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Las personas con discapacidad podrán tomar por sí solas decisiones en procesos sanitarios, como en el caso de los trasplantes

Redacción

El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley de adaptación a la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad


Madrid (4/6-12-10).- El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta aprobación coincide con la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre.

España fue uno de los primeros países en ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y el primer país en remitir a la ONU su informe sobre el grado de cumplimiento de esta Convención. Con este, España se convierte también en el primer país que traslada a su legislación el contenido de la Convención.

Las modificaciones recogidas en el Proyecto de Ley afectan a diversas materias, como empleo, Sanidad, infraestructuras, protección civil o cooperación internacional.

En materia de empleo se revisa la normativa sobre el acceso al empleo público, aumentando el cupo de reserva para las personas con discapacidad a un mínimo del siete por cien. Además, se establece que en el plazo de un año el Gobierno promoverá medidas para asegurar el cumplimiento de la reserva del dos por cien de los puestos de trabajo para personas con discapacidad en las empresas de más de 50 trabajadores y para establecer condiciones para la ejecución de los contratos del sector público relacionadas con el porcentaje de empleo de personas con discapacidad.

En materia de Sanidad, se modifican diversas leyes para que una persona con discapacidad pueda tomar por sí misma decisiones en procesos sanitarios, como trasplantes, recibiendo para ello la información necesaria en formatos accesibles. También se incluye la discapacidad como causa de no discriminación en su relación con las administraciones públicas sanitarias. Igualmente, las personas con discapacidad deben recibir la información sobre los servicios y requisitos para su uso en formatos accesibles y comprensibles.

Leyes modificadas

Entre las once leyes que se modifican para su adaptación a la Convención de la ONU están la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y transplante de órganos; la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica; la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida; la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS.

Los principios generales de la Convención de la ONU ya estaban recogidos en los enunciados de la Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de 2003. Sin embargo, la Convención supone un cambio en el concepto de discapacidad, ya que pasa a considerarla como una cuestión de derechos humanos en lugar de una preocupación de bienestar social.

Informe sobre las actuaciones del Gobierno

El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre actuaciones del gobierno en política de derechos de las personas con discapacidad.
En España, de acuerdo con la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia, el 9 por 100 de la población, aproximadamente cuatro millones de personas, se encuentran en la situación de discapacidad y, por tanto, en riesgo de exclusión, en la imposibilidad de participar plenamente en la sociedad o de encontrar dificultades para ello.

La acción pública en materia de discapacidad constituye uno de los objetivos primordiales de la política social del Gobierno y son numerosos los proyectos, acciones y medidas que se están poniendo en marcha en este ámbito a lo largo de 2010.

En el informe, se destaca la adopción de un conjunto de medidas normativas, tales como la Ley General de la Comunicación Audiovisual o la modificación del Código Técnico de Edificación. En cuanto a las medidas no normativas y acciones adoptadas, España ha sido el primer país en presentar, en mayo de este año, el Informe sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que forma parte del ordenamiento jurídico español desde mayo de 2008, y que supone un giro sustancial en el enfoque del papel de los poderes públicos y de las acciones en esta materia. De igual modo, nuestro país será el primer país europeo en someterse a examen por dicho Informe ante las instituciones de la ONU en 2011.

Más que nunca resulta necesaria ahora la importancia de aunar esfuerzos en el ámbito europeo, especialmente mediante la nueva Estrategia Europea de Discapacidad 2010-2020. Por otra parte, actualmente, una de las principales líneas de acción en marcha es la dirigida a adaptar la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad al ordenamiento jurídico interno.

Acuerdos

Por otra parte, el Consejo ha aprobado la autorización de la concesión de una subvención de 19.982.856,74 euros con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2010, a Cáritas Española. Y otra, también con cargo al IRPF y por importe de 35.772.261,75 euros, a Cruz Roja Española.

Por otra parte, se ha acordado solicitar al presidente del Gobierno la interposición de sendos recursos de inconstitucionalidad contra las leyes 2/2010 y 3/2010, de 26 de febrero, de creación de los Colegios Profesionales de logopedas y de higienistas dentales de Extremadura. El Gobierno entiende que estas dos leyes infringen la normativa estatal sobre Colegios Profesionales, al establecer la colegiación obligatoria para los logopedas e higienistas dentales que ejerzan su profesión en esta comunidad autónoma.

Investigación en salud

El Consejo de Ministros ha autorizado la contribución española a cinco organismos y asociaciones de investigación en el área de salud para el año 2010, en el ámbito del Ministerio de Ciencia e Innovación, por un importe total de 12.174 euros. Las cuotas de participación serán abonadas con cargo al presupuesto de gastos del Instituto de Salud Carlos III del año 2010.

Los organismos y asociaciones para los que se aprueba la contribución son EFPC (European Forum for Primary Care), que integran organizaciones de 35 países europeos para mejorar la salud de las poblaciones a través del fortalecimiento de los sistemas de AP en Europa; EUSANH (European Science Advisory Network for Health), una red de organizaciones de la UE que realizan asesoramiento científico independiente en el campo de la salud a autoridades nacionales y europeas; HTAI (Health Technology Assessment International) es un foro global para el intercambio de información, métodos y conocimientos para apoyar la mejora de los procesos de evaluación de las tecnologías de salud; AAL (Ambient Assisted Living), programa destinado a mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante la utilización de las nuevas TICs; y ETPN (Plataforma Tecnológica Europea de Nanomedicina), que agrupa a investigadores de organismos públicos y privados, representantes de las administraciones nacionales y europea.

Más impuestos al tabaco

A través de un Real Decreto Ley establece un incremento del Impuesto sobre las Labores del Tabaco cuya finalidad principal es reducir su consumo para proteger la salud de los ciudadanos, aunque la obtención de ingresos tributarios adicionales contribuirá también a la consolidación de las finanzas públicas.

Éste aumento se concretará, en el caso de los cigarrillos, en un alza del tipo impositivo específico desde 10,2 hasta 12,7 euros por mil cigarrillos y en la elevación del impuesto mínimo hasta 116,9 euros por mil cigarrillos desde los 91,3 euros en los que está en la actualidad.

Por lo que respecta a la picadura de liar, el impuesto específico pasará de seis euros por kilo a ocho euros, mientras que el impuesto mínimo se elevará de 50 a 75 euros por kilo, al objeto de reducir el diferencial de precio con los cigarrillos.

Para garantizar la neutralidad fiscal entre cigarrillos, picadura de liar y el resto de labores del tabaco, los tipos impositivos aplicables a éstas últimas se elevarán, del mismo modo, del 14,5 por 100 al 15,8 por 100, lo que supone una proporción similar a la aplicada para los cigarrillos.
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