sábado, 15 de diciembre de 2012

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El Gobierno recurrirá ante el TC el euro por receta de Cataluña


Madrid (15-17/12/2012) - Redacción

Entiende que la tasa catalana "vulnera la normativa estatal prevista para garantizar la coordinación general de la Sanidad y la legislación de productos farmacéuticos. Además, considera que "perjudica" a la igualdad de los españoles, ya que este euro por receta "grava por dos veces" la adquisición de medicamentos

El Consejo de Ministros ha autorizado al presidente del Gobierno a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por la tasa judicial y la de un euro por receta aprobadas por la Generalitat de Cataluña el pasado mes de marzo.

En concreto, el recurso afecta a los artículos 16 y 41 de la ley de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas, después de que "no haya habido acuerdo" con el Gobierno de Artur Mas en las negociaciones mantenidas desde que se conocieron ambas tasas, según ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.

"De acuerdo con el informe del Consejo de Estado, se establecen tasas que afectan a supuestos regulados por una ley estatal y, en el caso de las tasas judiciales, con carácter general, que no pueden gravarse dos veces", ha apuntado.

En el caso del euro por receta, dicho informe dejó claro que las Comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos sanitarios, según lo establece la Constitución en el artículo 149. De este modo, el Gobierno entiende que la tasa catalana "vulnera la normativa estatal prevista para garantizar la coordinación general de la Sanidad y la legislación de productos farmacéuticos. Además, también entienden que "perjudica" a la igualdad de los españoles, ya que este euro por receta "grava por dos veces" la adquisición de medicamentos.

Para ello, ha recordado que el Gobierno ya ha creado un copago que "discrimina según renta", mientras que la tasa catalana es "lineal y afecta a polimedicados o personas con más necesidades sanitarias".

En ambos casos, se va a pedir la suspensión de ambas tasas "para evitar que los ciudadanos sigan pagando".
Además, ha dejado claro que el Gobierno ha decidido presentar el recurso de inconstitucionalidad una vez aprobada la norma y después de haber intentado llegar a un acuerdo con la Generalitat, como se ha conseguido con la tasa de patrimonio cultural, por lo que hasta que el euro por receta de la Comunidad de Madrid no entre en vigor no iniciarán el mismo proceso. "El euro por receta de Madrid no es norma todavía, no ha sido aprobado ni ha entrado en vigor, pero desde luego el Gobierno tratará de acercar posturas", ha avisado.

No obstante, Sáenz de Santamaría ha reconocido que la titular de Sanidad, Ana Mato, ya se ha puesto en contacto con la Comunidad Madrid para que sean "plenamente conscientes" de que, "en caso de aprobación, procederán de forma similar". "Actuaremos igual con cualquiera que sea la Administración si consideramos que incumple la norma", ha insistido.


Prescripción y dispensación de los medicamentos estupefacientes
El Consejo de Ministros también ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Sanidad, un Real Decreto que simplifica la prescripción y dispensación de los medicamentos estupefacientes de uso humano. El objetivo es mejorar el acceso a los pacientes que los necesitan que, por lo general padecen enfermedades que cursan con fuertes dolores, como algunos procesos oncológicos, y, a la vez, rebajar la carga burocrática de los profesionales. Al mismo tiempo, se mantienen todos los necesarios controles para evitar el uso indebido gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías en la prescripción, dispensación y vigilancia de los medicamentos estupefacientes.

La norma forma parte del desarrollo reglamentario de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Como tal, regula las características de las recetas oficiales y los requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano y veterinario.

Como novedad, el decreto establece que se requerirá una sola receta médica, frente a las dos necesarias hasta ahora. De este modo, se disminuyen las tareas administrativas de los profesionales sanitarios. La norma, además, amplía el plazo por el que pueden prescribirse estos medicamentos, que se fija en tres meses, frente al mes vigente en la actualidad. Se trata de medidas encaminadas a la mejora en el acceso a estos medicamentos en pacientes sometidos a tratamientos prolongados para paliar el dolor.

A la vez que se incorporan estas novedades, se mantienen los necesarios controles para evitar el uso indebido de este tipo de medicamentos y su desvío al tráfico ilícito. Esta vigilancia queda garantizada gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías para las prescripciones de los medicamentos estupefacientes.
El Real Decreto también regula los requisitos específicos para la prescripción y dispensación de los medicamentos estupefacientes de uso veterinario, que hasta el momento no disponían de una normativa legal específica al respecto.


Programas sociales
En otro orden de cosas, el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo para distribuir los créditos destinados a la financiación de programas sociales puestos en marcha por las comunidades autónomas durante el presente año. Son, por tanto, proyectos ya ejecutados cuya cuantía cubre también la Administración General del Estado, según el resultado de la reunión de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, celebrada el pasado mes de julio. El montante total de estos créditos asciende a 49.626.804 euros.

Los fondos permitirán financiar proyectos y planes sociales ya ejecutados a lo largo de 2012 por las propias administraciones autonómicas. El criterio que ha seguido la distribución es el de su interés social y el de su prioridad o importancia, de forma que aquellos proyectos fundamentales para mantener el tejido social básico son los que se han visto beneficiados.

Es el caso del Plan Concertado, dotado con 47,2 millones de euros, que servirá para sufragar los costes de los centros sociales esenciales para los entes locales, que son los destinatarios del citado Plan. Estos centros pueden ser albergues para personas sin hogar o centros de acogida para personas sin apoyo de ninguna clase entre sus familias o entornos.

En definitiva, la financiación del Plan Concertado persigue proporcionar a los ciudadanos servicios básicos, dar apoyo económico a los ayuntamientos y consolidar la red de asistencia de la Ley de Dependencia.
Otra de las actuaciones financiadas es la ayuda a domicilio en las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla.

El IMSERSO será el organismo encargado de tramitar el monto de financiación, 1,7 millones de euros, que se repartirán entre ambas del siguiente modo: 979.480 euros se dirigirán a Ceuta y 733.484 a Melilla. En los dos territorios concurren factores de orden social que hacen necesaria la canalización de estos créditos para programas de ayuda a domicilio.

Más de medio millón de euros (550.000) recibirán diferentes asociaciones del colectivo gitano para la ejecución de programas y proyectos, siempre y cuando estén orientados al fomento de la convivencia y de su integración en la sociedad, especialmente en el tejido de recursos sociales, en la educación y en el mercado laboral.

Asimismo, después de la edición celebrada en Galicia en 2011, este año ha sido País Vasco, en concreto Vizcaya, la sede del Congreso Estatal del Voluntariado, para lo que, dentro de los créditos aprobados, se ha fijado una cuantía de financiación de 75.000 euros.

Las administraciones central y autonómicas pactaron, además, que las Comunidades receptoras de las subvenciones controlen el destino de los fondos y presenten posteriormente una memoria de cada proyecto al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El Consejo de Ministros ha acordado, a su vez, la distribución de fondos a las comunidades autónomas para que procedan a la financiación de distintas actuaciones derivadas del Plan Nacional de Drogas. La Delegación del Gobierno encargada de dicha gestión asume esta distribución, cuya cuantía asciende a 6,7 millones de euros.

Los programas que recibirán los fondos han de caracterizarse por incidir en la prevención en menores y colectivos en riesgo de exclusión, con el acento en los ámbitos escolar y laboral. Asimismo, se financia el trabajo del Observatorio Español sobre Drogas, pues se nutre en gran medida de las notificaciones que comunican las comunidades autónomas.

Los planes de rehabilitación resultan prioritarios para la concesión de estos fondos, ya que se dirigen a los internos en prisiones. La prevención del consumo, la rehabilitación y la puesta por la inserción laboral son clave.

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