queremos hacer con ella: No nos pasemos de frenada", ha indicado el doctor Juan Cruz Cigudosa, presidente de la Asociación Española de Genética Humana. Como ha explicado, la doctora Paula Río, este nuevo sistema de edición genética da esperanzas para pacientes de enfermedades como la anemia de Fanconi, pero aún es pronto para hacer el gran salto a la clínica diaria.
A su vez, Rita Vassena, directora científica del Grupo Eugin, también ha subrayado la necesidad de plantearse un debate ético sobre la aplicación del CRISPR y ha señalado que en su aplicación en fase experimental plantea dilemas sociales y legales. En este sentido, recordó que la investigación realizada con embriones que se publicó este verano no hubiera sido posible ni en España, ni en prácticamente el resto de Europa, donde no está permitido investigar con embriones creados expresamente para investigar.
"Hay que mejorar la eficacia del CRISPR, aplicarlo con gradualidad y tener en cuenta si ya hay alternativas que funcionan", ha afirmado. En este sentido, Vassena destacó que en el caso de los embriones ya existe desde hace 20 años el diagnóstico genético preimplantacional, que sirve para detectar enfermedades genéticas en un embrión y poder, así, seleccionar los embriones que darán lugar a un embarazo sano.