El Sergas blinda a Povisa de recortes durante los próximos diez años

El convenio con el hospital privado aumenta un 4,4% el pago por tarjeta sanitaria

PABLO LÓPEZ Vigo 1 ENE 2014 - 19:40 CET

Trabajadores de Povisa, a las puertas del hospital privado en agosto pasado durante una protesta. / LALO R. VILLAR

Frente a los continuos recortes en la sanidad pública, Povisa, ese experimento de privatización sanitaria que cuesta más de 70 millones de euros anuales a las arcas autonómicas, tiene el futuro blindado. El acuerdo alcanzado la pasada semana entre el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y el centro hospitalario de Vigo incrementa los ingresos que recibirá el Grupo Nosa Terra 2000, al que pertenece, mientras reduce en 4.000 personas la población que deberá atender. El resultado es un aumento del 1,3% de la factura final y del 4,4% de sus ingresos por paciente. Povisa se blinda además ante eventuales recortes futuros al garantizarse una actualización mínima de su tarifa de un 85% del IPC durante los próximos 10 años.

Ni el Sergas ni Povisa facilitan el preacuerdo anunciado el pasado viernes y que será firmado y entrará en vigor en el próximo trimestre. Pero por los datos adelantados se concluye que de los 74 millones de euros que la clínica facturó al Sergas este año se pasará en 2014 a 75 millones, lo que supone un incremento del 1,3%. El precio que la sanidad pública abona a la empresa por cada tarjeta sanitaria será de 540 euros, 23 euros más (4,4%) que si se hace el cálculo de lo que cuesta en la actualidad. Todo esto, tomando como referencia datos oficiosos, ya que ni la Consellería de Sanidade ni Povisa dan publicidad a los oficiales.

El nuevo concierto tendrá una vigencia de ocho años prorrogables por otros dos. Frente al sistema actual, en el que Povisa factura por la actividad que realiza, pasa a cobrar solo por los pacientes que lo tengan asignado como hospital de referencia, con un límite de 139.000, lo que da un total máximo de 75.060.000 euros anuales. Lo que el Sergas no aclara es cómo hará para reducir en 4.000 el número de tarjetas sanitarias asignadas. “La Administración tiene mecanismos para conseguirlo”, señala la gerente del Sergas, Nieves Domínguez.

“Es un caso claro de cómo los recortes afectan a la sanidad pública, pero no a la privatizada”, denuncia Manuel Martín, portavoz de SOS Sanidade Pública. “En un contexto de constante reducción del gasto en sanidad, a una empresa privada se le incrementa la factura a cambio de atender a menos población, lo que significa menos gasto, y además se le garantiza que seguirá ajena a los recortes durante una década”, denuncia. Los 540 euros por tarjeta sanitaria pactados constituyen una cifra “muy elevada” en comparación con los en torno a 1.000 euros que se calcula que gasta el Sergas en el sistema general, si se tiene en cuenta que la cantidad pactada con el policlínico vigués excluye gasto farmacéutico, atención primaria y servicios como pediatría, obstetricia, psiquiatría, cirugía cardíaca y cirugía torácica.

Los colectivos de defensa de la sanidad pública consideran este “trato de favor” a una empresa privada una explicación de la enorme lista de espera que arrastra Povisa, donde hay más del doble de pacientes pendientes de ser operados (5.468 personas) que en 2009, y donde las cirugías se demoran una media de 209 días, la mayor espera de todo el sistema sanitario gallego. “Es una copia del sistema de Alzira, y con los mismos resultados”, denuncia Martín.

La gerente del Sergas cree en cambio que el nuevo sistema, vinculado a la población en lugar de a la actividad, servirá de incentivo para Povisa. “El hospital sabe que si la atención que ofrece es deficiente, perderá tarjetas sanitarias y por tanto financiación. Así que lo que le conviene es prestar el mejor servicio para que los habitantes de Vigo no pidan el cambio”, sostiene Nieves Domínguez.

De acuerdo con el nuevo modelo, Povisa dejará de ser hospital de referencia por el domicilio del paciente (en la actualidad, ayuntamientos del Morrazo y del Val Miñor y determinadas zonas de Vigo), para funcionar como de adscripción voluntaria. Según el Sergas, la posibilidad de un abandono masivo del hospital solo debería preocupar a la propia dirección de Povisa. Sin embargo, los sindicatos creen que la consellería ha blindado un mínimo de 120.000 pacientes, al introducir una cláusula en el convenio que compromete el cobro por esa cantidad de tarjetas sanitarias en el caso de que sea la Administración la que retira los pacientes. “Lo que va a ocurrir al final es que va a ser el hospital el que pueda elegir pacientes, y no los pacientes los que elijan hospital, el convenio deja abiertas un sinfín de maneras de conseguirlo”, denuncian los responsables de SOS Sanidade Pública.

El preacuerdo deja numerosos interrogantes abiertos. Por ejemplo, cómo absorberá el resto del área sanitaria de Vigo a esos al menos 4.000 pacientes que deberán dejar la adscripción a Povisa. O cómo encaja la explicación de que el sistema actual no guarda relación alguna con el número de pacientes con la noticia, conocida en noviembre, de que el Sergas indemnizará al hospital con 15 millones por una deuda contraída entre 2001 y 2004 por atender a 11.000 personas más de las previstas, de acuerdo con una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.