El PP rechaza en el Congreso la petición del PSOE de mantener la tarjeta sanitaria a los españoles que emigren por trabajo

Madrid (08/05/2014) - E.P.

• "A nadie se le quita su derecho a la tarjeta sanitaria en España", explica el 'popular' Rubén Moreno, quien añade que la tarjeta "sólo se pierde si mantiene su residencia en otro país y lo comunica a España"

• La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, defiende la iniciativa y denuncia que la decisión de retirar la tarjeta sanitaria a los emigrantes españoles es "contraria al derecho europeo"

El PP ha anunciado que no va a apoyar la admisión a trámite la proposición de ley del PSOE para que los emigrantes españoles no pierdan su derecho a la asistencia sanitaria a los tres meses de salir al extranjero en búsqueda de trabajo. Por tanto, esta iniciativa no saldrá adelante, a pesar de contar con el apoyo de la mayor parte de los grupos de la oposición.

El portavoz 'popular' en esta iniciativa, Rubén Moreno, ha criticado que esta proposición de ley tiene "imprecisiones" porque no se introduce ninguna diferenciación de trato por razón de nacionalidad, a la vez que ve "errónea" la afirmación de que el periodo de 90 días se haya extraído de la Ley de Extranjería.

"A nadie se le quita su derecho a la tarjeta sanitaria en España. (...) Sólo se pierde si mantiene su residencia en otro país y lo comunica a España, incluso en los casos en los que vuelven temporalmente al país si no pagan pueden tener su asistencia y todos ellos cuando vuelven automáticamente recuperan su tarjeta en el supuesto de que trabajaron fuera o tuvieran su residencia fuera", ha explicado.

Así, insiste en que respecto a los 90 días "hay una confusión terrible" porque nadie pierde derecho a la tarjeta sanitaria en España. Ha aprovechado su debate para criticar que en 1992 el PSOE en el Gobierno excluyó del SNS a los parados de larga duración que habían perdido la prestación por desempleo.

La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, ha defendido la iniciativa y ha denunciado que la decisión de retirar la tarjeta sanitaria a los emigrantes españoles es "contraria al derecho europeo", un "nuevo recorte en el derecho a la asistencia sanitaria en España". Por ello ha planteado esta iniciativa, para frenar una decisión "más dirigida" a erosionar el modelo universal de Sanidad, ante las cifras "que no han dejado de crecer a causa de la reforma laboral del PP".

Además, la diputada socialista ha pedido al Gobierno que explique por qué se exige ahora la residencia a aquellos que hayan agotado las prestaciones por desempleo para tener derecho a la asistencia sanitaria, algo que sólo se exigía a los extranjeros en España pero nunca a los españoles.

En segundo lugar, quería saber por qué se ha limitado la residencia a 90 días para la Sanidad, en vez de los 180 días que se consideran para la residencia fiscal, cuando este cambio normativo "colisiona" con los reglamentos europeos de Seguridad Social aprobados en 2004 y en 2009, así como con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Apoyo de la oposición

Conxita Tarruella, de CiU, ha anunciado durante el debate su voto positivo a la toma en consideración de la propuesta del PSOE porque considera que el acceso a la Sanidad pública debe ser universal, además de compartir el argumentario presentado por los socialistas en este "desaguisado" que está emprendiendo en su opinión el PP en la Sanidad.

Desde la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares ha argumentado su voto a favor de esta iniciativa que busca remendar los "despropósitos" que a su juicio está emprendiendo el Ejecutivo en materia sanitaria. "Es difícil saber qué ha llevado al Gobierno a poner este límite de tres meses. No hay un sólo estudio que demuestre que los españoles en el extranjero tengan críticas, ni que le cuesta importantes cargas al SNS (esta asistencia sanitaria). Pasa por el recorte obsesivo del Gobierno", ha remarcado.

Rosa Díez ha justificado su respaldo a la iniciativa del PSOE al compartir su contenido y ha pedido al PP que cambie su parecer en esta materia y apoye la iniciativa, "aunque sea en campaña electoral".

"Es bastante desgracia el tener que emigrar porque has perdido tu empleo y además pierdes tu derecho sanitario. No es justo ni coherente con la política sanitaria, es cuestión de equidad y de defensa de derechos de un ser humano viva donde viva", ha indicado el portavoz del PNV, Joseba Agirretxea.

"Sólo nos queda la trinchera parlamentaria", ha alertado el republicano catalán, Joan Tardà, frente a la exclusión y el "rodillo" del Gobierno el recorte de derechos en la asistencia sanitaria. El nacionalista canario Pedro Quevedo también va a apoyar esta proposición de ley frente a la "manía del PP por atentar" contra el SNS. Y Joan Baldoví, de Compromís-Equo, ha subrayado que el PP está convirtiendo el SNS en asistencial y ha avisado de que si uno se marcha del país 91 días tiene que pagar impuestos, también se debería tener derecho a la asistencia sanitaria.

La explicación de Ana Mato

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha defendido en el Senado que todas las medidas que han adoptado han ido dirigidas a garantizar la atención "a todos los ciudadanos" en un sistema sanitario "público, universal y gratuito", si bien ha admitido que "no se puede equiparar a quienes están legalmente en España con quienes lo hacen de forma irregular".

"No es lo mismo, y no hay ningún país ni ningún organismo que avale que una situación irregular sea equiparable a una situación que cumpla todos los requisitos legales", ha defendido en respuesta a una pregunta parlamentaria de la senadora socialista María Victoria Chivite, que defendía que España tiene una "obligaciones" con los inmigrantes con independencia de sus condiciones legales.

La ministra ha defendido que en España "no se ha privado de atención absolutamente a nadie" y "todas las personas que lo necesitan encuentran atención" en el SNS. Además, ha recordado que ningún país de la UE tiene unas coberturas tan amplias para los inmigrantes irregulares y el comisario europeo del ramo confirmó que España tiene su normativa "adaptada a la UE" y va "más allá de los requisitos exigidos".

Por su parte, Chivite ha acusado a Mato de ser "maquiavélica" por "mentir una y otra vez", y la ha acusado de haber acabado con la universalidad del SNS al limitar el acceso al derecho a la salud a determinados colectivos vulnerables por sus condiciones socioeconómicas o sociosanitarias.

Además, ha defendido que el propio TC dice que este derecho "posee una importancia singular en el marco constitucional que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un ahorro".

Propuesta de Navarra sobre personas con sida

Además, el PP ha anunciado que no va a respaldar en el Pleno del Congreso la propuesta del Parlamento navarro para evitar la discriminación que padecen las personas con sida o portadoras del VIH en la contratación de seguros, una iniciativa que fue aprobada por unanimidad en la Cámara Foral, y que en aquella ocasión contó con el apoyo de los 'populares' navarros.

Se trata de una proposición de ley del Legislativo Foral que fue aprobada el 14 de marzo de 2013, a instancias del Grupo Socialista. En esta ocasión será rechazada por la mayoría parlamentaria del PP en el Congreso de los Diputados, a pesar de que cuente con el respaldo de todos los grupos de la oposición, pero insuficiente, por lo que no iniciará su trámite para poder ponerse en marcha.

Pedía la modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, así como de otras leyes complementarias, para evitar la exclusión de las personas portadoras del VIH o con Sida, ya que las compañías se niegan en muchas ocasiones a hacerles un seguro.

La portavoz del PP en esta iniciativa, María Felicidad Rodríguez Sánchez, ha argumentado que, aunque ve "inadmisible" que se produzcan y se permitan prácticas de esta naturaleza, esas cláusulas son "nulas de pleno derecho" según el ordenamiento jurídico español y la propia Constitución, atendiendo al principio de igualdad y no discriminación.

La diputada del PP tampoco ve "muy lógica" la propuesta del Parlamento navarro de establecer un listado de enfermedades que puedan producir los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas. "Podría interpretarse que cualquier otra enfermedad que no estuviera en esa enumeración sí permitiría alguna discriminación y esto no puede ser", ha apostillado.

El líder del PSN, Roberto Jiménez, ha defendido la "sencillez" y utilidad de esta propuesta de ley, "fácil de entender", y cuyo objetivo es que las personas que padecen esta enfermedad no estén en desventaja en los contratos. "Es una gran injusticia por la que están siendo discriminados. Esta iniciativa es buena e útil", ha insistido en un par de ocasiones.

Sergio Sayas, de UPN, ha destacado que la discriminación no puede encajar en la Constitución española y por eso se ha aprobado esta iniciativa en Navarra, porque hay personas que sufren esta discriminación.

La diputada del PSOE, Pilar Grande, ha argumentado que también va a apoyar la proposición de ley porque está "profundamente de acuerdo con la iniciativa", aunque sea breve, por la discriminación que sufre este colectivo, unas 150.000 personas en España que conviven con el virus, según ha precisado.