jueves, 13 de diciembre de 2012

Los pacientes crónicos pagarán según renta 20, 40 ó 120 euros al año por el transporte no urgente :: El Médico Interactivo ::

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Los pacientes crónicos pagarán según renta 20, 40 ó 120 euros al año por el transporte no urgente

Madrid (14/12/2012) - Redacción/E.P.

• El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desmiente que los pacientes crónicos vayan a pagar cinco euros por trayecto sanitario no urgente hasta 60 euros mensuales; y Ana Mato explica que el borrador de decreto lo propusieron las CCAA

• Los traslados entre centros sanitarios, incluida la hospitalización a domicilio, no están sometidos a aportación del usuario

Los pacientes crónicos pagarán, dependiendo se su renta, 20, 40 ó 120 euros al año como máximo por el transporte no urgente, según el borrador de la orden del Gobierno por la que se define la aportación reducida de la cartera común suplementaria en referencia al transporte del SNS, y que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad discutirá con las comunidades autónomas para su aprobación el próximo 20 de diciembre en el próximo Consejo Interterritorial.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha desmentido que los pacientes crónicos vayan a pagar cinco euros por trayecto sanitario no urgente hasta 60 euros mensuales. Según informa, los parados de larga duración y las pensiones más bajas no tendrán que aportar nada por esta prestación y los pacientes crónicos con rentas hasta 100.000 euros aportarán por el transporte sanitario no urgente entre 1,6 y 3,3 euros al mes.
Con esta medida, incide Sanidad, se unifica la aportación de los usuarios en toda España en función de la renta y de la enfermedad. Y para proteger a los pacientes de zonas alejadas o rurales, se establece una aportación única por trayecto
Las CCAA, junto con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, han elaborado un borrador de orden ministerial que regula la aportación del usuario en transporte sanitario no urgente. Esta prestación está incluida dentro de la cartera común suplementaria. El transporte sanitario urgente queda blindado y no tendrá ninguna aportación por parte del usuario.
El borrador destaca que en estos enfermos la aportación máxima será con carácter semestral en lugar de mensual. Aunque, aclara, se entiende como beneficiarios a aquellos en los que se prevean traslados periódicos por un periodo superior a seis meses, con una frecuencia de, al menos, cuatro traslados semanales o dos servicios de ida y vuelta.
Así, para aquellos pacientes crónicos cuya renta sea igual o superior a 100.000 euros se establece un límite máximo de 60 euros al semestre; para las personas que ostenten la condición de asegurado activo o pensionista y sus beneficiarios, cuya renta sea igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros se establece un límite de 20 euros al semestre; mientras que las personas que ostenten la condición de asegurado activo o que son pensionistas, así como para los titulares de mutualidades de funcionarios, se establece un límite de diez euros cada seis meses.
Los mismos niveles de renta y cantidades serán las que se tenga que pagar, aunque mensualmente, por el transporte sanitario no urgente con carácter general no periódico. Es decir, aquel paciente no crónico que utilice de manera puntual este servicio, estableciendo en un diez por ciento la aportación tomando como base de cálculo (BCA) la cantidad de 50 euros, es decir cinco euros por viaje, diez en caso de ida y vuelta.


Un borrador que debe ser aprobado
Fuentes de Sanidad han recordado que "se trata de un borrador que aún debe ser aprobado"  y que, en cualquier caso, "los topes mensuales están establecidos para personas que circunstancialmente necesiten transporte sanitario no urgente". Por el contrario, aclaran, los pacientes que requieran de un tratamiento prolongado por el que necesitan de transporte sanitario no urgente harán una aportación "simbólica" semestral.
Estarán exentos de aportación los afectados de síndrome tóxico; las personas con discapacidad que sean beneficiarias del sistema especial de prestaciones sociales y económicas, y aquellas otras personas con discapacidad que igualmente se encuentren en supuestos de exención contemplados en su normativa específica.
Asimismo, no pagarán las personas perceptoras de rentas de integración social; los perceptores de pensiones no contributivas; los parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista su situación; y las personas que requieran tratamientos derivados de accidente de trabajo o enfermedad profesional, si bien su financiación correrá a cargo de la correspondiente Mutua de Accidentes de Trabajo, del Instituto Nacional de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina.


Criterios comunes para las CC.AA.
Esta orden ha sido informada por la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación, el Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del SNS y el Consejo Interterritorial del SNS. Han sido oídos los distintos sectores afectados, así como el Consejo de Consumidores y Usuarios.
La orden destaca que la indicación del transporte sanitario no urgente requerirá la existencia de deficiencia, física, sensorial, cognitiva o psíquica que cause incapacidad para poder desplazarse de forma autónoma y que, a juicio del facultativo prescriptor, no permita utilizar los medios ordinarios de transporte públicos o privados.
Sanidad pondrán a disposición de los facultativos prescriptores de transporte sanitario, criterios comunes de indicación del transporte sanitario no urgente, como herramienta que permita la valoración de la incapacidad para el uso de medios ordinarios de transporte.
Los traslados entre centros sanitarios, incluida la hospitalización a domicilio, no se consideran incluidos en el concepto de transporte sanitario no urgente, por lo que este tipo de traslados no está sometido a aportación del usuario.
La orden del Gobierno, que regula también las situaciones en las que el paciente puede ir acompañado, establece que los centros sanitarios de origen y/o destino deben ser centros propios o vinculados del SNS, o haber sido su utilización objeto de autorización específica. Del mismo modo, se entiende por domicilio del paciente el lugar de residencia habitual o temporal, en el momento de la prescripción del transporte sanitario.


Propuesto por las CC.AA.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha aclarado en los pasillos del Congreso que el texto que abre la puerta al copago en el transporte de pacientes en ambulancia, "de momento", es un "borrador técnico" que ha sido propuesto y elaborado por los técnicos de las comunidades autónomas.
"Los técnicos son de las comunidades autónomas y son los que han hecho la propuesta", ha insistido la responsable de Sanidad, al mismo tiempo que ha recordado que el texto será debatido en el próximo Consejo Interterritorial del jueves 20 de diciembre. "Allí adoptaremos la decisión", ha apostillado.
En este sentido, ha señalado que en el caso del transporte sanitario urgente "nadie tendrá que hacer ninguna aportación" económica.
Mientras, en el caso del transporte sanitario no urgente, ha asegurado que estarán exentos de pago las personas sin rentas, o con las rentas más bajas, como los pensionistas, aunque el resto sí deberá pagar en función de su renta.
Preguntada sobre los enfermos crónicos, Mato ha puntualizado que estos tendrán que pagar en función de su renta, aunque su aportación ha dicho que será "mínima". "Lo más importante es que el transporte sanitario urgente no tendrá ninguna aportación, las personas que tienen las rentas más bajas tampoco tendrán que aportar nada y el resto lo hará en función de la renta", ha resumido.


PSOE va a "exigir" la retirada de la medida
El diputado socialista José Martínez Olmos ha asegurado que el PSOE va a "exigir" la retirada de la medida incluida en un borrador del Gobierno por la que considera que podría cobrarse el transporte sanitario no urgente a los crónicos.
A su juicio, la posibilidad de cobrar 20, 40 ó 120 euros anuales, según renta, a estos pacientes es "una auténtica barbaridad y un despropósito". Para él, es una medida más, que perjudica a la gente que más necesidades tienen, "los pacientes crónicos y los pensionistas".
Respecto a estos últimos, Martínez Olmos señala que el conjunto de las reformas sanitarias efectuadas por el Gobierno "les supone un 15 por ciento de la retribución media". Esto lo achaca, además de al aspecto del transporte, "al copago de medicamentos, el copago de las prótesis o el copago de los medicamentos de uso hospitalario".
Además, lamenta que todo esto se produzca "en un momento en el cual la crisis económica esta golpeando de una manera tan relevante a la sociedad". En su opinión, pagar por servicios que son indicados por los médicos "es deplorable".
"No deberían de pagar en absoluto porque un transporte sanitario no urgente es una necesidad de la persona", continúa el socialista, que expone el caso de los enfermos que tengan que hacerse una hemodiálisis como ejemplo. Además, expone las circunstancias de los ancianos que residen en poblaciones rurales o el de los ciudadanos de Ceuta y Melilla que, "en muchas ocasiones, se tienen que desplazar en transporte sanitario no urgente para ir a la Península porque no tienen todos los servicios sanitarios en sus hospitales de referencia".
Todo ello, va a acarrear en los pacientes "las mismas consecuencias de siempre" cuando se ponen copagos, destaca Martínez Olmos. "La gente va a tener miedo de utilizar los servicios y, por lo tanto, van a perjudicar su salud, este es el problema fundamental", lamenta.
Añadido a ello explica que "ahora se paga más por todo y se tiene menos de todo", algo con lo que "no está de acuerdo. Para él, hay alternativas para que la Sanidad sea sostenible "sin tener que tocar el bolsillo de la gente, y de la gente que más necesidades tiene".
Sin embargo, Martínez Olmos asegura que va a haber más reformas, ya que "el Partido Popular creó una tercera cartera de servicios, a la que llaman Accesorios", la cual va a incluir "copagos". "Poco a poco iremos viendo cómo se va afectando el bolsillo de la gente", concluye.


La FADSP censura la iniciativa
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) considera que el copago del transporte sanitario no urgente para determinados pacientes que podría aprobarse en el Consejo Interterritorial del SNS de la próxima semana es un "verdadero despropósito" que tendrá un efecto "muy negativo" sobre las personas con mayores problemas de salud, con bajos ingresos y los residentes en zonas rurales.
Además, recuerda que esta nueva medida "se produce en un entorno en el que ya se han instaurado copagos sobre los medicamentos, se han excluido medicamentos de la financiación pública, se establecieron copagos sobre las ortesis y prótesis y sobre dietoterapia, y en el que hay una grave crisis económica que hace aumentar el paro, y no se produce la revalorización de las pensiones. Además -añade- tenemos que sumar el euro por receta ya vigente en Cataluña y que amenaza por implantarse también en Madrid con la complicidad del Ministerio de Sanidad".
Por ello, asegura que el efecto de esta nueva medida tendría "un efecto muy negativo sobre las personas con mayores problemas de salud (sobre todo enfermedades crónicas) los que tienen bajos ingresos (pensionistas y/o desempleados) y a quienes viven en el ámbito rural que depende de este transporte para recibir atención especializada, la realización de pruebas diagnósticas y recibir algunos tratamientos".
Además, estima que el hecho de que se arbitren topes en los copagos que están en manos de las comunidades autónomas supondrá "otro nuevo caos como el de los medicamentos, y en algunas comunidades supondrán un préstamo a las mismas a coste cero que realizaran las personas con menores ingresos, en muchos caso a costa de su salud".
La FADSP recuerda que este tipo de medidas "no son una solución y  generan graves problemas para la salud de las personas". Por ello, reitera su rechazo a los copagos establecidos en la Sanidad porque "aumentan la desigualdad en el acceso a la salud y cada vez serán más las personas que no podrán recibir la atención sanitaria", que calcula superan los seis millones en todo el país.

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