Los médicos de Primaria de Aragón alertan ante recortes "indiscriminados" de Oliván
Zaragoza (13/12/2012) - Nerea Garay
Denuncian los contratos en precario, la amortización de plazas y la rebaja de retribuciones
Las críticas al consejero de Salud de Aragón, Ricardo Oliván, le empiezan a llover desde todos los colectivos sanitarios. Ahora son los médicos de Primaria los que insisten en mostrar su malestar por los "indiscriminados" recortes que están sufriendo. Los vocales de Atención Primaria en el Colegio de Médicos de Zaragoza, Santiago Moreno e Isabel Lostal, que, a modo de portavoces del colectivo, han denunciado con dureza la actual situación que vive el colectivo.
Los dos vocales ha hecho un repaso de las medidas adoptadas que han afectado a la Atención Primaria, que se habría visto obligada a realizar "importantes sacrificios", como "cambios en las condiciones laborales, recortes de complementos como la jornada deslizante" o la "disminución de nuestras retribuciones hasta un 30 ó 35 por ciento", lo que, según los facultativos, "no se ha contemplado en ningún otro colectivo de la Administración pública hasta un límite que atenta la dignidad de los profesionales".
Los facultativos aragoneses censuran que los recortes sufridos en materia de Recursos Humanos, con "limitación de sustitución de titulares, contratos precarios y amortización de plazas hasta unos límites a los que no se puede llegar sin que se resienta la calidad asistencial, consultas masificadas y aumento de listas de espera".
La suspensión de los días de libre disposición, los moscosos, también figura entre los aspectos denunciados por los profesionales "que, por cierto, se otorgaron a cambio de un incremento salarial que no se cumplió", subrayaron.
Aunque los vocales aseguran ser "conscientes de que la situación económica es muy complicada y que las decisiones son difíciles", censuran la ausencia de consenso y consulta por parte de la Administración a la hora de aplicar los recortes. "En asuntos de salud creemos que hay que contar con los profesionales a la hora de aplicarlos" y recalcan que "hacerlo de forma indiscriminada en Atención Primaria, que con una inversión menor del 15 por ciento es la base del sistema sanitario, puede tener graves consecuencias en la salud de la población, sin que, además, se consiga el ahorro económico que, supuestamente, se pretendía".
Tiempo y formación
Los facultativos aragoneses abogan por la formación y por disponer de más tiempo. "En la consulta de Atención Primaria son necesarios reflexión, tiempo y formación, pues para tomar una decisión se requiere pensar, valorar y finalmente decidir y para esto, lógicamente, se requiere tiempo y formación, pues la Medicina cambia y evoluciona, es dinámica", y apuntaron que "a los médicos se nos exige cumplir un horario, como no podía ser de otra manera, pero no se tiene en cuenta que necesitamos tiempo de formación para nosotros mismos, y de docencia para los médicos que están realizando su especialidad.
Los médicos de Primaria alertan también de que decenas de médicos rurales están poniendo a disposición de la Administración y de los pacientes, su vehículo particular, para el buen funcionamiento del Sistema de Salud", lo que utilizan para asegurar que "los médicos hemos seguido realizando nuestro trabajo con la profesionalidad de siempre, o incluso más".
Los consejos de salud se suman a las críticas
Por otro lado, los consejos de salud de Zaragoza han remitido un escrito al consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, en el que muestran su rechazo a los "sucesivos recortes que se vienen aplicando a la sanidad pública y que van a afectar a toda la población y más a aquellos con menos recursos". El portavoz del colectivo, Juan Alvarado, presidente del Consejo de Salud de Valdefierro, invita a la población a unirse "en apoyo de las demandas para mantener nuestro derecho a la salud pública y universal".
El escrito expresa a Oliván su desacuerdo con las medidas "adoptadas por su consejería" y expresa su rechazo al decreto 16-2012, que modifica la atención sanitaria y farmacéutica dispensada a los inmigrantes en situación irregular, que han perdido su tarjeta sanitaria. En este sentido, los consejos de salud estiman que se trata de una medida "anticonstitucional" y, respecto a su aplicación en Aragón, recuerdan que "el artículo 14 del Estatuto de Autonomía de la comunidad, que recoge el derecho universal a la salud, no es modificable por un decreto-ley" que "convierte la salud en una mercancía".
La supresión de la condición de asegurados a los inmigrantes en situación irregular tampoco convence a los Consejos, que califican de "injusto" ese modelo de financiación. En este sentido, advierten de que los principales perjudicados son personas que no tengan regularizada su situación administrativamente y que "desarrollen algún tipo de patología que precise seguimiento crónico o que puedan beneficiarse de diagnósticos precoces de sus patologías o de actividades preventivas como vacunas".
Por ello, cuestionan el ahorro que se pretende obtener con esta medida porque "el desarrollo de estas enfermedades acabará perjudicando innecesariamente a estos pacientes y ocasionando, probablemente, un mayor gasto debido a las complicaciones que finalmente precisarán ingresos hospitalarios, que son mucho más caros que la prevención o el tratamiento precoz de las enfermedades".
Los consejos también rechazaron las "desigualdades en carteras de servicios" que las comunidades pueden adoptar con otros "copagos" y los "recortes en transporte sanitario y material ortoprotésico". Así, lo califican como "repago injusto" que "incide sobre los más enfermos y menor poder adquisitivo".
Los dos vocales ha hecho un repaso de las medidas adoptadas que han afectado a la Atención Primaria, que se habría visto obligada a realizar "importantes sacrificios", como "cambios en las condiciones laborales, recortes de complementos como la jornada deslizante" o la "disminución de nuestras retribuciones hasta un 30 ó 35 por ciento", lo que, según los facultativos, "no se ha contemplado en ningún otro colectivo de la Administración pública hasta un límite que atenta la dignidad de los profesionales".
Los facultativos aragoneses censuran que los recortes sufridos en materia de Recursos Humanos, con "limitación de sustitución de titulares, contratos precarios y amortización de plazas hasta unos límites a los que no se puede llegar sin que se resienta la calidad asistencial, consultas masificadas y aumento de listas de espera".
La suspensión de los días de libre disposición, los moscosos, también figura entre los aspectos denunciados por los profesionales "que, por cierto, se otorgaron a cambio de un incremento salarial que no se cumplió", subrayaron.
Aunque los vocales aseguran ser "conscientes de que la situación económica es muy complicada y que las decisiones son difíciles", censuran la ausencia de consenso y consulta por parte de la Administración a la hora de aplicar los recortes. "En asuntos de salud creemos que hay que contar con los profesionales a la hora de aplicarlos" y recalcan que "hacerlo de forma indiscriminada en Atención Primaria, que con una inversión menor del 15 por ciento es la base del sistema sanitario, puede tener graves consecuencias en la salud de la población, sin que, además, se consiga el ahorro económico que, supuestamente, se pretendía".
Tiempo y formación
Los facultativos aragoneses abogan por la formación y por disponer de más tiempo. "En la consulta de Atención Primaria son necesarios reflexión, tiempo y formación, pues para tomar una decisión se requiere pensar, valorar y finalmente decidir y para esto, lógicamente, se requiere tiempo y formación, pues la Medicina cambia y evoluciona, es dinámica", y apuntaron que "a los médicos se nos exige cumplir un horario, como no podía ser de otra manera, pero no se tiene en cuenta que necesitamos tiempo de formación para nosotros mismos, y de docencia para los médicos que están realizando su especialidad.
Los médicos de Primaria alertan también de que decenas de médicos rurales están poniendo a disposición de la Administración y de los pacientes, su vehículo particular, para el buen funcionamiento del Sistema de Salud", lo que utilizan para asegurar que "los médicos hemos seguido realizando nuestro trabajo con la profesionalidad de siempre, o incluso más".
Los consejos de salud se suman a las críticas
Por otro lado, los consejos de salud de Zaragoza han remitido un escrito al consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, en el que muestran su rechazo a los "sucesivos recortes que se vienen aplicando a la sanidad pública y que van a afectar a toda la población y más a aquellos con menos recursos". El portavoz del colectivo, Juan Alvarado, presidente del Consejo de Salud de Valdefierro, invita a la población a unirse "en apoyo de las demandas para mantener nuestro derecho a la salud pública y universal".
El escrito expresa a Oliván su desacuerdo con las medidas "adoptadas por su consejería" y expresa su rechazo al decreto 16-2012, que modifica la atención sanitaria y farmacéutica dispensada a los inmigrantes en situación irregular, que han perdido su tarjeta sanitaria. En este sentido, los consejos de salud estiman que se trata de una medida "anticonstitucional" y, respecto a su aplicación en Aragón, recuerdan que "el artículo 14 del Estatuto de Autonomía de la comunidad, que recoge el derecho universal a la salud, no es modificable por un decreto-ley" que "convierte la salud en una mercancía".
La supresión de la condición de asegurados a los inmigrantes en situación irregular tampoco convence a los Consejos, que califican de "injusto" ese modelo de financiación. En este sentido, advierten de que los principales perjudicados son personas que no tengan regularizada su situación administrativamente y que "desarrollen algún tipo de patología que precise seguimiento crónico o que puedan beneficiarse de diagnósticos precoces de sus patologías o de actividades preventivas como vacunas".
Por ello, cuestionan el ahorro que se pretende obtener con esta medida porque "el desarrollo de estas enfermedades acabará perjudicando innecesariamente a estos pacientes y ocasionando, probablemente, un mayor gasto debido a las complicaciones que finalmente precisarán ingresos hospitalarios, que son mucho más caros que la prevención o el tratamiento precoz de las enfermedades".
Los consejos también rechazaron las "desigualdades en carteras de servicios" que las comunidades pueden adoptar con otros "copagos" y los "recortes en transporte sanitario y material ortoprotésico". Así, lo califican como "repago injusto" que "incide sobre los más enfermos y menor poder adquisitivo".
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