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La bolsa o la vida, el falso dilema en Brasil ante el coronavirus
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La Avenida Paulista, el centro financiero y de las grandes movilizaciones en Brasil, en la sureña ciudad de São Paulo, inusualmente vacía el miércoles 25. Las medidas de aislamiento social, con cierre de comercio, empresas y servicios, para contener el contagio del coronavirus, vació las calles de la ciudad más poblada del país. Foto: Roberto Parizotti/Fotos Públicas
- “Van a morir 300, 400, 500 mil personas en los próximos dos años en Brasil a consecuencia del daño económico” derivado de las restricciones con que se busca combatir al coronavirus, pronosticó el empresario Junior Durski.
Paralizar la economía nacional “a causa de 5000 o 7000 personas que van a morir” a causa de la enfermedad covid-19 no es realista, protesta el dueño de la red de restaurantes Madero, en un video difundido por Instagram, ante el cierre temporal de las actividades que aglomeran personas.
Los efectos del aislamiento social y la suspensión productiva serán peores que la epidemia en sí misma, coinciden el presidente Jair Bolsonaro y muchos empresarios que, como Durski, pelean por mantener abiertos sus negocios.
Pero abusan de datos cuestionables o claramente irreales en sus argumentos. Por lo que ya se conoce, sin acciones para contener el ritmo de la epidemia, Brasil tendría mucho más que 7000 muertes, cifra ya superada por Italia, que tiene una población 70 por ciento menor y mejores condiciones económicas, y que adoptó radicales medidas para cortar la expansión del virus.
En este país de 210 millones de habitantes, el desempleo de 40 millones de trabajadores y la consecuente mortandad de centenares de miles de personas, a causa del hambre y la violencia, suena una exageración y en cualquier caso solo es imaginable ante una total omisión del Estado brasileño.
Mitigar las secuelas de la recesión económica, inevitable también en caso de restricciones más laxas a las aglomeraciones que favorecen el contagio, es una tarea a que están dedicados todos los gobiernos.
Estados Unidos acaba de aprobar un paquete de dos billones (millones de millones) de dólares para ayudar a las industrias, pequeñas empresas, al sector de salud, gobiernos locales y personas afectadas por la crisis.
Un cheque de 1200 dólares será destinado directamente a millones de adultos y uno de 500 dólares a niños y adolescentes.
En Brasil, el gobierno también decidió amparar empresas, gobiernos locales y personas en dificultades, con el aplazamiento de deudas e impuestos, créditos de bajos intereses, inversiones en salud y bonos personales.
Los trabajadores informales o por su propia cuenta (autónomos) más pobres recibirán vales por el equivalente a 60 dólares mensuales durante tres meses, suma evidentemente insuficiente para asegurar la sobrevivencia. Y la propuesta inicial del gobierno era menor, de 40 dólares, suma que elevó por presión del legislativo Congreso Nacional.
La crisis encontró un gobierno doblemente inhábil para enfrentarla, tanto para combatir la epidemia como para impulsar una política para de defensa y recuperación económica.
Bolsonaro siempre ha desdeñado el covid-19 como una “gripecita” que solo afectaría a los adultos mayores y personas vulnerables, lo que reiteró el martes 24. Acusa la prensa de provocar la “histeria” y el “pánico” que condujo a la parálisis de la economía y defendió el retorno a la vida normal, incluida la vuelta a las aulas.
Sus opiniones van en contra de lo que se practica en casi todo el mundo y contradicen la posición pregonada por su propio ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, a favor de la interrupción de las actividades que propicien el contagio.
El presidente Jair Bolsonaro en su alocución al país el 24 de marzo, sobre el coronavirus, donde, en lugar de anunciar medidas para combatir a la pandemia en Brasil, atacó a los gobernadores de los estados que cerraron las escuelas, comercios y diferentes servicios para contener el contagio de lo que calificó como una gripecita. También acuso a los medios de provocar una “histeria” innecesaria en la población. Foto: Isac Nóbrega/PR-Fotos Públicas
Bolsonaro, opositor a su gobierno
El ministro dictó recomendaciones generales tras registrarse el primer contagiado en el país, el 26 de febrero, como salir lo menos posible a la calle, evitar aglomeraciones, consejos de higiene o proteger a la población de más de 60 años.
Las medidas concretas, con crecientes restricciones, fueron impulsadas por gobiernos de los estados, empezando por los más afectados, São Paulo, Río de Janeiro y el Distrito Federal donde está Brasilia: suspensión de las clases en escuelas y universidades, de los espectáculos, de actividades masivas, luego reducción de vuelos, transportes urbanos e interurbanos, empresas industriales y de servicios no esenciales.
La adopción de las restricciones es desordenada y a veces contraproducente, reconoció el ministro Mandetta, quien explica que sus recomendaciones buscan enlentecer el pico de contagios y mitigar el colapso del sistema de atención sanitaria, que espera que se produzca en Brasil a fines de abril.
“En ese frente Bolsonaro lidera la oposición a su propio gobierno”, ironizó un comentarista de televisión. Acusa los gobernadores de “destruir empleos y a Brasil”, al cometer el “crimen” de imponer a la población un aislamiento social casi total, cerrar empresas, servicios, escuelas y locales de espectáculos.
Sus posiciones, reiteradas en su mensaje televisivo a la nación el martes 24 y en rápidas entrevistas en Brasilia, provocaron rechazo en todo el país, expresado en cacerolazos todas las noches, a las 20:30 horas locales, en las grandes ciudades brasileñas.
La actitud del presidente de extrema derecha ante la crisis del coronavirus agravó de forma aparentemente irreversible su propio aislamiento, en este caso político.
Crecieron los pedidos para su inhabilitación, aún inviable porque exige mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados y en el Senado, o por su destitución basada en desequilibrio mental.
“Bolsonaro, enemigo de la salud del pueblo”, profirió un “discurso de la muerte” por cadena nacional de radio y televisión el 24 de marzo, manifestaron ocho organizaciones de médicos y profesionales del sector, encabezadas por la Asociación Brasileña de Salud Colectiva.
Jugar con la vida de la población le está costando caro en términos de popularidad. Su acción ante la crisis la aprobaron solo 35 por ciento de los entrevistados en una encuesta del Instituto Datafolha, hecha entre 18 y 20 de marzo, mientras 55 por ciento aprobó la gestión del ministro de Salud y 54 por ciento la de los gobernadores.
Priorizar la economía responde a su pretensión de reelegirse en 2022, una obsesión de Bolsonaro, en el poder desde enero del año pasado. Había un cierto consenso de que una recuperación económica, tras un 2019 decepcionante en que el producto interno bruto creció solo 1,1 por ciento, favorecería su fuerza electoral.
Pero ahora, con el impacto del coronavirus, una recesión es inevitable este año. Por eso el mandatario defiende una pronta reanudación de las actividades productivas, aunque reconozca su imposibilidad.
Lo que busca es apuntalar su posición para eximirse de la culpa por el desastre económico en el futuro y achacar a los gobernadores responsables de la parálisis, señalan analistas políticos.
Pero pierde adeptos en una amplia mayoría favorable a la contención del virus.
“Primero la vida”, la economía se puede recuperar más adelante, pero muertos no se resucitan, contrarrestan representantes de todos los sectores, especialmente médicos e incluso economistas.
Además los desafíos económicos que impone la pandemia no se adecuan a las ideas del liberalismo radical adoptadas por el gobierno a través del ministro de Economía, Paulo Guedes. La austeridad fiscal perdió sentido en ese momento.
La crisis exige ampliar los gastos, emitir moneda y expandir la demanda, una política opuesta, cercana a la consagrada por John Keynes (1883-1946), el economista británico cuyas ideas permitieron superar la depresión de 1929 desatada por la quiebra de la Bolsa de Nueva York.
Habrá que romper los dogmas del llamado neoliberalismo, aumentar el déficit fiscal y la deuda pública para ofrecer desde ya ingresos a los estimados 40 millones de trabajadores del sector informal, los 12 millones de desempleados, subsidiar algunas actividades, sueldos de empleados amenazados de despido, las pequeñas empresas.
Eso exige una sensibilidad social del que el equipo económico demostró carecer. Entre las medidas que llevó el 23 de marzo a la aprobación parlamentaria para zanjar la crisis incluyó la autorización para que las empresas puedan suspender contratos de trabajo por cuatro meses, sin pago de salarios.
La posibilidad de dejar a millones de trabajadores sin ingresos cuando más lo necesitan provocó un rotundo rechazo y críticas generalizadas. El gobierno retiró la medida y negocia una alternativa aceptable para los actores. Probablemente tendrá que sustituir los gestores económicos por un pensamiento más adecuado a la coyuntura.
E: EG
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