Está pasando
Cospedal cancela los convenios con las casas de acogida a maltratadas
Ya se han producido despidos en la red de atención a la mujer, que cuesta 15 millones al año
La Junta de Castilla-La Mancha buscará una alternativa más barata
El sacerdote Aurelio de León, con mujeres maltratadas en la casa de acogida de Talavera de la Reina. / JOSÉ ÁNGEL (EFE)
El recorte de gasto público en Castilla-La Mancha alcanza también a la atención a las mujeres maltratadas. La directora del Instituto de la Mujer regional, Teresa Novillo, ha dirigido una misiva en la que anuncia que no se prorrogarán los convenios con las casas de acogida -existen 13, con plaza para 96 víctimas- y los centros de orientación a la mujer -85-, como era habitual el 1 de enero. En ellos trabajan 400 personas y los primeros despidos ya se han notificado. El motivo aducido para el cambio es “la coyuntura económica” heredada. El portavoz del Gobierno regional (PP), Leandro Esteban, ha asegurado que “con bastante menos dinero público” se mantendrá y mejorará la atención a las mujeres, informa Efe.
Para la directora en funciones del ´ estatal, Teresa Blat, el anuncio de su colega castellano-manchega supone “el cierre” de las 13 casas y los 85 centros de una de las redes regionales mejor dotadas en este aspecto -existe al menos una casa de acogida y un centro de urgencia para maltratadas en todas las ciudades de más de 25.000 habitantes, excepto Vadepeñas, según la Red Feminista de Hombres y Mujeres de Castilla-La Mancha-. Las casas de acogida contaban con un presupuesto de 4,2 millones de euros en 2009. A ello se sumaban 11 millones para los 85 centros de la mujer, que facilitan información, orientación laboral y realizan tareas de sensibilización contra la violencia machista y en pro de la igualdad.
Las consecuencias del recorte han sido inmediatas. Las cuatro técnicas que trabajan en el Centro de la Mujer de Madridejos (Toledo) recibieron el martes la carta de Novillo y este jueves les llegó la de despido. “El Ayuntamiento se ha curado en salud. No quieren arriesgarse a que la financiación no llegue o sea tan corta que no les permita afrontar los costes”, explica con pesar una de las afectadas. El Consistorio solo cubría gastos de limpieza y material, concreta. “Nos sentimos desamparadas pero, sobre todo, indignadas. No se puede apostar por la igualdad y cargarte a las trabajadoras de los centros”, espeta una de sus compañeras. En otro centro de la mujer, en Cuenca capital, seis personas han recibido ya el preaviso de despido para el 31 de diciembre, indicó una trabajadora.
La misiva de la responsable castellano-manchega, con fecha del pasado día 13, anuncia que “es intención de este instituto continuar con la prestación del servicio que actualmente se realiza en dicho centro de la mujer/casa de acogida/centro de urgencias para mujeres víctimas de violencia de género”. Pero a continuación echa un jarro de agua fría: “Dada la coyuntura económica que hemos heredado y en la que actualmente nos encontramos, y que necesariamente nos obliga a racionalizar la financiación (...) vamos a elaborar un nuevo instrumento jurídico que nos permita seguir prestando un servicio de la máxima calidad”.
“Se buscarán nuevos mecanismos para el mantenimiento de este servicio desde el próximo 1 de enero de 2012 en las condiciones y cuantías que finalmente se establezcan en un nuevo y distinto instrumento jurídico”, añade. Este periódico intentó reiteradamente saber cuál es ese nuevo mecanismo, pero no obtuvo respuesta de la Administración regional. Una de las posibilidades es sustituir los conciertos por subvenciones anuales. Esa vía dificulta la continuidad de los proyectos de atención, según la Red Feminista de Hombres y Mujeres de Castilla-La Mancha.
Ese colectivo de organizaciones critica duramente el fin de los conciertos y teme, además, que la implantación del nuevo sistema se demore en el tiempo, lo que eventualmente podría causar desatención a las víctimas. Para la responsable estatal, Teresa Blat, la medida es “un grave retroceso”.
El Gobierno de Castilla-La Mancha, en manos del PP desde finales de junio, ya había incluido al Instituto de la Mujer en sus fuertes recortes presupuestarios. La amplia red de atención creada está ahora en el alero.
La financiación del Instituto de la Mujer (268.00 euros al año) solía llegarles en dos tandas: la primera mitad, en enero, con la prórroga del convenio, y la segunda, tres meses después. Sin embargo, este año su cuenta estuvo tiritando hasta marzo, cuando recibieron los primeros euros. Tocaba apretarse el cinturón y tirar de imaginación a falta de recursos. La primera medida de las ocho empleadas fue cortarse el grifo a sí mismas.
“Suspendimos nuestros salarios y dedicamos las reservas que nos quedaban a pagar a los proveedores. No queríamos contraer deudas, porque sabíamos que la subvención pendía de un hilo”, explica Cabrera.
La medida no bastó y el paso siguiente fue recortar los pedidos. “Echamos mano de lo que teníamos en casa: medicinas y comida. Pedimos ropa a familiares y amigos y aun así no nos llegaba”, recuerda Cabrera. Al final tuvieron que pedir los alimentos de fiado a su distribuidor de siempre. “El hombre venía unos días de mejor humor que otros, porque todo el mundo tiene facturas que pagar, pero nunca nos dejó tiradas”, agradece. Llegaron a deberle 6.000 euros.
A mediados de noviembre llegó el resto de la partida, que destinaron a saldar las cuentas pendientes, salarios incluidos. Acostumbrada a las estrecheces, Cabrera no teme las consecuencias de la finalización del convenio entre la casa de acogida y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. “Necesitamos liquidez para afrontar los gastos y no sé como conseguirla, pero después de lo que hemos pasado este año puedo garantizar que el centro seguirá abierto el 1 de enero aunque no recibamos nada”, asegura. “No vamos a echar a la calle a las mujeres que han recurrido a nosotras. Ellas son las más desprotegidas con la crisis que arrecia”.
El mayor pesar de Cabrera es que los retrasos en los pagos les obligan a cancelar de momento la ayuda económica —1.000 euros de una vez o 300 al mes durante un año— que daban a sus acogidas cuando acababa la prestación social. “Muchas no tienen ni para pagar un alquiler. Se quedan con una mano delante y otra detrás. En cosas como esa, por conciencia, no se debería recortar”, concluye apenada.
En el Centro de la Mujer de Iniesta (Cuenca) también viven con el alma en vilo. Según una de sus trabajadoras, el Ayuntamiento ha sufragado sus costes durante un año, pendiente del cobro de la financiación del Instituto de la Mujer en 2010. Ahora les han anunciado que la partida que esperan llegará con tijeretazo incluido. Las cinco empleadas temen que las despidan.
Para la directora en funciones del ´ estatal, Teresa Blat, el anuncio de su colega castellano-manchega supone “el cierre” de las 13 casas y los 85 centros de una de las redes regionales mejor dotadas en este aspecto -existe al menos una casa de acogida y un centro de urgencia para maltratadas en todas las ciudades de más de 25.000 habitantes, excepto Vadepeñas, según la Red Feminista de Hombres y Mujeres de Castilla-La Mancha-. Las casas de acogida contaban con un presupuesto de 4,2 millones de euros en 2009. A ello se sumaban 11 millones para los 85 centros de la mujer, que facilitan información, orientación laboral y realizan tareas de sensibilización contra la violencia machista y en pro de la igualdad.
La medida supone el cierre de las 13 casas y los 85 centros de orientación que existen en la comunidad
Las consecuencias del recorte han sido inmediatas. Las cuatro técnicas que trabajan en el Centro de la Mujer de Madridejos (Toledo) recibieron el martes la carta de Novillo y este jueves les llegó la de despido. “El Ayuntamiento se ha curado en salud. No quieren arriesgarse a que la financiación no llegue o sea tan corta que no les permita afrontar los costes”, explica con pesar una de las afectadas. El Consistorio solo cubría gastos de limpieza y material, concreta. “Nos sentimos desamparadas pero, sobre todo, indignadas. No se puede apostar por la igualdad y cargarte a las trabajadoras de los centros”, espeta una de sus compañeras. En otro centro de la mujer, en Cuenca capital, seis personas han recibido ya el preaviso de despido para el 31 de diciembre, indicó una trabajadora.
La misiva de la responsable castellano-manchega, con fecha del pasado día 13, anuncia que “es intención de este instituto continuar con la prestación del servicio que actualmente se realiza en dicho centro de la mujer/casa de acogida/centro de urgencias para mujeres víctimas de violencia de género”. Pero a continuación echa un jarro de agua fría: “Dada la coyuntura económica que hemos heredado y en la que actualmente nos encontramos, y que necesariamente nos obliga a racionalizar la financiación (...) vamos a elaborar un nuevo instrumento jurídico que nos permita seguir prestando un servicio de la máxima calidad”.
“Se buscarán nuevos mecanismos para el mantenimiento de este servicio desde el próximo 1 de enero de 2012 en las condiciones y cuantías que finalmente se establezcan en un nuevo y distinto instrumento jurídico”, añade. Este periódico intentó reiteradamente saber cuál es ese nuevo mecanismo, pero no obtuvo respuesta de la Administración regional. Una de las posibilidades es sustituir los conciertos por subvenciones anuales. Esa vía dificulta la continuidad de los proyectos de atención, según la Red Feminista de Hombres y Mujeres de Castilla-La Mancha.
Ese colectivo de organizaciones critica duramente el fin de los conciertos y teme, además, que la implantación del nuevo sistema se demore en el tiempo, lo que eventualmente podría causar desatención a las víctimas. Para la responsable estatal, Teresa Blat, la medida es “un grave retroceso”.
El Gobierno de Castilla-La Mancha, en manos del PP desde finales de junio, ya había incluido al Instituto de la Mujer en sus fuertes recortes presupuestarios. La amplia red de atención creada está ahora en el alero.
Las víctimas comen de fiado en Puertollano
¿Se puede seguir atendiendo a cuatro familias necesitadas cuando la Administración corta los recursos? Las empleadas de un centro de acogida de maltratadas en Puertollano estaban sin cobrar y sin presupuesto, pero cada día llevaban comida, medicinas o ropa desde sus casas. Era la única respuesta posible una vez que comprobaron que no tenían partida presupuestaria ni para cubrir las necesidades básicas de las cuatro mujeres y los nueve niños que colmaban la capacidad del centro, al que habían llegado huyendo de un entorno violento. “Hemos estado sin cobrar un duro durante varios meses y no podíamos dejar sin comer a nuestra prole, de manera que lo pusimos de nuestro bolsillo”, cuenta María José Cabrera, directora del centro que abrió en 2003.La financiación del Instituto de la Mujer (268.00 euros al año) solía llegarles en dos tandas: la primera mitad, en enero, con la prórroga del convenio, y la segunda, tres meses después. Sin embargo, este año su cuenta estuvo tiritando hasta marzo, cuando recibieron los primeros euros. Tocaba apretarse el cinturón y tirar de imaginación a falta de recursos. La primera medida de las ocho empleadas fue cortarse el grifo a sí mismas.
“Suspendimos nuestros salarios y dedicamos las reservas que nos quedaban a pagar a los proveedores. No queríamos contraer deudas, porque sabíamos que la subvención pendía de un hilo”, explica Cabrera.
La medida no bastó y el paso siguiente fue recortar los pedidos. “Echamos mano de lo que teníamos en casa: medicinas y comida. Pedimos ropa a familiares y amigos y aun así no nos llegaba”, recuerda Cabrera. Al final tuvieron que pedir los alimentos de fiado a su distribuidor de siempre. “El hombre venía unos días de mejor humor que otros, porque todo el mundo tiene facturas que pagar, pero nunca nos dejó tiradas”, agradece. Llegaron a deberle 6.000 euros.
A mediados de noviembre llegó el resto de la partida, que destinaron a saldar las cuentas pendientes, salarios incluidos. Acostumbrada a las estrecheces, Cabrera no teme las consecuencias de la finalización del convenio entre la casa de acogida y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. “Necesitamos liquidez para afrontar los gastos y no sé como conseguirla, pero después de lo que hemos pasado este año puedo garantizar que el centro seguirá abierto el 1 de enero aunque no recibamos nada”, asegura. “No vamos a echar a la calle a las mujeres que han recurrido a nosotras. Ellas son las más desprotegidas con la crisis que arrecia”.
El mayor pesar de Cabrera es que los retrasos en los pagos les obligan a cancelar de momento la ayuda económica —1.000 euros de una vez o 300 al mes durante un año— que daban a sus acogidas cuando acababa la prestación social. “Muchas no tienen ni para pagar un alquiler. Se quedan con una mano delante y otra detrás. En cosas como esa, por conciencia, no se debería recortar”, concluye apenada.
En el Centro de la Mujer de Iniesta (Cuenca) también viven con el alma en vilo. Según una de sus trabajadoras, el Ayuntamiento ha sufragado sus costes durante un año, pendiente del cobro de la financiación del Instituto de la Mujer en 2010. Ahora les han anunciado que la partida que esperan llegará con tijeretazo incluido. Las cinco empleadas temen que las despidan.
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