¿Debe haber un ministerio de ciencia?
El nuevo Gobierno elimina el Departamento y lleva el área a la órbita de Economía
Los expertos urgen a la creación de la agencia de investigación
La ciencia se integra desde ayer en el Ministerio de Economía. / JAVIER LARREA
La ciencia española inicia, con el Gobierno de Mariano Rajoy, una nueva ruta: no tiene ministerio específico ni pasa a formar parte de Educación, departamento que tradicionalmente ha tenido las competencias de la política científica española. Ahora, la responsabilidad recae en una de las tres secretarías de Estado del nuevo Ministerio de Economía y Competitividad, que dirige Luis de Guindos, pero sin reflejar la ciencia, la investigación o la I+D en el título de la cartera. ¿Qué significa el cambio?
Para algunos expertos, este modelo no tiene por qué ser un inconveniente para el sistema científico e, incluso, podría tener la ventaja de estar en un departamento económico poderoso y más cerca de la financiación. Pero a nadie se le escapa el riesgo que corre la ciencia básica de quedar un poco arrinconada si se va a impulsar una orientación más comercial de la investigación.
“La verdad es que Economía y Competitividad evoca a innovación, pero lo más importante es que no haya un parón y que se ponga en marcha la Agencia Estatal de Investigación”, afirma Carlos Andradas, presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce). “Sabíamos que era difícil que se mantuviera el ministerio, pero esperábamos que la ciencia apareciera reflejada en el nombre de algún nuevo departamento, que cualquier ciudadano supiera dónde estaba integrada la investigación científica y que viera que tenía un papel importante en el Gobierno”, señala este catedrático de álgebra de la Universidad Complutense.
Desde luego, la ausencia explícita de la I+D en la denominación de los ministerios del nuevo Gobierno ha causado estupor e inquietud, alimentando el ambiente de incertidumbre suscitado antes por la ausencia de cualquier referencia la ciencia en el discurso de investidura de Rajoy.
Pero varios expertos consultados consideran que ahora lo esencial es que la nueva Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación tenga el peso, la capacidad y la estructura necesaria para afrontar los retos urgentes y para resolver las carencias que tiene el sistema científico español. Hay que crear la agencia, desarrollar la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y diseñar el nuevo Plan Nacional de I+D+i. No hay que olvidar, además, “la necesidad de poner remedio urgente a la lamentable situación presupuestaria en la que el Gobierno saliente ha dejado a los organismos públicos de investigación (OPI), como el CSIC, el Ciemat, etcétera”, recalca Luis Sanz Menéndez, director del Instituto de Políticas Públicas del CSIC y presidente del Comité de Política Científica y Tecnológica de la OCDE.
El Ministerio de Ciencia e Innovación, dirigido por Cristina Garmendia, se cierra con tareas incumplidas. Sacó adelante este año (con la aprobación del PP) la nueva ley, pero su desarrollo, sobre todo la agencia, no se ha hecho realidad y ahora depende de De Guindos su puesta en marcha. Tampoco ha preparado el nuevo Plan Nacional de I+D+i, limitándose a extender un año más el plan vigente, 2008-2011.
En el último momento, Ciencia e Innovación no ha cursado la esperada convocatoria de proyectos del Plan Nacional de I+D+i, dejando a la espera a miles de científicos que confían en que los nuevos responsables de Economía y Competitividad aprueben lo antes posible este elemento considerado eje central de la estructura científica española. Amaya Moro-Martín, investigadora del programa Ramón y Cajal e impulsora de la Plataforma por una investigación digna, hace también hincapié en los problemas e incertidumbres que plagan la labor de los jóvenes científicos pendientes de convocatorias, nuevos contratos, plazas de investigación congeladas, etcétera,
“La nueva orientación, muy vinculada a economía y a la aplicación industrial de la ciencia... No me parece mal, pero hay un riesgo: que quede relegada la investigación básica, la formación de investigadores y la excelencia científica. La ciencia no es un negocio y tiene su propia dinámica”, señala Miguel Angel Quintanilla, director del Instituto de Ciencia y Tecnología (Universidad de Salamanca) y ex secretario de Estado de Investigación (2006-2008) que preparó el actual Plan Nacional de I+D+i.
Moro-Martín reconoce su preocupación ante la situación actual. “Estamos alarmados por el hecho de que ni ciencia ni investigación aparezcan en el nombre de ninguno de los ministerios”, dice. “La mayoría de los países que están por encima de España en los ranking científicos, como Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda o Suecia, coinciden en gestionar ciencia y universidades de forma conjunta bajo ministerios especializados, y el hecho de relegar la ciencia a una secretaría de Estado bajo el Ministerio de Economía y Competitividad indica que el Gobierno ha hecho un análisis erróneo de cómo la investigación científica puede ayudar a cambiar el modelo productivo”. Moro-Marín es tajante en su valoración: “No se puede prescindir de la ciencia básica, no hay atajos, no hay ciencia aplicada, sino aplicación de la ciencia”.
También Quintanilla recuerda que la excelencia científica es imprescindible y que no se traduce directamente en potencia innovadora, pero que “para que haya potencia innovadora es imprescindible, entre otros componentes, la investigación básica”, añade.
El nuevo esquema ministerial con la ciencia adscrita a departamentos económicos no es una novedad desde el punto de vista internacional, y ni siquiera en España, donde se sigue en algunas comunidades autónomas como Andalucía y Cataluña, puntualiza Sanz. “En Cataluña”, recalca Sanz Menéndez, “investigación y universidades están juntas con Economía y Hacienda”. Al frente dicha Consejería de Economía y Conocimiento está Andreu Mas-Colell, reconocido experto en política científica.
Según Pere Puigdomenech, director del Centro de Investigación de Agrogenómica (CSIC-IRTA-UAB-UB), en Barcelona, es irrelevante la adscripción de la investigación científica a un ministerio u otro porque hay ejemplos positivos y negativos en varios países europeos con diferentes estructuras de la ciencia en el aparato del Estado, señala, y unas han funcionado, mientras que otras han resultado fallidas.
“La oportunidad que tienen actualmente los responsables de la investigación en España es excepcional: una nueva ley, un proyecto de agencia para la gestión de los fondos, una conciencia de la necesidad de reconstruir los OPI y de hacer todo ello en un marco europeo y autonómico”, dice Puigdomènech. “Sería un error considerar la investigación como un aspecto marginal de la actividad de Gobierno cuando debería ser un factor esencial para el desarrollo de una economía moderna”, añade.
El desarrollo de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación centrará, desde luego, la labor de quien tenga la responsabilidad directa del área en la secretaría de Estado. Sobre todo de la agencia, “que es una antigua reivindicación de la comunidad científica y que se está tardando mucho en hacer”, recuerda Quintanilla. No hay que olvidar que las decisiones de política científica tienen un doble componente, añade, y pone un ejemplo: a la hora de decidir si se construye o no un nuevo telescopio, hay que tener en cuenta los aspectos económicos, la oportunidad y la disponibilidad de fondos, pero el criterio acerca de si merece la pena, del interés potencial que ofrece para investigación, es una decisión científica.
Joan Guinovar, director del Instituto de Investigación Biomédica y expresidente de la Cosce, resume lo que parecen ser las aspiraciones generales de la comunidad científica. “Pido que se cree y se ponga en marcha rápidamente la Agencia Estatal de Investigación siguiendo el modelo del European Research Council (ERC), es decir, gestionada por científicos, con criterios científicos y protegida de los vaivenes políticos. El ERC ha sido un gran éxito y ha revolucionado la ciencia en Europa y hay que aprovechar la experiencia y extenderla a España. Si se crea la agencia con estas características, la desaparición del ministerio no sería grave”.
Con la adscripción a Economía y competitividad resulta clave la figura del secretario de Estado. Guinovart pide que sea una persona conocedora del mundo científico “y plenamente consciente del valor de la investigación para nuestro futuro”. Puigdomenech enfatiza la importancia “de las personas que se nombren, de su amplitud de miras, de la inteligencia y ambición con que se aborden los temas y del apoyo político y económico conque cuenten en el nuevo ministerio y en el Gobierno”.
Desde que arrancó el Plan Nacional en 1988, las competencias de investigación estuvieron adscritas al Ministerio de Educación y Ciencia, con una Secretaría de Estado específica dotada de una gran independencia y autonomía de gestión. En la primera legislatura del Gobierno del Partido Popular de José María Aznar, se mantuvo la misma estructura y las competencias de ciencia estaban en la cartera de Educación, que ocuparon Esperanza Aguirre (de 1996 a 1999) y Mariano Rajoy, de 1999 a 2000. A partir de ese momento, con el arranque de la segunda legislatura de Aznar, la I+D ha sufrido un gran ajetreo ministerial:
Año 2000. Se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre la reconfiguración del departamento de Industria y al que se añaden las competencias de investigación científica. Se encargaron de la durante aquella legislatura los ministros Ana Birulés, Josep Piqué y Juan Costa.
Año 2004. La ciencia regresa a Educación con el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero con dos ministras (María Jesús Sansegundo y Mercedes Cabrera) en cuatro años, cambiando asimismo los secretarios de Estado de Investigación.
Año 2008. En la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, se vuelve a crear el ministerio específico liderado por Cristina Garmendia y, esta vez, denominado Ciencia e Innovación, incluyendo universidades. Pero esta última competencia desaparece con la reestructuración ministerial de 2009. En estos tres años y medio hay otros dos secretarios de Estado: Carlos Martínez y Felipe Pétriz.
Ahora, la política científica hace de nuevo el petate y se traslada a otro departamento, el de Economía y Competitividad.
Para algunos expertos, este modelo no tiene por qué ser un inconveniente para el sistema científico e, incluso, podría tener la ventaja de estar en un departamento económico poderoso y más cerca de la financiación. Pero a nadie se le escapa el riesgo que corre la ciencia básica de quedar un poco arrinconada si se va a impulsar una orientación más comercial de la investigación.
“La verdad es que Economía y Competitividad evoca a innovación, pero lo más importante es que no haya un parón y que se ponga en marcha la Agencia Estatal de Investigación”, afirma Carlos Andradas, presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce). “Sabíamos que era difícil que se mantuviera el ministerio, pero esperábamos que la ciencia apareciera reflejada en el nombre de algún nuevo departamento, que cualquier ciudadano supiera dónde estaba integrada la investigación científica y que viera que tenía un papel importante en el Gobierno”, señala este catedrático de álgebra de la Universidad Complutense.
Desde luego, la ausencia explícita de la I+D en la denominación de los ministerios del nuevo Gobierno ha causado estupor e inquietud, alimentando el ambiente de incertidumbre suscitado antes por la ausencia de cualquier referencia la ciencia en el discurso de investidura de Rajoy.
Pero varios expertos consultados consideran que ahora lo esencial es que la nueva Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación tenga el peso, la capacidad y la estructura necesaria para afrontar los retos urgentes y para resolver las carencias que tiene el sistema científico español. Hay que crear la agencia, desarrollar la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y diseñar el nuevo Plan Nacional de I+D+i. No hay que olvidar, además, “la necesidad de poner remedio urgente a la lamentable situación presupuestaria en la que el Gobierno saliente ha dejado a los organismos públicos de investigación (OPI), como el CSIC, el Ciemat, etcétera”, recalca Luis Sanz Menéndez, director del Instituto de Políticas Públicas del CSIC y presidente del Comité de Política Científica y Tecnológica de la OCDE.
El Ministerio de Ciencia e Innovación, dirigido por Cristina Garmendia, se cierra con tareas incumplidas. Sacó adelante este año (con la aprobación del PP) la nueva ley, pero su desarrollo, sobre todo la agencia, no se ha hecho realidad y ahora depende de De Guindos su puesta en marcha. Tampoco ha preparado el nuevo Plan Nacional de I+D+i, limitándose a extender un año más el plan vigente, 2008-2011.
En el último momento, Ciencia e Innovación no ha cursado la esperada convocatoria de proyectos del Plan Nacional de I+D+i, dejando a la espera a miles de científicos que confían en que los nuevos responsables de Economía y Competitividad aprueben lo antes posible este elemento considerado eje central de la estructura científica española. Amaya Moro-Martín, investigadora del programa Ramón y Cajal e impulsora de la Plataforma por una investigación digna, hace también hincapié en los problemas e incertidumbres que plagan la labor de los jóvenes científicos pendientes de convocatorias, nuevos contratos, plazas de investigación congeladas, etcétera,
“La nueva orientación, muy vinculada a economía y a la aplicación industrial de la ciencia... No me parece mal, pero hay un riesgo: que quede relegada la investigación básica, la formación de investigadores y la excelencia científica. La ciencia no es un negocio y tiene su propia dinámica”, señala Miguel Angel Quintanilla, director del Instituto de Ciencia y Tecnología (Universidad de Salamanca) y ex secretario de Estado de Investigación (2006-2008) que preparó el actual Plan Nacional de I+D+i.
Moro-Martín reconoce su preocupación ante la situación actual. “Estamos alarmados por el hecho de que ni ciencia ni investigación aparezcan en el nombre de ninguno de los ministerios”, dice. “La mayoría de los países que están por encima de España en los ranking científicos, como Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda o Suecia, coinciden en gestionar ciencia y universidades de forma conjunta bajo ministerios especializados, y el hecho de relegar la ciencia a una secretaría de Estado bajo el Ministerio de Economía y Competitividad indica que el Gobierno ha hecho un análisis erróneo de cómo la investigación científica puede ayudar a cambiar el modelo productivo”. Moro-Marín es tajante en su valoración: “No se puede prescindir de la ciencia básica, no hay atajos, no hay ciencia aplicada, sino aplicación de la ciencia”.
También Quintanilla recuerda que la excelencia científica es imprescindible y que no se traduce directamente en potencia innovadora, pero que “para que haya potencia innovadora es imprescindible, entre otros componentes, la investigación básica”, añade.
El nuevo esquema ministerial con la ciencia adscrita a departamentos económicos no es una novedad desde el punto de vista internacional, y ni siquiera en España, donde se sigue en algunas comunidades autónomas como Andalucía y Cataluña, puntualiza Sanz. “En Cataluña”, recalca Sanz Menéndez, “investigación y universidades están juntas con Economía y Hacienda”. Al frente dicha Consejería de Economía y Conocimiento está Andreu Mas-Colell, reconocido experto en política científica.
Según Pere Puigdomenech, director del Centro de Investigación de Agrogenómica (CSIC-IRTA-UAB-UB), en Barcelona, es irrelevante la adscripción de la investigación científica a un ministerio u otro porque hay ejemplos positivos y negativos en varios países europeos con diferentes estructuras de la ciencia en el aparato del Estado, señala, y unas han funcionado, mientras que otras han resultado fallidas.
“La oportunidad que tienen actualmente los responsables de la investigación en España es excepcional: una nueva ley, un proyecto de agencia para la gestión de los fondos, una conciencia de la necesidad de reconstruir los OPI y de hacer todo ello en un marco europeo y autonómico”, dice Puigdomènech. “Sería un error considerar la investigación como un aspecto marginal de la actividad de Gobierno cuando debería ser un factor esencial para el desarrollo de una economía moderna”, añade.
El desarrollo de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación centrará, desde luego, la labor de quien tenga la responsabilidad directa del área en la secretaría de Estado. Sobre todo de la agencia, “que es una antigua reivindicación de la comunidad científica y que se está tardando mucho en hacer”, recuerda Quintanilla. No hay que olvidar que las decisiones de política científica tienen un doble componente, añade, y pone un ejemplo: a la hora de decidir si se construye o no un nuevo telescopio, hay que tener en cuenta los aspectos económicos, la oportunidad y la disponibilidad de fondos, pero el criterio acerca de si merece la pena, del interés potencial que ofrece para investigación, es una decisión científica.
Joan Guinovar, director del Instituto de Investigación Biomédica y expresidente de la Cosce, resume lo que parecen ser las aspiraciones generales de la comunidad científica. “Pido que se cree y se ponga en marcha rápidamente la Agencia Estatal de Investigación siguiendo el modelo del European Research Council (ERC), es decir, gestionada por científicos, con criterios científicos y protegida de los vaivenes políticos. El ERC ha sido un gran éxito y ha revolucionado la ciencia en Europa y hay que aprovechar la experiencia y extenderla a España. Si se crea la agencia con estas características, la desaparición del ministerio no sería grave”.
Con la adscripción a Economía y competitividad resulta clave la figura del secretario de Estado. Guinovart pide que sea una persona conocedora del mundo científico “y plenamente consciente del valor de la investigación para nuestro futuro”. Puigdomenech enfatiza la importancia “de las personas que se nombren, de su amplitud de miras, de la inteligencia y ambición con que se aborden los temas y del apoyo político y económico conque cuenten en el nuevo ministerio y en el Gobierno”.
Una década de ajetreo ministerial
La ciencia es una actividad que exige estabilidad de gestión y predictibilidad, un marco estable de trabajo, ya que la investigación tiene sus objetivos alejados en el tiempo: uno sabe cómo comenzar un proyecto y los objetivos, pero no conoce de antemano el punto de llegada. De hecho, el Plan Nacional de Ciencia tiene un alcance de cuatro años y los proyectos de investigación son trienales.Desde que arrancó el Plan Nacional en 1988, las competencias de investigación estuvieron adscritas al Ministerio de Educación y Ciencia, con una Secretaría de Estado específica dotada de una gran independencia y autonomía de gestión. En la primera legislatura del Gobierno del Partido Popular de José María Aznar, se mantuvo la misma estructura y las competencias de ciencia estaban en la cartera de Educación, que ocuparon Esperanza Aguirre (de 1996 a 1999) y Mariano Rajoy, de 1999 a 2000. A partir de ese momento, con el arranque de la segunda legislatura de Aznar, la I+D ha sufrido un gran ajetreo ministerial:
Año 2000. Se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre la reconfiguración del departamento de Industria y al que se añaden las competencias de investigación científica. Se encargaron de la durante aquella legislatura los ministros Ana Birulés, Josep Piqué y Juan Costa.
Año 2004. La ciencia regresa a Educación con el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero con dos ministras (María Jesús Sansegundo y Mercedes Cabrera) en cuatro años, cambiando asimismo los secretarios de Estado de Investigación.
Año 2008. En la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, se vuelve a crear el ministerio específico liderado por Cristina Garmendia y, esta vez, denominado Ciencia e Innovación, incluyendo universidades. Pero esta última competencia desaparece con la reestructuración ministerial de 2009. En estos tres años y medio hay otros dos secretarios de Estado: Carlos Martínez y Felipe Pétriz.
Ahora, la política científica hace de nuevo el petate y se traslada a otro departamento, el de Economía y Competitividad.
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