El PSOE ve como “un varapalo” a Ana Mato y al PP el dictamen del Consejo de Estado que cuestiona el copago del transporte sanitario no urgente
Madrid (11-13/01/2014) - Redacción
• El dictamen es "demoledor" y lo que pone de manifiesto es "el caos, la falta de rigor y la improvisación de Ana Mato", dice Trinidad Jiménez, quien insta al Gobierno a "paralizar" su política de recortes en política sanitaria
• La FADSP, por su parte, exige la retirada de los copagos o la dimisión de los responsables del Ministerio de Sanidad
La Secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, ha calificado de "auténtico varapalo" a la ministra Mato y a la política sanitaria del PP el dictamen emitido por el Consejo de Estado sobre el borrador de Real Decreto que prepara el Ministerio de Sanidad para implantar el copago en el transporte sanitario no urgente. A su juicio este dictamen, que ha hecho público un medio de comunicación, es "demoledor" y lo que pone de manifiesto es "el caos, la falta de rigor y la improvisación de Ana Mato" que está gestionando la sanidad pública de todos los españoles "muy mal".
Jiménez ha destacado que las conclusiones del informe señalan que "no merece la pena" imponer este copago a los ciudadanos porque, según las cifras de la memoria económica aportada por el propio Ministerio, cuesta más la implantación del sistema que lo que se recaudaría.
Además, ha querido poner de manifiesto que los colectivos más afectados por su implantación serán los enfermos crónicos y los pensionistas, que ya están sufriendo otros recortes en materia sanitaria. "Creo que el Ministerio no se ha planteado el impacto negativo en la salud", ha lamentado.
Para la dirigente socialista "estamos viendo, una vez más, cómo es o el Consejo de Estado o los tribunales o los ciudadanos los que rechazan las medidas que el Ministerio está adoptando en materia sanitaria" y, ante esta situación, ha instado al Gobierno a "paralizar" su política de recortes en política sanitaria, aplicando copagos y privatizaciones, porque "ni reducen el gasto ni mejoran la gestión de la sanidad pública española y solo perjudican a los ciudadanos".
Finalmente, Jiménez ha señalado que ni siquiera las comunidades autónomas que están gobernadas por el PP "quieren aplicar estos recortes" y ha recordado, como ejemplo, el anuncio que ayer realizó la presidenta de Castilla-La Mancha y Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal, asegurando que sería la Junta quien sufragaría los gastos del copago hospitalario y no lo los pacientes "una muestra más de incoherencia entre lo que legislan y lo que aplican", ha concluido.
La valoración de la FADSP
Por su parte, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), tras el Informe del Consejo de Estado, ha mostrado su total conformidad en que "el copago sobre el transporte sanitario no cumple ninguno de los dos objetivos para los que fue diseñado: el ahorro y la racionalización, así como en el hecho de que el Ministerio de Sanidad no ha valorado ni el impacto económico ni sobre la salud de la población de esta medida.
Desde la FADSP se viene señalando desde la aprobación del RD Ley 16/2012 que el sistema de copagos que se establecía iba a generar "desigualdad en el acceso a las prestaciones sanitarias que se vería muy dificultado para las personas más pobres, más enfermas, con más problemas de discapacidad y para las que viven en el área rural, es decir para mas de seis millones de personas en este país que no podrán acceder a prestaciones asistenciales que les son necesarias para el mantenimiento de su salud".
Para la organización, el Informe del Consejo de Estado "se suma a las declaraciones de la Sra. Cospedal de que no aplicará el copago de la farmacia hospitalaria en Castilla La Mancha" y es "evidente que aparte de la mayoría social y profesional que rechaza los copagos, este rechazo se está ampliando a responsables de las CCAA y del PP, ampliando las desigualdades en el conjunto del país en cuanto al acceso a la atención sanitaria, lo que debería hacer reflexionar al Ministerio de Sanidad sobre lo incongruente y desacertado de su política".
Por ello, la FADSP entiende que las únicas opciones que tiene el Ministerio de Sanidad son "paralizar la aplicación de los copagos, o la dimisión de sus responsables por su manifiesta incapacidad para cumplir con las tareas por las que les pagamos los ciudadanos de este país".
El dictamen
El Consejo de Estado considera que el Ministerio de Sanidad debería llevar a cabo una "reevaluación" del sistema de copago de transporte sanitario no urgente que había propuesto a las comunidades autónomas ya que, entre otras cuestiones, avisa de que el ahorro previsto con esta medida puede verse "frustrado" por la puesta en marcha de un sistema de cobro.
En su informe sobre el Real Decreto que regula esta prestación, este órgano consultivo entiende que Sanidad debe dotar de "mayor eficiencia, claridad y precisión" todo el régimen de gestión de este nuevo copago, "especialmente en lo relativo a los criterios clínicos de racionalización en el uso del transporte sanitario no urgente y en lo relativo al sistema de aportación del usuario".
Dicha medida forma parte de la reforma sanitaria impulsada por Ana Mato en marzo de 2012, que incluía el transporte sanitario no urgente en la cartera común suplementaria del SNS y, como tal, quedaba sujeta a un copago por parte de los ciudadanos.
Meses más tarde, en diciembre de 2012, Sanidad acordó con las comunidades que se pagaría un diez por ciento del coste del servicio con un límite mensual de 10, 20 y 60 euros en función de la renta (menos de 18.000 euros anuales, ente 18.000 y 100.000, y más de 100.000, respectivamente), que se rebajaría a 6, 12 y 60 euros respectivamente para los pacientes con tratamientos de larga duración.
Antes de su aprobación en Consejo de Ministros, el Consejo de Estado propone a Sanidad una "reevaluación" de la norma que especifique "con más precisión" los criterios de gestión y racionalización de este copago y aporte una "mayor eficiencia" al sistema.
Entre otros aspectos cuestiona el ahorro que podría propiciar la medida, estimado por Sanidad en unos 70 millones de euros. Sin embargo, y como reconoce el propio departamento de Mato en la memoria económica de la medida, los ingresos que puede suponer la aportación del usuario "pueden verse compensados por los costes de la gestión de su cobro".
Además, el Consejo de Estado entiende que deberían aclarar cómo se hará efectiva la aportación del usuario, aunque son las comunidades quienes deben determinarlo, y analizar las cargas que supondrá para el ciudadano.
También piden a Sanidad que tenga en cuenta otros tipos de traslado, además del puntual y el periódico que detalla el Real Decreto, que no tuvieran como destino u origen el domicilio del paciente, ya sea porque tiene la residencia fijada temporalmente en otro lugar.
Y en cuanto a los criterios clínicos de indicación de este transporte, apuntan que los incluidos en la norma son "muy genéricos" y "difieren poco de los actuales".
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