Coto a los dependientes más graves

El número de personas que requieren más cuidados se reduce a un ritmo de 2.200 al mes desde mitad de 2011

Se endurecen las valoraciones y se revisan grados

JAIME PRATS Valencia 1 ENE 2014 - 18:58 CET

M. en casa con el pulsador que activa cuando sufre crisis por la miastenia que padece. / TANIA CASTRO

La dependencia languidece en su séptimo aniversario entre recortes, copagos y reducciones de ayudas. Un ejemplo de ello es la caída del número de grandes dependientes reconocidos por la ley: desde junio de 2011, momento a partir del cual se registra un cambio de tendencia en negativo, el sistema ha perdido cada mes una media de 2.209; son 76 personas menos al día con el mayor grado de dependencia.

En total, la cifra de dependientes de grado III —aquellos que necesitan cuidados continuos para las actividades diarias más básicas— ha menguado en 64.083 personas en dos años y medio, de acuerdo con las últimas cifras publicadas el viernes por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, hasta situarse en los 374.599. Son un 14,6% menos. Y ello a pesar del cambio de tendencia que se ha producido en los informes oficiales de los últimos dos meses, en los que, a contrapelo de los 27 meses anteriores, ha habido un aumento de grandes dependientes reconocidos. Lo que resulta muy sospechoso para la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que no se lo cree: “No se han depurado todas las personas fallecidas en lo que parece una estrategia desesperada para ofrecer datos positivos a final de año”, denuncia esta entidad.

"Me siento burlada y estafada"

La Generalitat valenciana rebajó el grado de dependencia de M. R. de grave (grado III) a severa (grado II). “Lo he pasado fatal hasta que llegó la sentencia”, comenta en su casa de Valencia. M. (prefiere ocultar su nombre) se refiere a la denuncia que presentó en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana y al reciente fallo en el que los magistrados le dan la razón. Anulan la decisión de la Consejería de Bienestar Social, y se muestran contundentes contra la decisión adoptada por la Administración autonómica. “Los padecimientos de doña M. son degenerativos y su evolución es crónica sin posibilidad de recuperación y/o mejoría”. Por ello, “resulta desajustada la calificación de dependencia severa y no de gran dependencia”, añade la resolución, por lo que el tribunal mantiene “el grado y nivel inicialmente reconocidos”.

El caso de esta mujer no es una excepción. Como sucede con el atasco de expedientes de personas con derecho a percibir ayudas cuya tramitación se eterniza y fallecen antes de acceder a la prestación, la reducción del grado es otro de los procedimientos que emplean algunas administraciones autonómicas para reducir su factura en dependencia, según denuncian tanto plataformas de beneficiarios como especialistas en servicios sociales. “Cuanto menos grandes dependientes, menos dinero se gastan las Administraciones”, relata José Manuel Ramírez, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.

M. relata su caso en el comedor de su casa, acompañada del arsenal de medicamentos que toma a diario para combatir las enfermedades que padece. La miastenia, además de haberle provocado la extirpación del timo —órgano del sistema linfático— le provoca debilidad muscular generalizada. Periódicamente sufre crisis repentinas que se presentan sin avisar. Estos ataques le provocan una sensación de agotamiento profundo y falta de movilidad absoluta que requieren la hospitalización inmediata. Por ello, M. se pasa el día pendiente del pulsador que activa la teleasistencia que lleva colgado al cuello, por si la crisis se presenta justo cuando no está su marido ni la cuidadora que la atiende. “Ya me ha salvado la vida tres veces”, explica, “la última por un bloqueo neuropulmonar”.

También tiene miopatía esteroidea —otra enfermedad muscular que afecta al tejido esquelético— y una distonía —contracciones musculares incontroladas— derivada de la meningitis que sufrió en la infancia. Por todo ello, “precisa ayuda para las funciones básicas de su vida diaria y es totalmente dependiente de su familia”, como recoge el informe de los médicos que la atienden. Este documento sirvió de base para que se le reconociera como gran dependiente en 2008 y se le concediera una prestación para cuidados en el entorno familiar, antes de que la Generalitat tratara de reducir esta prestación en 2012 con la fallida rebaja de grado.

“¿Por qué no recortan en otras cosas en lugar de la dependencia?, se pregunta esta paciente. “Nos dijeron que esta ley iba a ayudar a las personas que no podemos valernos por nosotros mismos, pero no hacen más que recortar la ayuda. Ya sea con el grado o con la rebaja del año pasado [con la reducción del 15% en las prestaciones por ayuda familiar]. Me siento burlada y estafada con la dependencia; y con miedo de que esto vaya a peor ya sea por una nueva medida de la Generalitat o del Estado”.

La caída en el número de grandes dependientes en el sistema es tan pronunciada que los datos de estos dos últimos meses apenas maquillan la magnitud del descenso. Lo mismo sucede con el hecho de que los datos de junio de 2011 aún no estaban depurados de las duplicidades que detectó en un informe el Tribunal de Cuentas. Esta institución identificó 13.418 expedientes que tenían errores con repercusión en las estadísticas del sistema de dependencia. Pero esto tampoco altera la dinámica regresiva que sufre la tasa de dependientes más graves. Incluso si estas repeticiones o casos de dependientes fallecidos solo afectaran a casos de grandes dependientes —lo que es virtualmente imposible—, la reducción en la atención a los beneficiarios más graves seguiría siendo muy abultada: 50.665 grandes dependientes menos (el 12%) desde mitad de 2011.

Este descenso se enmarca en el atasco que ha caracterizado a la ley a lo largo de los últimos meses. Parte de las autonomías no son capaces de cubrir las bajas que se dan por el fallecimiento de beneficiarios y de dar de alta a nuevas personas en el sistema porque no tienen fondos para asumir estas prestaciones, lo que resulta especialmente grave dadas las elevadas cifras de espera existentes. Los datos de finales de noviembre indican que hay

193.239 personas aguardando a acceder a unas prestaciones que les corresponden.

¿A qué obedece la disminución del número de grandes dependientes en el sistema? Para Luis Barriga, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, uno de los motivos obedece a la aplicación del nuevo baremo que se emplea para valorar el grado de dependencia y que entró en vigor en febrero de 2012. Para Barriga, esta herramienta es más restrictiva que la anterior, lo que “dificulta la entrada al sistema de los grandes dependientes” y evita compensar las bajas que se van produciendo por fallecimientos con nuevas altas.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) —el organismo dependiente del ministerio que dirige Ana Mato encargado de gestionar la dependencia— no niega que la aplicación del baremo tenga que ver en la reducción del número de grandes dependientes. Pero rechaza que sea responsabilidad suya. “El baremo vigente lo aprobó el Gobierno anterior y lo aplican los profesionales. Este Gobierno no lo ha modificado en absoluto; si se reduce el número de grandes dependientes es por la aplicación de las comunidades autónomas del baremo”, comentan fuentes del Imserso.

A este aspecto se suma la “lentitud o ausencia de revisiones de los de grado II para pasarlos a III”, a juicio de Barriga. Es decir, el retraso en el reconocimiento de las personas que sufren un agravamiento de su situación y que evolucionan de un estado de dependencia severa a situaciones de gran dependencia.

Estos dos factores tienen implicaciones económicas directas. El Estado transfiere a las autonomías una suma por cada dependiente atendido. Pero esta cantidad no es igual si se trata de un dependiente con grado II o grado III. Según la última modificación del Gobierno —pendiente de cambiar en breve— , el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad paga a las autonomías 177,86 euros por cada beneficiario de grado III y 82,84 por cada uno de grado II. De esta forma, este dinero, el llamado nivel mínimo, se reduce si hay menos dependientes, en general, y si hay menos de grado III, en particular.

Hay otro motivo que explica la reducción del número de grandes dependientes, según comentan los especialistas en trabajo social. A pesar de que la tendencia natural es que a medida que los beneficiarios envejecen vayan perdiendo un mayor grado de autonomía y vayan necesitando mayor atención, algunas comunidades autónomas han procedido a revisar a grandes dependientes para rebajar su grado al considerar que se encuentran mejor.

Estos cambios, señalan desde las asociaciones de dependientes, suelen producirse en personas que reciben prestaciones económicas —las que implican una transferencia de dinero, no un servicio como la teleasistencia o una residencia— ya que el cambio de grado conlleva una reducción en la asignación de fondos y un ahorro para la Administración que paga las ayudas. En el caso de las prestaciones para el cuidado de familiares, las más frecuentes, la cantidad máxima de la ayuda (tras el recorte de julio de 2012) es de 387 euros al mes para un gran dependiente frente a los 268 euros de un dependiente de grado II. Un cambio de grado a la baja representa en este caso un ahorro de 1.428 euros al año por dependiente.

“Las revisiones se encuentran reguladas en la ley y las aplican las comunidades autónomas”, sostienen desde el Imserso. “El Gobierno no ha cambiado nada al respecto”, añaden.

El director del Imserso, César Antón ha hecho hincapié en distintas ocasiones en el, a su entender, elevado número de personas con gran dependencia que ha reconocido el sistema. Suele destacar, cuando se refiere a esta cuestión, que las estimaciones previas a la puesta en marcha de la ley calculaban unas cifras de unos 205.000 grandes dependientes cuando, a pesar del retroceso que se está produciendo en los últimos años, su número ronda los 370.000.

De mantenerse el mismo ritmo de caída que en la actualidad, en un plazo de poco más de seis años, menos del tiempo que la ley lleva en funcionamiento, el número de personas con una valoración de dependencia de grado III se situaría en las cifras a las que alude Antón.