Aragón y Castilla y León, a la vanguardia del blindaje

Son las únicas que dan al médico la consideración de "autoridad pública". La OMC cuestiona la eficacia de las medidas normativas y organizativas.

F. Goiri. Madrid | fjgoiri@diariomedico.com | 26/05/2014 00:00

Atendiendo al catálogo de medidas normativas y organizativas que las autonomías dicen haber implantado para prevenir y combatir las agresiones, Aragón y Castilla y León están a la vanguardia del SNS en la protección de sus profesionales, y lo están merced a la aprobación de sendas normas que les confieren el estatuto de "autoridad pública": la Ley 8/2010 de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, y el Proyecto de Ley de Autoridad de Aragón de 2013.

Esa especial protección normativa implica, según el redactado de la ley aragonesa, que todos los profesionales (sanitarios o no) adscritos al servicio de salud, "gozarán de presunción de veracidad en sus informes y declaraciones, así como de la especial protección reconocida en el ordenamiento jurídico". En definitiva, un blindaje ante la agresión que, según las conclusiones del informe elaborado por el Grupo de Trabajo de Agresiones del SNS, sería aconsejable extender a las 17 autonomías, ya que "supondría reconocer y reforzar la autoridad del profesional, fomentar la consideración y el respeto que se le debe en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, y otorgarle la prerrogativa de presunción de veracidad".

La homogeneidad normativa que se pide en este informe es la misma que reclama con vehemencia José Alberto Becerra, coordinador del Observatorio de la OMC: "Mucho más importante que conocer cuántas y qué tipo de agresiones hay, urge unificar la naturaleza de las sentencias a que dan lugar, y reforzarlas cuanto sea posible. La univocidad de la doctrina jurídica es el primer e inexcusable paso hacia una tolerancia cero con las agresiones".

En materia jurídica, Cataluña, Canarias, Galicia y Murcia han suscrito convenios de colaboración con sus respectivas fiscalías autonómicas para la persecución de las agresiones como delito de atentado, y todas aseguran haber puesto en marcha medidas concretas de apoyo y asesoramiento legal por parte de la Administración a los profesionales agredidos.

Alta valoración oficial
El resto de la estructura organizativa y funcional que han puesto en marcha los 17 servicios de salud es -al menos sobre el papel- bastante homogénea. Todas tienen implantado un plan de prevención y de formación específico para sus profesionales, y en comunidades como Castilla-La Mancha y Castilla y León las medidas de protección contra la violencia no se dirigen sólo al profesional, sino también a los usuarios, patrimonio, estructuras y bienes.

Los registros y observatorios de agresiones también funcionan como tal en todas las autonomías, salvo en Aragón, Andalucía y Cantabria, donde no existe un organismo ex profeso, aunque sus consejerías afirman que hacen un seguimiento puntual en los foros de participación y representación profesional. Estos registros son clave para la homogeneización de criterios que la OMC considera fundamental, ya que, en teoría, son los que nutrirán de datos al observatorio nacional que pretende poner en marcha el Ministerio de Sanidad.

El grado de eficacia que las autonomías le otorgan a las medidas normativas, organizativas y de seguridad implantadas en sus servicios de salud es, según el informe del Grupo de Trabajo, "medio-alto" (una media de 3 en una escala del 1 al 4). La opinión de Becerra difiere mucho de esta visión optimista: "Una cosa es lo que las comunidades autónomas digan que han implantado y otra muy distinta la verdadera eficacia de esas medidas, que dejan mucho que desear en la mayoría de los servicios de salud".

Sanciones duras y homogéneas

La batalla de los colegios por lograr que se endurezcan las sanciones por agredir a los facultativos ha empezado a dar frutos concretos en varias comunidades, pero el objetivo último es generalizar y unificar ese endurecimiento.