Sanidad respeta la decisión del TC sobre la subasta andaluza de fármacos pero recuerda que "invade competencias del Estado"

Madrid (20/12/2012) - E.P.

La ministra Ana Mato afirma acatar la resolución pero ha amenazado a la Junta con "verse en los tribunales" si no "reconsidera" aquellas medidas que vayan en contra de "preservar el interés general de todos los ciudadanos"

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha valorado el levantamiento de la suspensión cautelar de la subasta de medicamentos en Andalucía acordado por el Tribunal Constitucional desde el "respeto", aunque ha recordado que la medida "invade competencias propias del Estado".
En respuesta a una pregunta del diputado del PSOE y coordinador de la Interparlamentaria Socialista Andaluza, Miguel Ángel Heredia, la ministra afirma acatar la resolución pero ha amenazado a la Junta con "verse en los tribunales" si no "reconsidera" aquellas medidas que vayan en contra de "preservar el interés general de todos los ciudadanos".
Asimismo, ha recordado que "el TC no ha decidido absolutamente nada sobre la legalidad o ilegalidad de esta medida, ni tampoco del decreto vasco, porque, sencillamente, no ha entrado en el fondo del asunto, y simplemente se ha pronunciado sobre la suspensión".
Por otra parte, ha vuelto a recordar que el Gobierno ya ha adaptado medidas para ahorrar en el gasto de medicamentos, como ha sido la puesta en marcha de nuevos precios de referencia y la central de compras.
"El objetivo del Ministerio es que estas medidas sean para toda España y que se beneficien de las mismas los andaluces y el resto de los españoles, respetando el principio de equidad y velando para corregir desigualdades", ha añadido.
Finalmente, Mato ha acusado a la Junta de "demagogia" y ha recordado que dicha subasta fue convocada por "motivos partidistas"; "¿Si las subasta les parecía tan buena porque no se desarrolló en ocho años?", se ha preguntado, para terminar respondiendo que "probablemente" se debe a que "hay un informe valorando negativamente la subasta".
Por su parte, el diputado socialista ha defendido la subasta y ha lamentado las políticas "insolidarias de la derecha española", a la que acusa de estar "disfrazada" con la "retórica neoliberal", que "quiere convertir el Estado de bienestar en beneficio de unos pocos y beneficencia para la mayoría".
Asimismo, afirmado que el sistema sanitario de Andalucía se ha convertido para el Gobierno "en un testigo incómodo", ya que "es la demostración práctica de que hay otra forma distinta de hacer las cosas".
Esto, a su juicio, ha motivado el recurso ante el TC, que "les ha quitado la razón, porque la razón está de parte de la Junta de Andalucía", y de la medida con la que se pretende ahorra 200 millones de euros.
"El TC no solo le ha dado la razón a Andalucía, sino que les ha tenido que recordar a ustedes que su obligación es distribuir equitativamente los recursos disponibles", ha señalado Heredia, quien ha terminado recomendado a Sanidad "aprender de las iniciativas del Gobierno andaluz en lugar de combatirlas, porque son las que mejor representan el espíritu de la Constitución".

Privatización de la Sanidad
Además, la ministra ha retado al PSOE en el Congreso a organizar un "campeonato" de Comunidades con servicios esenciales privatizados ya que, según ha advertido, las autonomías gobernadas por este partido "están a la cabeza de ese ránking". Así lo ha destacado en la sesión de control al Gobierno en respuesta a una pregunta del diputado socialista José Martínez Olmos sobre los procesos de privatización puestos en marcha en los servicios sanitarios de varias CC.AA. "No puede ser que si privatiza el PSOE es gestión pública y si lo hacen gobiernos de otro color político lo critican", ha espetado la ministra, aludiendo a las "privatizaciones y conciertos sanitarios en Andalucía".
De igual modo, Mato también ha acusado a los socialistas de "mostrar más o menos simpatía" según la Comunidad en la que se celebren las huelgas y manifestaciones que están protagonizando los profesionales sanitarios. "A mí me preocupan todas, porque tienen repercusión sobre los pacientes, que es el único centro de atención que yo tengo en cuenta, y espero que el diálogo de las comunidades con sectores afectados lleve a un acuerdo, teniendo en cuenta que en el momento de crisis económica en que estamos, todos tenemos que contribuir", según ha precisado.
La ministra del ramo ha insistido también en que ella respeta "todas las decisiones que adopten los gobiernos autonómicos en materia sanitaria "siempre que se ajusten al marco constitucional y a la legislación vigente".
Asimismo, ha defendido las reformas puestas en marcha para que "el sistema funcione, esté saneado" y todos los españoles tengan acceso a los mismos derechos en todos los lugares de España. "Mi primera obligación era garantizar que el Sistema Nacional de Salud no se cierre por quiebra, y créame que lo estamos consiguiendo", ha aseverado.
Por su parte, Martínez Olmos ha asegurado que cuando ellos vuelvan al Gobierno "rectificarán" todas las decisiones que se están adoptando y "pondrán los centros en manos públicas". "No se pueda acabar con un logro que tanto ha costado conseguir", ha recordado.
Asimismo, ha preguntado a Mato si comparte la preocupación de los "miles y miles de profesionales" que se están manifestando "preocupados por el futuro de los hospitales" o cree que se equivocan en sus reivindicaciones.

Mapa del conocimiento español
El Congreso de los Diputados ha respaldado de forma unánime una iniciativa que insta al Gobierno a desarrollar el mapa del conocimiento español, incluyendo todos los centros públicos de innovación, como parques científicos y tecnológicos, universidades, los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y aquellos sectores estratégicos de innovación, como vía para impulsar la I+D+i en España.
La iniciativa, que en primera instancia había sido presentada por el PP, ha sido consensuada vía enmienda transaccional con CiU y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), que posteriormente han respaldado los grupos parlamentarios.
En ella, también se reclama al Ejecutivo que traslade este mapa del conocimiento a una herramienta de consulta pública, accesible, bien estructurada por tipo de infraestructura, en continua actualización y que disponga de la información esencial de una manera compresible, así como la posibilidad de desplegar la información más completa sobre las actividades de los grupos de investigación, proyectos más relevantes, principales publicaciones, empresas con las que colaboran, disponibilidad de equipos o instalaciones, patentes y empresas de base tecnológica, entre otros puntos.
Es más, quiere que el Gobierno cree una página web de carácter institucional, donde se reflejen los aspectos anteriormente mencionados del sistema español de I+D+i, que ofrezcan conjuntamente de "forma homogénea, sistematizada, sencilla y muy accesible", y que cuente con un buscador efectivo.
Igualmente, los grupos del Congreso creen que el Ejecutivo debe permitir un sistema de búsqueda para las empresas con total confidencialidad, especificando las características, las aptitudes o las competencias profesionales que precisan.
En concreto, reclaman que la aplicación proporcione un listado de ofertas y capacidades tecnológicas, patentes, empresas de base tecnológica, resultados de investigación o, según lo solicitado, instalaciones, equipos, investigadores u otras personas que reúnen el perfil requerido, con el currículum, los datos de contacto y demás información que se considere relevante.
En este sentido, quieren que se promocione dentro de esta página web una "mayor y más sistematizada" información sobre la oferta formativa, con el acceso a una herramienta que permitiese detectar las titulaciones existentes y dónde se imparten, a partir de consultas sobre las materias que se desean estudiar o las capacitaciones que se quieran obtener.
Por otro lado, desean que el Gobierno incluya un apartado donde el sector empresarial pudiese realizar sus ofertas de empleo, especificando las características, las aptitudes y las competencias profesionales que precisan para cubrir un puesto de trabajo, y en la que la aplicación de esa página pudiese proporcionar un listado de las personas que reúnen ese perfil, con el currículum, el detalle de la formación adquirida y los datos de contacto.
De igual forma, pretende que se incorpore la publicidad de la información referida a I+D+i en el desarrollo de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en los términos establecidos en ella.
Además, requiere que se revisen los mapas ya realizados por los anteriores planes de investigación, los propios centros públicos de investigación, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y los inventarios hechos por las distintas comunidades autónomas en el marco de sus competencias.
Finalmente, plantea el desarrollo del mapa del conocimiento español y cada uno de los puntos anunciados deberán llevarse a cabo en colaboración con los distintos agentes, teniendo en cuenta la especificidad de cada territorio y con el estricto respeto a las competencias autonómicas en la materia.
El portavoz del PP en la materia, Alejandro Fernández, ha defendido que la I+D+i española está "dispersa" y por ello se han tomado "decisiones erróneas" en la Ciencia. Así, subraya que este mapa del conocimiento permitirá conocer quién y qué investiga, desde el ámbito universitario hasta la investigación en empresas o la innovación en parques tecnológicos y favorecerá las sinergias entre ellos.
Mientras, el portavoz socialista en la materia, Miguel Cortizo, ha pedido al Gobierno que se dé prisa antes de que no quede nada de la Ciencia en España porque, en su opinión, es el Ejecutivo que agrede "más duramente" a la ciencia y a la tecnología del país y está provocando el exilio de miles de jóvenes investigadores.