EL SECTOR PRIVADO NO ACTÚA BIEN PARA GARANTIZAR EL FUTURO
El sistema sanitario español necesita con urgencia colaboración público-privada
Las palabras del consejero de Sanidad de Cataluña, Boi Ruiz, en torno a una póliza básica de seguro según el nivel de renta, siguen dando que hablar. Una de las carencias en España, la falta de colaboración público-privada, sólo se solucionará obviando debates reiterativos y reuniendo en la misma mesa a todos los actores implicados.
Ignacio Orce Presidente y Consejero Delegado de Asistencia Sanitaria | 14/12/2011 00:00
"Seríamos partidarios de una póliza básica de seguro obligada para quienes tienen un determinado nivel de renta". Con estas palabras, el consejero de Salud de Cataluña inauguró el pasado martes una jornada impulsada por ACES. Una vez más, el revuelo que se montó fue considerable y afloraron las enormes dosis de demagogia habituales cuando se exhibe el fantasma de la privatización y se aviva la incomprensible (por inexacta y estéril) confrontación entre la sanidad pública y la privada.
Como es sabido, en Cataluña un 25 por ciento de la población opta por contratar los servicios sanitarios privados (el 17 por ciento en el conjunto de España), lo que le otorga doble cobertura: la pública, que paga a través de impuestos, y la privada, que contrata a una aseguradora privada. Implantar un seguro obligatorio para rentas altas sería, simplemente, dar carta de naturaleza jurídica a una realidad, además de un reconocimiento al papel crucial de las entidades de seguro libre; hoy más que nunca contribuimos directamente al sostenimiento del sistema al mitigar la demanda del sistema público.
Que uno de cada cuatro ciudadanos catalanes opte por un seguro privado es un dato lo bastante relevante por sí mismo. Que estos mismos ciudadanos pongan sobre la mesa del sistema sanitario 1.264 millones de euros (un 13,66 por ciento del presupuesto de salud de la Generalitat en 2009), auténtico copago, para que el sistema público y privado funcione, es lo bastante elocuente. Por tanto, si bien en España la sanidad pública es un derecho irrenunciable, y hay que mantenerlo, no es tan evidente que todos deban tener los mismos derechos de acceso.
Probablemente, en los últimos años la Administración no ha estado atenta a la importancia de esta realidad.
Estamos viendo el fin de una etapa de crecimiento y alegría en el gasto del sector público para, con la imperiosa necesidad de reducir el déficit, optar por un recorte del gasto que incluye la reducción de los salarios de los profesionales, el retraso de las inversiones y medidas para controlar el crecimiento del gasto farmacéutico, entre otras. Son cambios inevitables (algunos) que repercutirán en el usuario, aunque sea simplemente desde el punto de vista de la accesibilidad, y también en los profesionales de la Medicina.
Prescindir de los mayores
Tampoco la estrategia del sector privado está siendo la más adecuada para garantizar el futuro. A causa de la crisis económica, una competencia cada vez más agresiva da como resultado una generalización de las aseguradoras lowcost que apoyan su política en el hecho de reducir y cerrar sus cuadros de facultativos intentando minimizar su coste al máximo, incrementar la concertación con centros reduciendo los precios, depurar su cartera de asegurados subiendo las primas y, finalmente, prescindiendo de los mayores, en el momento de la vida en el que más necesitan asistencia sanitaria. Son necesarias altas dosis de responsabilidad en ambas partes para defender la calidad de la asistencia. En diversos e importantes países europeos, en función de su nivel de renta, y con distintos tipos de corresponsabilidad económica, los ciudadanos contratan con empresas aseguradoras y proveedoras la gestión del sector con la eficiencia requerida. ¿Por qué España debe seguir siendo una excepción?
Sin un Pacto de Estado por la Sanidad con amplio consenso es difícil que una revisión del sistema, con medidas como la introducción de un seguro privado obligatorio para rentas altas, acabe poniéndose en práctica. Las aparentemente osadas propuestas del consejero Ruiz, cuyo espíritu ya recogía el Informe Abril, demuestran preocupación por garantizar la sostenibilidad. En lugar de atascarnos en debates que no llevan a ninguna parte, debemos sentarnos, afrontar la insuficiencia presupuestaria crónica del sistema público y proponer medidas realistas y eficaces. Sin duda, la gran asignatura pendiente en España es que la sanidad pública y la privada compartan sinergias en lugar de hacerse la competencia.
El sistema sanitario español necesita con urgencia colaboración público-privada - DiarioMedico.com
Como es sabido, en Cataluña un 25 por ciento de la población opta por contratar los servicios sanitarios privados (el 17 por ciento en el conjunto de España), lo que le otorga doble cobertura: la pública, que paga a través de impuestos, y la privada, que contrata a una aseguradora privada. Implantar un seguro obligatorio para rentas altas sería, simplemente, dar carta de naturaleza jurídica a una realidad, además de un reconocimiento al papel crucial de las entidades de seguro libre; hoy más que nunca contribuimos directamente al sostenimiento del sistema al mitigar la demanda del sistema público.
Que uno de cada cuatro ciudadanos catalanes opte por un seguro privado es un dato lo bastante relevante por sí mismo. Que estos mismos ciudadanos pongan sobre la mesa del sistema sanitario 1.264 millones de euros (un 13,66 por ciento del presupuesto de salud de la Generalitat en 2009), auténtico copago, para que el sistema público y privado funcione, es lo bastante elocuente. Por tanto, si bien en España la sanidad pública es un derecho irrenunciable, y hay que mantenerlo, no es tan evidente que todos deban tener los mismos derechos de acceso.
Probablemente, en los últimos años la Administración no ha estado atenta a la importancia de esta realidad.
Estamos viendo el fin de una etapa de crecimiento y alegría en el gasto del sector público para, con la imperiosa necesidad de reducir el déficit, optar por un recorte del gasto que incluye la reducción de los salarios de los profesionales, el retraso de las inversiones y medidas para controlar el crecimiento del gasto farmacéutico, entre otras. Son cambios inevitables (algunos) que repercutirán en el usuario, aunque sea simplemente desde el punto de vista de la accesibilidad, y también en los profesionales de la Medicina.
- ''En los últimos años la Administración no ha estado atenta a la importancia de cierta realidad: no es tan evidente que todos deban tener los mismos derechos de acceso''
Prescindir de los mayores
Tampoco la estrategia del sector privado está siendo la más adecuada para garantizar el futuro. A causa de la crisis económica, una competencia cada vez más agresiva da como resultado una generalización de las aseguradoras lowcost que apoyan su política en el hecho de reducir y cerrar sus cuadros de facultativos intentando minimizar su coste al máximo, incrementar la concertación con centros reduciendo los precios, depurar su cartera de asegurados subiendo las primas y, finalmente, prescindiendo de los mayores, en el momento de la vida en el que más necesitan asistencia sanitaria. Son necesarias altas dosis de responsabilidad en ambas partes para defender la calidad de la asistencia. En diversos e importantes países europeos, en función de su nivel de renta, y con distintos tipos de corresponsabilidad económica, los ciudadanos contratan con empresas aseguradoras y proveedoras la gestión del sector con la eficiencia requerida. ¿Por qué España debe seguir siendo una excepción?
Sin un Pacto de Estado por la Sanidad con amplio consenso es difícil que una revisión del sistema, con medidas como la introducción de un seguro privado obligatorio para rentas altas, acabe poniéndose en práctica. Las aparentemente osadas propuestas del consejero Ruiz, cuyo espíritu ya recogía el Informe Abril, demuestran preocupación por garantizar la sostenibilidad. En lugar de atascarnos en debates que no llevan a ninguna parte, debemos sentarnos, afrontar la insuficiencia presupuestaria crónica del sistema público y proponer medidas realistas y eficaces. Sin duda, la gran asignatura pendiente en España es que la sanidad pública y la privada compartan sinergias en lugar de hacerse la competencia.
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