Tribuna. Marina Geli
¿Podremos articular en 2013 un acuerdo?
En los últimos dos años se han producido más cambios de fondo en el sistema sanitario público que en treinta años de democracia.
Marina Geli Exconsejera de Salud catalana | 13/12/2012 00:00
En los últimos dos años se han producido más cambios de fondo en el sistema sanitario público que en treinta años de democracia. Cambios que están poniendo en peligro la equidad y la calidad del sistema de Cataluña y de España, así como la pérdida de la universalidad en el acceso a los servicios, vinculada sólo al hecho de ser ciudadano empadronado desde la Ley General de Sanidad (1986); el Real Decreto del Gobierno del PP - muy probablemente inconstitucional- vuelve a vincular sistema sanitario al asegurado, y el País Vasco, Cataluña y Andalucía han anunciado sistemas de acceso alternativos, aún por concretar.
Los recortes lineales se han justificado mediante un falso relato de insostenibilidad, de mala gestión, e incluso de dudosa legalidad. Deliberadamente, se ha articulado desde varios frentes un discurso negativo sobre el sistema, intencionado, aprovechando la crisis, el miedo y la resignación. La accesibilidad al sistema, al diagnóstico y a los tratamientos está empeorando. La destrucción de puestos de trabajo y precariedad laboral son el pan de cada día. Y no existe liderazgo para hacer frente a reformas estructurales y encontrar grandes acuerdos.
En Cataluña, durante dos años, el Gobierno de Artur Mas ha anunciado reformas en el Instituto Catalán de la Salud (ICS) o en el Hospital Clínico, pero están paradas o por llegar, sin liderazgo alguno ni transparencia. A este inmovilismo se añade el copago a los pensionistas y un incremento para el resto de la población del precio de los fármacos, al que se suma el euro por receta en Cataluña y en la comunidad de Madrid. Igualmente, copagos en curso para el transporte sanitario, la rehabilitación o la ortoprótesis. Hay que hacer un seguimiento preciso de cómo estos factores pueden está empeorando la salud de personas en situación de precariedad económica.
El sector privado está viendo la crisis económica como una oportunidad: primero en Valencia, y ahora extendiéndose a Madrid y Castilla-La Mancha. Las aseguradoras privadas aumentan los clientes y, decididamente, quieren ser proveedores del sector público (Asisa, DKV ...); hay actividades financieras de capital riesgo asociadas a Capio o Quirón-USP; bancos que apuestan por entrar en la gestión y constructoras que miran al sector salud. Recientemente, el Gobierno en funciones en Cataluña ha adjudicado a Eulen -multinacional sin experiencia en asistencia primaria- el Área Básica de Salud ABS de La Escala, en Gerona, rompiendo el modelo catalán de 30 años.
¿La crisis y el dogma de la austeridad son la causa o la excusa para sacar adelante una concepción ideológica compartida por CiU y PP? ¿Es posible en España y en Cataluña un pacto para salvar el sistema público? ¿Qué ha cambiado en Cataluña en dos años para que haya que hacer una defensa colectiva de su modelo? Aquel sistema, iniciado en 1980, por Ramón Espasa -primer Gobierno de la Generalidad recuperada del presidente Josep Tarradellas-, después del traspaso de competencias que emanaba del Estatuto de Autonomía de 1979, y consolidado en 1990 con la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LOSC). No me resigno a contemplar la pérdida de equidad y calidad del sistema y sus consecuencias en las personas y profesionales y en la economía. ¿Podremos articular el 2013 un acuerdo basado en los temas sustantivos, en Cataluña y en España?
Desde 2005 propongo siete puntos:
1. Garantías de aseguramiento público universal, con cartera básica para toda persona empadronada.
2. Otorgar el papel de evaluador independiente a la Agencia de Calidad -a modo del NICE del Reino Unido-, consorciada con las comunidades autónomas.
3. Que los presupuestos 2013-2016 se diseñen en base a los costes reales y que incorporen ganancias de eficiencia por reformas estructurales.
4. Hacer de la Salud Pública la prioridad.
5. Replantear el sistema de atención de las personas con enfermedades crónicas.
6. Dejar en manos de cada comunidad autónoma las decisiones de la gestión de los servicios sanitarios públicos.
7. Liderar el sector salud como un actor preferente de la economía del conocimiento en Cataluña y España.
Nos estamos jugando los próximos veinte años: volver a la sociedad de los años setenta, con muchas diferencias por razón de clase social. El pacto entre clases medias y populares para tener un sistema sanitario de alta calidad debe rehacerse.
En Cataluña, durante dos años, el Gobierno de Artur Mas ha anunciado reformas en el Instituto Catalán de la Salud (ICS) o en el Hospital Clínico, pero están paradas o por llegar, sin liderazgo alguno ni transparencia. A este inmovilismo se añade el copago a los pensionistas y un incremento para el resto de la población del precio de los fármacos, al que se suma el euro por receta en Cataluña y en la comunidad de Madrid. Igualmente, copagos en curso para el transporte sanitario, la rehabilitación o la ortoprótesis. Hay que hacer un seguimiento preciso de cómo estos factores pueden está empeorando la salud de personas en situación de precariedad económica.
El sector privado está viendo la crisis económica como una oportunidad: primero en Valencia, y ahora extendiéndose a Madrid y Castilla-La Mancha. Las aseguradoras privadas aumentan los clientes y, decididamente, quieren ser proveedores del sector público (Asisa, DKV ...); hay actividades financieras de capital riesgo asociadas a Capio o Quirón-USP; bancos que apuestan por entrar en la gestión y constructoras que miran al sector salud. Recientemente, el Gobierno en funciones en Cataluña ha adjudicado a Eulen -multinacional sin experiencia en asistencia primaria- el Área Básica de Salud ABS de La Escala, en Gerona, rompiendo el modelo catalán de 30 años.
¿La crisis y el dogma de la austeridad son la causa o la excusa para sacar adelante una concepción ideológica compartida por CiU y PP? ¿Es posible en España y en Cataluña un pacto para salvar el sistema público? ¿Qué ha cambiado en Cataluña en dos años para que haya que hacer una defensa colectiva de su modelo? Aquel sistema, iniciado en 1980, por Ramón Espasa -primer Gobierno de la Generalidad recuperada del presidente Josep Tarradellas-, después del traspaso de competencias que emanaba del Estatuto de Autonomía de 1979, y consolidado en 1990 con la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LOSC). No me resigno a contemplar la pérdida de equidad y calidad del sistema y sus consecuencias en las personas y profesionales y en la economía. ¿Podremos articular el 2013 un acuerdo basado en los temas sustantivos, en Cataluña y en España?
Desde 2005 propongo siete puntos:
1. Garantías de aseguramiento público universal, con cartera básica para toda persona empadronada.
2. Otorgar el papel de evaluador independiente a la Agencia de Calidad -a modo del NICE del Reino Unido-, consorciada con las comunidades autónomas.
3. Que los presupuestos 2013-2016 se diseñen en base a los costes reales y que incorporen ganancias de eficiencia por reformas estructurales.
4. Hacer de la Salud Pública la prioridad.
5. Replantear el sistema de atención de las personas con enfermedades crónicas.
6. Dejar en manos de cada comunidad autónoma las decisiones de la gestión de los servicios sanitarios públicos.
7. Liderar el sector salud como un actor preferente de la economía del conocimiento en Cataluña y España.
Nos estamos jugando los próximos veinte años: volver a la sociedad de los años setenta, con muchas diferencias por razón de clase social. El pacto entre clases medias y populares para tener un sistema sanitario de alta calidad debe rehacerse.
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