sábado, 11 de diciembre de 2010

El Consejo de Europa aprueba un convenio que criminaliza la falsificación de fármacos - DiarioMedico.com

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ESPAÑA
MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL
El Consejo de Europa aprueba un convenio que criminaliza la falsificación de fármacos

El Consejo de Europa ha aprobado un convenio internacional en el que, por primera vez, criminaliza la falsificación, producción y suministro de productos médicos en el mercado sin autorización o sin que cumplan los requisitos de seguridad.



Redacción - Viernes, 10 de Diciembre de 2010 - Actualizado a las 00:00h.


Es el Convenio Medicrime, la primera herramienta internacional de derecho penal que obliga a los países miembros a perseguir la producción o falsificación de productos médicos y el suministro, oferta para el suministro y tráfico de productos médicos falsos.

Asimismo, anima a luchar contra la falsificación de documentos, la producción o suministro de productos médicos sin autorización y la venta de dispositivos médicos que no cumplan los requisitos de seguridad.

Define también un marco de cooperación nacional e internacional a través de los diferentes sectores de la administración pública, medidas para la coordinación a nivel nacional, iniciativas de prevención para los sectores privado y público y la protección de víctimas y testigos.

Organismo de control
Además prevé el establecimiento de una organización de control cuya función sería supervisar la puesta en práctica de las medidas incluidas en este convenio por parte de los países miembros.

El Convenio Medicrime nace con vocación de universalidad, por lo que podrán adherirse a él en 2011 -la fecha está por determinar- tanto países miembros como no miembros del Consejo de Europa, como ocurre con los últimos convenios, para poder luchar contra la amenaza global que supone la falsificación de productos médicos en todo el mundo.

El Consejo de Europa es la organización política más antigua del continente europeo y está constituido por 46 países.

El objetivo de este organismo, según figura en sus estatutos, es defender los derechos humanos y la democracia parlamentaria y asegurar la preeminencia del Estado de derecho, además de llegar a acuerdos para armonizar las prácticas sociales y jurídicas de los Estados miembros.
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