El copago asoma su cabeza por Cataluña

El autor, asesor de la presidencia de Cataluña y consejero del Banco de España, quita hierro al ticket de un euro por receta previsto por el Gobierno autonómico en sus presupuestos para 2012, que puede ser una treta para lograr apoyos a sus cuentas en el trámite parlamentario. Lo relevante, a su juicio, no es el copago sino si se limitan las prestaciones sanitarias públicas y si se abre la vía del aseguramiento complementario.

Guillem López Casanovas. Economista | 28/12/2011 00:00

La presentación del proyecto presupuestario de la Generalitat de Cataluña ha hecho que el copago, tras múltiples dimes y diretes, asomase finalmente su cabeza. Lo hace en su versión de ticket de baja intensidad (un euro por receta), lo que quiere decir que se persigue un efecto en ingresos más que en moderación de gasto. Se presupuestan 100 millones (prueba de que mucho consumo no se espera moderar), ya que la cifra no se aleja demasiado de las recetas efectivamente expedidas. Si a ello le añadimos algunas excepciones, puede que finalmente recaude algo más de la mitad de lo hoy previsto. Pero esto es un poco igual. La medida tiene el objetivo de insinuarse en la realidad de los servicios públicos, y tiempo habrá para que en su mayor generalización se diseñe mejor y se vincule gradualmente a la renta. Incluso puede que se haya propuesto para ser sacrificada después como gancho para algún apoyo parlamentario a la aprobación global del presupuesto. Tampoco sería tanta la pérdida de ingresos si finalmente el gobierno de la Generalitat tuviera que conseguir el apoyo de la izquierda en lugar del más esperable de la derecha.

''Hasta la saciedad lo he repetido: nadie sensato quiere copagos. ¡Lo queremos gratis!''

Hasta la saciedad lo he repetido: nadie sensato quiere copagos. ¡Lo queremos gratis! El copago es una decisión política (cuánta financiación pública disponible para la sanidad, qué coste a cargo del usuario y qué coste a cargo del contribuyente). En su versión de ticket moderador, el éxito de un copago es que no recaude nada (frene el gasto). Pero para ello ha de afectar significativamente (no un euro o menos) a aquella utilización innecesaria de los servicios sanitarios. En este sentido, es cosa de médicos, no de economistas (¿acaso los financieros saben de despilfarro, si lo hubiere, más que los clínicos?). Una vez se toma la decisión política de que donde no lleguen los impuestos lleguen las tasas, e identificados médicamente los servicios de afectación menor, nula o yatrogénica en la salud de la población, los economistas podemos finalmente intervenir. Una franquicia, un deducible, una cantidad fija, fija gradual, proporcional, variable, con un límite total, vinculado a la renta, como deducción fiscal o como parte de la base imponible, etc.

Recuerda siempre también un economista de la salud que en sanidad la demanda viene inducida por la oferta; que ésta, la naturaleza de la prestación sanitaria y sus agentes, son decisivos. ¿Renunciamos pues a actuar sobre éstos para incidir en la demanda, más frágil? La respuesta naturalmente es en las dos cosas.
Pero en este último caso se ha de hacer con tiento, ya que el paciente no es un consumidor típico que anteponga siempre preferencias, y las consecuencias en renta de trasladarle los costes, en el límite son catastróficas. Porque la pregunta relevante no es si se desea un copago, sino si se prefiere ver limitadas las prestaciones sanitarias públicas, excluyendo las de peor coste-efectividad, o en la medida que éstas sean efectivas, aunque no totalmente asumibles por la financiación pública, mejor es que se mantengan en un esfuerzo compartido. Y añadiríamos a ello que, puestos a limitar el catálogo público, quizás abrir la vía del aseguramiento complementario, copagando la prima con deducción fiscal, es una vía más robusta que un copago del paciente.

Al fin y al cabo, todo seguro, incluido el privado, respeta la solidaridad del que ha pagado la prima y no ha enfermado con el afiliado que ha tenido peor suerte.

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