El Consejo de Europa juzga ilegal excluir a los ‘sin papeles’ de la sanidad

La crisis eleva el número de incumplimientos sociales en el continente

España figura entre los países que más retroceden en derechos desde 2007

LUCÍA ABELLÁN Bruselas 29 ENE 2014 - 13:58 CET

La crisis ha laminado profundamente la protección social que reciben los ciudadanos. El Consejo de Europa, órgano que vela por el respeto a los derechos humanos en 47 países del continente, ha expresado este miércoles su preocupación por el retroceso experimentado en este terreno. España figura entre los que empeoran respecto a otros periodos, con el cierre de puertas sanitarias a los extranjeros sin papeles como uno de los principales incumplimientos sociales. La decisión del Gobierno español es contraria a derecho europeo, según este organismo.

Los Estados tienen la obligación de prestar asistencia sanitaria a los ciudadanos independientemente de su estatus de residencia, asegura el documento relativo a España. Porque la salud es un requisito previo para la dignidad humana y el cumplimiento de los derechos humanos obliga a preservarla. “No se les puede excluir. Tanto el Gobierno como las comunidades autónomas tienen la obligación de respetar este criterio del Consejo de Europa”, ha asegurado Luis Quesada, presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales, que evalúa periódicamente el cumplimiento que hacen los países adheridos a estos estándares.

España no es el único país que viola lo establecido en la carta social europea. El comité recuerda que Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Lituania y Letonia incurren en problemas similares, que la crisis ha acentuado. Los países desatienden el cumplimiento de ese tratado, pese a que vincula legalmente a los Estados que lo han firmado, y muchas veces el conflicto se salda en el tribunal de derechos humanos, con sede en Estrasburgo.

La evaluación española arroja un total de seis incumplimientos de 17 capítulos analizados. Pese a todo, el dato es engañoso porque precisamente la negativa a atender a extranjeros sin papeles a partir de agosto de 2012 no figura en la lista de incumplimientos. Ello obedece a que el comité solo podía considerar como contrarias a derechos las medidas adoptadas entre 2008 y 2011. Al ser una novedad de 2012, la modificación sanitaria en España se añadirá a la lista oficial de violaciones de lo firmado en evaluaciones posteriores, pero el comité ya ha adelantado su rechazo.

Los países con más incumplimientos son Albania, Georgia, Moldavia y Ucrania. Les siguen dos comunitarios: Rumanía, uno de los Estados más pobres de la UE, y Grecia, muy deteriorada por los recortes impuestos tras el rescate del país. “Las cifras han empeorado mucho. Para nosotros, es una fuente de gran preocupación. Los derechos sociales deben protegerse”, ha añadido Colm O’Cinneide, responsable del informe de 2013.

Además de la sanidad a los extranjeros, el comité objeta otras medidas que aplica España. Entre ellas, la baja cuantía de la renta mínima de inserción que se ofrece a las personas sin recursos, que apenas supera los 400 euros al mes. Solo el País Vasco y Navarra se libran de esta crítica porque tienen prestaciones superiores. También está por debajo del mínimo la cobertura económica que ofrecen las bajas por enfermedad, una medida que también ha empeorado en el periodo posterior al que analiza el Consejo de Europa. El informe la considera “manifiestamente inadecuada”.