La Cámara de Cuentas detecta irregularidades en ocho hospitales

Un informe refleja que varios centros del Servicio Madrileño de Salud carecían en 2011 de los necesarios contratos con proveedores para realizar las compras

JOSÉ MARCOS Madrid 1 ENE 2014 - 22:33 CET

Una enfermera en un pasillo del hospital de Valdemoro. / PAULA VILLAR

Contratos mal formulados o inexistentes, tarifas por encima de lo permitido, servicios subcontratados sin el permiso previo y necesario del Servicio Madrileño de Salud (Sermas)... La Cámara de Cuentas ha detectado numerosas irregularidades en la gestión de ocho de los hospitales de la región en 2011. Hasta el punto de recomendar a los centros sanitarios de La Paz, Doce de Octubre, Ramón y Cajal, Clínico San Carlos, La Princesa y Gregorio Marañón que establezcan “los mecanismos de control adecuados” para garantizar que disponen del crédito suficiente para cubrir los gastos de unos servicios sanitarios “necesarios e inexcusables”. En 2011 los créditos con que contaron ascendieron, en su conjunto, a 41,2 millones de euros, un 23,5% menos respecto a los del ejercicio anterior (53,9 millones). Pero el grado de ejecución de los seis centros fue del 86,48%, en el que La Paz alcanzó el 99,46% y La Princesa, en cambio, se quedó en el 67,32%: gastaron de menos.

En el informe de fiscalización del ejercicio de 2011 también se plantea que los hospitales celebren los contratos oportunos “de manera flexible, ágil y clara” con sus proveedores de los servicios de hemodiálisis. En este sentido, se destaca que “solo el Doce de Octubre” tenía contratos específicos en vigor conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, “que cubren la totalidad de su servicios concertados”.

Mientras, los demás hospitales carecían “total o parcialmente” de contratos formalmente suscritos para esos mismos servicios y se remitían para justificarlos “a antiguos convenios o conciertos entre el [desaparecido] Insalud y los diferentes proveedores”. Uno de ellos, fue el Ramón y Cajal, que en el ejercicio fiscalizado no disponía de un contrato “formalmente suscrito y en vigor”, tal y como exige la ley. El Clínico San Carlos alegó una situación similar cuando fue requerido por los auditores públicos. A su vez, La Princesa remitió a conciertos suscritos en 1973, 1977 y 1996 entre Insalud y los proveedores, mientras que La Paz se refirió a un concierto de 1977. Por último, el Gregorio Marañón mencionó un concierto entre el Insalud y su proveedor “y a las cláusulas adicionales a los mismos de 2003, de actualización de tarifas”.

El informe refleja también conciertos sin contrato o contratos inadecuados, poniendo como ejemplo al Doce de Octubre, con una proveedora que facturó 16.563 euros por un servicio para el que carecía de contrato. En otros casos se realizaron gastos en colonoscopias o endoscopias “sin la existencia de contratos, procediendo a la aprobación de aquellos mediante acuerdos de la Junta de Compras del hospital a medida que se van realizando”. En 2011 se reconocieron obligaciones de gastos generales por dicho procedimiento y sin contrato por valor de 220.146 y 95.735 euros, a favor respectivamente de los proveedores Hospital de Madrid y Hospital de la Beata María Ana de Jesús. Las facturaciones correspondientes ascendieron ese año a 328.308 y 125.470 euros.

El caso del Doce de Octubre no fue el único con este tipo de irregularidades. El Clínico San Carlos también carecía de “contrato formalmente escrito” con los proveedores que le suministraban algunos servicios. Por su parte, de los cuatro suministradores de un servicio del Gregorio Marañón, solo uno, que representaba el 10% del gasto, cumplía con la legalidad.

La fiscalización de los seis hospitales también recoge que el Doce de Octubre aplicó una tarifa superior a la permitida para la prestación de servicios concertados de hemodiálisis en centros no hospitalarios. La tarifa de licitación establecida fue de 129,84 euros por sesión, superior a la máxima fijada (116,84 euros). Tras sucesivas prórrogas y actualizaciones, en 2011 la tarifa por sesión de hemodiálisis fue de 136,38 euros, una vez más por encima de la permitida.

Mientras, las tarifas por cada servicio de hemodiálisis que una entidad facturó al Clínico excedió en al menos 6,42 euros la tarifa máxima de 126,91 euros establecida. El precio fue “modificado además, una vez iniciado 2011, sin que existiera conocimiento ni conformidad por parte del hospital”. El centro solicitó la devolución de los importes indebidamente pagados. Desde que el equipo auditor detectó el error de facturación, se ha recuperado el 75% de la cantidad cobrada de forma indebida.

Los centros de Torrejón y Valdemoro, por libre

La Cámara de Cuentas también cuestiona la subcontratación en 2011 de servicios sanitarios que realizaron el hospital Infanta Leonor de Valdemoro y el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, ambos de gestión indirecta. En concreto, el informe subraya que el centro de Valdemoro —gestionado por IDC Salud, anteriormente Capio— prestó asistencia sanitaria y de estudio, diagnóstico, anestesiología y terapéutica del dolor “mediante subcontratación a través de servicios ajenos al hospital sin disponer de la autorización expresa del Sermas ni de las notificaciones de que tales subcontrataciones se iban a realizar”, yendo en contra de una de las cláusulas incluidas en el contrato de gestión. Una situación similar se produjo en Torrejón —la concesionaria en 2011 era Ribera Salud, pero ahora se encarga Bupa Sanitas—, donde se subcontrataron servicios de nefrología sin el visto bueno del Sermas.

Al revés de lo que sucede con los seis hospitales cuya gestión la Comunidad pretende privatizar, los centros de Valdemoro —el primer hospital con que Madrid copiaba el polémico modelo Alzira puesto en práctica por el PP en la Comunidad Valenciana—, de Torrejón de Ardoz y el Rey Juan Carlos de Móstoles ya nacieron siendo de gestión privada.