Montero alerta de amenazas a las farmacéuticas en la nueva subasta
La Junta sospecha que el Gobierno puede presionar otra vez a los laboratorios
Reyes Rincón Sevilla 18 DIC 2012 - 21:16 CET
Pastillas y píldoras de diferentes fármacos.
Tras conocer el pasado viernes que el Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión cautelar sobre la subasta andaluza, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el Ejecutivo central acatará el auto. Pero la Junta sospecha que el Gobierno de Mariano Rajoy puede intentar limitar los efectos de la convocatoria de fármacos (un ahorro de 200 millones de euros al año para las arcas andaluzas) mediante presiones a los laboratorios farmacéuticos.
Lo denunció este miércoles la consejera de Salud, María Jesús Montero, quien alertó de un nuevo intento de amenaza a los laboratorio por parte del Gobierno para que no se presenten a la nueva subasta de fármacos. Las sospechas de Montero se basan en una entrevista concedida hace un mes por el director general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, Agustín Rivero, a Diario Médico. En la conversación, el colaborador de Ana Mato advertía de que si la Junta convocaba otra subasta, el Gobierno obligaría a las empresas adjudicatarias a bajar el precio de sus fármacos en todo el país.
La Junta ya denunció un intento de boicoteo contra la anterior subasta, que se adjudicó a una semana de las elecciones autonómicas, cuando el Partido Popular se veía como seguro ganador. El día de la firma del contrato con la Junta, siete de las 11 empresas adjudicatarias dieron plantón al SAS, que aseguró que los laboratorios habían recibido llamadas de altos cargos del PP para que renunciaran a la adjudicación andaluza. Unas semanas después, Sanidad amenazó de nuevo a algunas de estas empresas (entre ellas multinacionales como Bayer, Rambaxy o Abbot) con bajarles los precios en todo el país hasta igualar la oferta que habían hecho a Andalucía.
Lo que hizo el Ministerio de Sanidad fue cambiar el sistema de financiación de los principios activos, de forma que la sanidad pública ya solo financia el de la marca que ofrezca el precio más bajo. A las empresas les interesa ofrecer un precio bajo en Andalucía porque si resultan adjudicatarios en la subasta se aseguran las ventas para una comunidad de más de ocho millones de habitantes. Pero si el Gobierno consuma su amenaza, tendrían que ofrecer ese mismo precio a todas las comunidades, lo que podría no compensarles.
Montero confía, sin embargo, en que los laboratorios van a acudir a la llamada de la Junta. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) prevé publicar mañana la resolución por la que convocará la nueva subasta de fármacos, con la que pretende ahorrar entre 200 y 210 millones de euros en 2013. La intención de la Junta es licitar 372 principios activos en cuya compra gasta el SAS gasta cada año alrededor de 890 millones de euros. El Gobierno andaluz espera rebajar en un 25% esta factura gracias a la subasta.
Entre otros medicamentos, se sacarán a concurso los antidiabéticos orales, antidepresivos, antiepilépticos, los fármacos para luchar contra la osteoporosis y varios analgésicos. La titular de Salud espera que las farmacias empiecen a dispensar los fármacos adjudicados entre abril y mayo de 2013.
Lo denunció este miércoles la consejera de Salud, María Jesús Montero, quien alertó de un nuevo intento de amenaza a los laboratorio por parte del Gobierno para que no se presenten a la nueva subasta de fármacos. Las sospechas de Montero se basan en una entrevista concedida hace un mes por el director general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, Agustín Rivero, a Diario Médico. En la conversación, el colaborador de Ana Mato advertía de que si la Junta convocaba otra subasta, el Gobierno obligaría a las empresas adjudicatarias a bajar el precio de sus fármacos en todo el país.
La Junta ya denunció un intento de boicoteo contra la anterior subasta, que se adjudicó a una semana de las elecciones autonómicas, cuando el Partido Popular se veía como seguro ganador. El día de la firma del contrato con la Junta, siete de las 11 empresas adjudicatarias dieron plantón al SAS, que aseguró que los laboratorios habían recibido llamadas de altos cargos del PP para que renunciaran a la adjudicación andaluza. Unas semanas después, Sanidad amenazó de nuevo a algunas de estas empresas (entre ellas multinacionales como Bayer, Rambaxy o Abbot) con bajarles los precios en todo el país hasta igualar la oferta que habían hecho a Andalucía.
Lo que hizo el Ministerio de Sanidad fue cambiar el sistema de financiación de los principios activos, de forma que la sanidad pública ya solo financia el de la marca que ofrezca el precio más bajo. A las empresas les interesa ofrecer un precio bajo en Andalucía porque si resultan adjudicatarios en la subasta se aseguran las ventas para una comunidad de más de ocho millones de habitantes. Pero si el Gobierno consuma su amenaza, tendrían que ofrecer ese mismo precio a todas las comunidades, lo que podría no compensarles.
Montero confía, sin embargo, en que los laboratorios van a acudir a la llamada de la Junta. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) prevé publicar mañana la resolución por la que convocará la nueva subasta de fármacos, con la que pretende ahorrar entre 200 y 210 millones de euros en 2013. La intención de la Junta es licitar 372 principios activos en cuya compra gasta el SAS gasta cada año alrededor de 890 millones de euros. El Gobierno andaluz espera rebajar en un 25% esta factura gracias a la subasta.
Entre otros medicamentos, se sacarán a concurso los antidiabéticos orales, antidepresivos, antiepilépticos, los fármacos para luchar contra la osteoporosis y varios analgésicos. La titular de Salud espera que las farmacias empiecen a dispensar los fármacos adjudicados entre abril y mayo de 2013.
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