Los españoles se blindan con la sanidad privada pese a la crisis
10,5 millones tienen ya seguro
El sector crece desde hace más de una década
El temor a los recortes y las pólizas de empresa, claves del aumento
Los españoles recurren cada vez más a la sanidad privada para garantizarse la asistencia médica. Casi 10,5 millones de personas están ya aseguradas y la tendencia, incluso en plena crisis, es al alza. El número de ciudadanos que contrataron una póliza ha aumentado este año un 1,6% -la tasa sería mayor si se contabilizasen, como se hacía hasta enero, pólizas pequeñas por servicios específicos-. Ese incremento no es puntual: en 2010, cuando la situación de las familias ya era complicada, subieron un 5,6%, según datos de ICEA, principal fuente del sector. Esta tendencia se registra desde hace más de una década, auspiciada por el crecimiento, el envejecimiento de la población y el desarrollo de la calidad de vida. El aumento de las empresas que deciden dar una cobertura sanitaria privada a sus trabajadores, y cierto temor de los ciudadanos a que los recortes repercutan en la calidad de la sanidad pública, hacen que las pólizas no decaigan, según los expertos.
Los españoles creen que el país tiene un buen sistema sanitario público. En el último barómetro de sanidad lo puntuaron con un 6,57 sobre 10 (en 2005 era de 6,14). Sin embargo, es ilustrativo que en estos tiempos de ajustes -también familiares- muchos decidan pagar por una prestación de la que ya disponen en el canal público. Un bien que han financiado, además, con sus impuestos. Para Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, muchos lo hacen empujados por el fantasma de los recortes.
"La gente tiene miedo a quedarse desprotegida. El cierre de camas y las listas de espera hacen que quien se lo puede permitir esté yendo a la privada", argumenta.
El escenario que dibuja Sendín es el de las medidas de ajuste que han puesto en marcha muchas autonomías. Fórmulas que van desde la supresión de camas hospitalarias o la disminución de ambulancias hasta la decisión de no cubrir las bajas del personal sanitario. En Cataluña, por ejemplo, donde los recortes están siendo muy severos, las listas de espera han aumentado un 30%.
Desde la sanidad privada admiten que la atmósfera generada por los recortes provoca que muchos ciudadanos se decanten por contratar una póliza. "Algunos sectores están poniendo en duda la sostenibilidad del sistema sanitario público actual; y esto genera inquietud en la población, que ve cómo se recortan servicios y garantías que hasta ahora disfrutaban", expone Ángel de Benito, vicepresidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) -que agrupa a la mayoría del sector privado-. No obstante, De Benito cree que el hecho de que los seguros privados hayan resistido se explica también por otros factores. "Las pólizas continúan creciendo en calidad y prestaciones; a lo que se añade que médicos y hospitales luchan por mantener los precios", dice.
Marciano Sánchez-Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), cree que ese clima de incertidumbre sobre la viabilidad del sistema es dañino, y que existe una corriente más interesada en empujar a la población a la privada que en mejorar la pública. "Se está haciendo a la gente creer erróneamente que la sanidad pública funciona peor y que ya no cubre cosas importantes", afirma. Sostiene también que la resurrección del debate sobre aplicar un copago por visita o receta provoca que la población piense que compensa ir a la privada. "Pero deben tener en cuenta que las pólizas tienen letra pequeña, como límites de acceso o de días de hospitalización", alerta.
La privada ha crecido también en beneficios. Las primas ingresadas por los seguros de salud alcanzaron en 2010 los 6.300 millones de euros. Un 4,2% más que en 2009. Desde entonces, sin embargo, los datos recogidos por ICEA -que analiza las cifras del 96% de las aseguradoras- muestran que el incremento sigue, pero no al ritmo ágil de ejercicios anteriores. En 2007%, por ejemplo, las primas ingresadas aumentaron un 9,8%.
Este año, pronostican fuentes del sector, los beneficios también subirán. Y eso es en buena parte debido a que las ofertas de las aseguradoras cada vez son más agresivas. Un factor que, según Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes -organización que agrupa a más de mil asociaciones de toda España-, también desempeña un papel determinante en el aumento del número de asegurados. "Hay un gran número de ofertas distintas, algunas con un precio muy bajo. Eso unido al clima generado por los recortes hace que la población no contemple prescindir de su seguro y que otros decidan cubrir su riesgo haciéndose uno", analiza.
Efectivamente, las ofertas se cuentan por decenas, aunque los precios varían mucho según el producto escogido -con o sin atención primaria, con una fórmula de reembolso de gastos, con lista cerrada o abierta de facultativos...-, el número de asegurados y su edad. Un seguro básico para una persona de edad media (los mayores suelen pagar precios más altos) puede oscilar entre los 35 y los 70 euros al mes, dependiendo de la compañía. "Una póliza puede costar menos de lo que supone un almuerzo al mes", dice Luis Miguel Ávalos, director del área de seguros generales de Unespa -la patronal de las aseguradoras-, que incide no obstante en que la privada no quiere competir en precio con la pública.
El crecimiento del sector no solo está sustentado en la decisión personal de la población. "Los seguros privados se están popularizando en el ámbito empresarial. Muchas compañías deciden dar a sus trabajadores una póliza como parte de sus beneficios sociales. Estos asegurados representan ya un millón", explica Ávalos. Y es que al hecho de que una póliza colectiva es más económica que una individual se une que las empresas pueden deducirse una parte de ese concepto como gasto social en la declaración del impuesto de sociedades y obtener así ventajas fiscales.
Un punto que desde la privada reclaman también para los asegurados individuales. Por ello, el IDIS comenzó ayer una campaña de recogida de firmas para pedir al nuevo Gobierno que las familias que contraten un seguro privado puedan desgravarse una parte en la declaración de la renta. Una opción similar a la que existió hasta 1998, cuando el Ejecutivo del Partido Popular, entonces en el poder, la eliminó. La postura del próximo Gobierno sobre este tema, sin embargo, no está clara. Hace unos meses su coordinadora de Política Sanitaria llegó a insinuar la posibilidad de implantar esa desgravación fiscal, una cuestión que no se ha vuelto a tocar desde entonces.
"Estas personas están descargando al sistema público del coste de su asistencia y de listas de espera. El suyo sí es un copago voluntario", dice De Benito. Con las cuentas del IDIS, un incentivo fiscal de un 15% para las rentas inferiores a 30.000 euros llevaría a un millón de personas a contratar un seguro. Población, dicen, que saldría de manera voluntaria del sistema -total o parcialmente-, lo que generaría un ahorro de hasta 1.500 millones de euros a la pública.
En la FADSP no están de acuerdo con esa medida. Creen que lo que está ocurriendo contribuye a mercantilizar la atención y acabar así con su carácter solidario. El presidente de los médicos menciona otro riesgo: "Si las clases medias y altas y las más formadas se van a la privada crecen la desigualdad social. Se puede producir una fractura y que se cree una sanidad para ricos y otra para pobres".
¿Es ese el futuro? Jovell no hace pronósticos, pero apunta que en España la privada tiene un carácter complementario. "La mayoría de asegurados van a la privada para lo cómodo, como las pruebas o el especialista, y dejan lo complejo para la pública", dice.
Para José Manuel Freire, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad, este sistema es injusto. "Si esa fórmula es buena debe ser para todos; si no, para ninguno. Ahora hay desigualdad", dice. "Estas personas tienen ciertos beneficios, como ayudas para prótesis, y pagan un 10% menos por los fármacos. Esas diferencias son negativas para la calidad y la prioridad que los servicios públicos tienen en la agenda política. No olvidemos que esos funcionarios son parte de la élite del país: profesores universitarios, directores generales...", observa.
Ángel de Benito, vicepresidente del IDIS -representante mayoritario del sector de la privada-, defiende la fórmula mutualista: "Sus costes son inferiores a los públicos. Por ejemplo, Muface paga 700 euros por asegurado al sector privado frente a los 1.300 que paga al público".
Marciano Sáchez-Bayle, de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, no está de acuerdo. Apunta, además, que hay funcionarios y beneficiarios (hijos o cónyuge) que gozan de doble cobertura y usan privada y pública a la vez, en vez de elegir, como deben. "Así el sistema público paga el doble por la misma persona", dice. Eso ocurre. Hace un mes Galicia detectó 7.000 funcionarios que usaban su mutua y la sanidad pública, lo que originaba un coste extra, según la Xunta, de cinco millones de euros por ejercicio.
Los españoles creen que el país tiene un buen sistema sanitario público. En el último barómetro de sanidad lo puntuaron con un 6,57 sobre 10 (en 2005 era de 6,14). Sin embargo, es ilustrativo que en estos tiempos de ajustes -también familiares- muchos decidan pagar por una prestación de la que ya disponen en el canal público. Un bien que han financiado, además, con sus impuestos. Para Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, muchos lo hacen empujados por el fantasma de los recortes.
"La gente tiene miedo a quedarse desprotegida. El cierre de camas y las listas de espera hacen que quien se lo puede permitir esté yendo a la privada", argumenta.
El escenario que dibuja Sendín es el de las medidas de ajuste que han puesto en marcha muchas autonomías. Fórmulas que van desde la supresión de camas hospitalarias o la disminución de ambulancias hasta la decisión de no cubrir las bajas del personal sanitario. En Cataluña, por ejemplo, donde los recortes están siendo muy severos, las listas de espera han aumentado un 30%.
Desde la sanidad privada admiten que la atmósfera generada por los recortes provoca que muchos ciudadanos se decanten por contratar una póliza. "Algunos sectores están poniendo en duda la sostenibilidad del sistema sanitario público actual; y esto genera inquietud en la población, que ve cómo se recortan servicios y garantías que hasta ahora disfrutaban", expone Ángel de Benito, vicepresidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) -que agrupa a la mayoría del sector privado-. No obstante, De Benito cree que el hecho de que los seguros privados hayan resistido se explica también por otros factores. "Las pólizas continúan creciendo en calidad y prestaciones; a lo que se añade que médicos y hospitales luchan por mantener los precios", dice.
Marciano Sánchez-Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), cree que ese clima de incertidumbre sobre la viabilidad del sistema es dañino, y que existe una corriente más interesada en empujar a la población a la privada que en mejorar la pública. "Se está haciendo a la gente creer erróneamente que la sanidad pública funciona peor y que ya no cubre cosas importantes", afirma. Sostiene también que la resurrección del debate sobre aplicar un copago por visita o receta provoca que la población piense que compensa ir a la privada. "Pero deben tener en cuenta que las pólizas tienen letra pequeña, como límites de acceso o de días de hospitalización", alerta.
La privada ha crecido también en beneficios. Las primas ingresadas por los seguros de salud alcanzaron en 2010 los 6.300 millones de euros. Un 4,2% más que en 2009. Desde entonces, sin embargo, los datos recogidos por ICEA -que analiza las cifras del 96% de las aseguradoras- muestran que el incremento sigue, pero no al ritmo ágil de ejercicios anteriores. En 2007%, por ejemplo, las primas ingresadas aumentaron un 9,8%.
Este año, pronostican fuentes del sector, los beneficios también subirán. Y eso es en buena parte debido a que las ofertas de las aseguradoras cada vez son más agresivas. Un factor que, según Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes -organización que agrupa a más de mil asociaciones de toda España-, también desempeña un papel determinante en el aumento del número de asegurados. "Hay un gran número de ofertas distintas, algunas con un precio muy bajo. Eso unido al clima generado por los recortes hace que la población no contemple prescindir de su seguro y que otros decidan cubrir su riesgo haciéndose uno", analiza.
Efectivamente, las ofertas se cuentan por decenas, aunque los precios varían mucho según el producto escogido -con o sin atención primaria, con una fórmula de reembolso de gastos, con lista cerrada o abierta de facultativos...-, el número de asegurados y su edad. Un seguro básico para una persona de edad media (los mayores suelen pagar precios más altos) puede oscilar entre los 35 y los 70 euros al mes, dependiendo de la compañía. "Una póliza puede costar menos de lo que supone un almuerzo al mes", dice Luis Miguel Ávalos, director del área de seguros generales de Unespa -la patronal de las aseguradoras-, que incide no obstante en que la privada no quiere competir en precio con la pública.
El crecimiento del sector no solo está sustentado en la decisión personal de la población. "Los seguros privados se están popularizando en el ámbito empresarial. Muchas compañías deciden dar a sus trabajadores una póliza como parte de sus beneficios sociales. Estos asegurados representan ya un millón", explica Ávalos. Y es que al hecho de que una póliza colectiva es más económica que una individual se une que las empresas pueden deducirse una parte de ese concepto como gasto social en la declaración del impuesto de sociedades y obtener así ventajas fiscales.
Un punto que desde la privada reclaman también para los asegurados individuales. Por ello, el IDIS comenzó ayer una campaña de recogida de firmas para pedir al nuevo Gobierno que las familias que contraten un seguro privado puedan desgravarse una parte en la declaración de la renta. Una opción similar a la que existió hasta 1998, cuando el Ejecutivo del Partido Popular, entonces en el poder, la eliminó. La postura del próximo Gobierno sobre este tema, sin embargo, no está clara. Hace unos meses su coordinadora de Política Sanitaria llegó a insinuar la posibilidad de implantar esa desgravación fiscal, una cuestión que no se ha vuelto a tocar desde entonces.
"Estas personas están descargando al sistema público del coste de su asistencia y de listas de espera. El suyo sí es un copago voluntario", dice De Benito. Con las cuentas del IDIS, un incentivo fiscal de un 15% para las rentas inferiores a 30.000 euros llevaría a un millón de personas a contratar un seguro. Población, dicen, que saldría de manera voluntaria del sistema -total o parcialmente-, lo que generaría un ahorro de hasta 1.500 millones de euros a la pública.
En la FADSP no están de acuerdo con esa medida. Creen que lo que está ocurriendo contribuye a mercantilizar la atención y acabar así con su carácter solidario. El presidente de los médicos menciona otro riesgo: "Si las clases medias y altas y las más formadas se van a la privada crecen la desigualdad social. Se puede producir una fractura y que se cree una sanidad para ricos y otra para pobres".
¿Es ese el futuro? Jovell no hace pronósticos, pero apunta que en España la privada tiene un carácter complementario. "La mayoría de asegurados van a la privada para lo cómodo, como las pruebas o el especialista, y dejan lo complejo para la pública", dice.
Dos millones de funcionarios
Los funcionarios judiciales, los de la Administración Civil del Estado, los de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil están en un régimen especial de la Seguridad Social. Pueden elegir (una vez al año) recibir asistencia sanitaria, gestionada por sus mutualidades -Mugeju, Muface e Isfas-, en la pública o en las entidades privadas concertadas con su mutualidad. El 85% -unos dos millones- elige la privada.Para José Manuel Freire, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad, este sistema es injusto. "Si esa fórmula es buena debe ser para todos; si no, para ninguno. Ahora hay desigualdad", dice. "Estas personas tienen ciertos beneficios, como ayudas para prótesis, y pagan un 10% menos por los fármacos. Esas diferencias son negativas para la calidad y la prioridad que los servicios públicos tienen en la agenda política. No olvidemos que esos funcionarios son parte de la élite del país: profesores universitarios, directores generales...", observa.
Ángel de Benito, vicepresidente del IDIS -representante mayoritario del sector de la privada-, defiende la fórmula mutualista: "Sus costes son inferiores a los públicos. Por ejemplo, Muface paga 700 euros por asegurado al sector privado frente a los 1.300 que paga al público".
Marciano Sáchez-Bayle, de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, no está de acuerdo. Apunta, además, que hay funcionarios y beneficiarios (hijos o cónyuge) que gozan de doble cobertura y usan privada y pública a la vez, en vez de elegir, como deben. "Así el sistema público paga el doble por la misma persona", dice. Eso ocurre. Hace un mes Galicia detectó 7.000 funcionarios que usaban su mutua y la sanidad pública, lo que originaba un coste extra, según la Xunta, de cinco millones de euros por ejercicio.
Pólizas de salud
- Unos 10,5 millones de personas tienen un seguro privado en España. Las pólizas han aumentado este año un 1,6%. En 2010 también crecieron (un 5,6%), según las cifras de ICEA, que recoge datos del 95% de las aseguradoras.- Unos dos millones de los asegurados son funcionarios. Este colectivo, que puede escoger recibir la prestación sanitaria en el canal público o en el privado, prefiere mayoritariamente (el 85%) esta última opción.
- Los asegurados a través de pólizas contratadas por sus empresas suponen ya un millón. Estas compañías pueden deducirse fiscalmente una parte.
- Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia agrupan a más del 70% de los asegurados, según los datos ICEA. Los asegurados, se concentran sobre todo en las ciudades, donde la red de atención del canal privado es mayor.
- Una póliza básica para una persona de edad media (los ancianos pagan más) puede costar entre 35 y 70 euros al mes, según la aseguradora.
- En 2010 las primas de los seguros de salud alcanzaron los 6.325 millones de euros. Un 4,2% más que en 2009.
- Los asegurados a través de pólizas contratadas por sus empresas suponen ya un millón. Estas compañías pueden deducirse fiscalmente una parte.
- Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia agrupan a más del 70% de los asegurados, según los datos ICEA. Los asegurados, se concentran sobre todo en las ciudades, donde la red de atención del canal privado es mayor.
- Una póliza básica para una persona de edad media (los ancianos pagan más) puede costar entre 35 y 70 euros al mes, según la aseguradora.
- En 2010 las primas de los seguros de salud alcanzaron los 6.325 millones de euros. Un 4,2% más que en 2009.
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