Conflicto en sanidad
Quinta semana de paro, 6.000 operaciones suspendidas
Madrid aprueba hoy la ley que permite privatizar hospitales
La negociación está bloqueada
González pide regular la huelga ante el “uso abusivo”
Los médicos madrileños iniciaron ayer su quinta semana de huelga indefinida contra la privatización de la sanidad que ha causado un serio impacto en la red pública. El Gobierno regional mantiene que uno o dos de cada diez facultativos la siguen; los profesionales la cifran en un 70%. Los datos oficiales indican que unas 6.000 operaciones quirúrgicas no urgentes y 40.000 consultas han sido suspendidas. La sanidad madrileña se ha levantado contra los planes de privatización, y la actividad diaria en hospitales y centros lo está sufriendo.
Los profesionales del resto de España observan atentos el laboratorio de Madrid por la posible extensión de ese modelo sanitario a otras autonomías. “Si ellos caen, detrás caeremos todos los demás”, resume gráficamente un médico de Castilla-La Mancha. Las negociaciones están estancadas. El presidente madrileño, Ignacio González, insistió ayer en su discurso de crítica hacia los profesionales pidiendo que se regule el derecho a la huelga ante el uso “abusivo” e “intolerable” que están haciendo “los sindicatos”. Por cada día de huelga, los sanitarios pierden una media de 200 euros.
El Gobierno madrileño aprobó la semana pasada su presupuesto para 2013, que incluye las partidas destinadas a ceder a empresas la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud ya en funcionamiento y que cuentan con personal que depende de la Administración. Hoy el Parlamento regional dejará rematada la parte legal: la mayoría absoluta del PP dará luz verde a la ley de acompañamiento, también llamada ley escoba, que modifica textos normativos para permitir algo inédito en la región: que se vacíen de personal público hospitales ya existentes (inaugurados a la vez en 2008) y se entregue su gestión a la iniciativa privada. El paso atrás en la gestión pública avanza en el resto de España: Extremadura y Galicia recurren a empresas para construir hospitales. Es el modelo PFI (Iniciativa de Gestión Privada, por sus siglas en inglés), que deja en manos de la Administración las batas blancas, lo sanitario. Castilla-La Mancha, en cambio, ha anunciado que, como Madrid, sacará a concurso la gestión de cuatro hospitales ya en marcha.
“Hay una gran preocupación de que Madrid sea un ensayo y que lo que ocurra allí sea replicado en otras autonomías, como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o Murcia. Es una hipótesis probable”, afirma Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial. Sendín reconoce que hay bolsas de ineficiencia en el sistema, pero discrepa en la forma de enfrentarlas. “Hay muchas fórmulas para enfocar las cosas”. En cuanto al modelo propuesto por Madrid, asegura: “Hay márgenes para la colaboración entre la sanidad pública y privada, pero lo público debe gestionarlo lo público. Además, no hay ninguna evidencia de que lo que proponen sea positivo. Nos arriesgamos no solo a una pérdida de calidad del sistema; también a que a la larga sea una opción mucho más cara”, dice.
Las Navidades no han calmado los ánimos. El lunes y el martes los médicos se dieron una tregua en su huelga indefinida porque, al tratarse de festivos, los paros no iban a notarse. Ayer, justo cuando se cumple un mes del inicio de la huelga, volvieron a la carga. De momento, el Gobierno regional no ha resucitado las negociaciones, y critica la actitud de los profesionales. Un discurso de descrédito que inició hace unos días y motivó una carta abierta del Colegio de Médicos en protesta por sus “desafortunadas” declaraciones. Tras varios encuentros en los que tanto el comité profesional como los sindicatos ofrecieron medidas alternativas de ahorro —fueron rechazadas—, la negociación está en punto muerto. Ayer no hubo reuniones. Tampoco hay cita para continuar hablando.
En cambio, tanto el presidente como el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, han endurecido su discurso contra los médicos. El primero habló ayer incluso de que están “jugando con la salud de los madrileños”. González tiene varios frentes abiertos. Al sanitario se suman los conflictos laborales de Metro y de Telemadrid. Ayer afirmó que es necesario regular el derecho de huelga para evitar “abusos”. En una entrevista digital en el diario ABC, Lasquetty insistió en el mismo argumento: que las huelgas están “haciendo mucho daño a los ciudadanos” y que la prueba de ello son las 6.000 operaciones no urgentes canceladas y las 40.000 consultas no atendidas (en los hospitales que se quieren privatizar, se han llegado a aplazar hasta el 75% de las visitas). Lleva semanas acusando a los facultativos de mentir y querer mantener sus privilegios.
Unos facultativos que ayer volvieron a demostrar que el 26 de diciembre es un día tan bueno como otro para convocar una asamblea y volver a llenar el gran anfiteatro del Colegio de Médicos de Madrid. Decidieron continuar la huelga indefinida, pero se plantean romper con la Consejería de Sanidad. “Lo único que nos ha dicho el señor Ignacio González han sido insultos. Cuando Iberia amenaza con un día de huelga se revoluciona el país. Rajoy no nos dice nada. Es intolerable. Se están suspendiendo escáneres, procedimientos que quedan pendientes. ¿No les importa?”, se preguntaba ayer Pedro González, presidente de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), la que convoca el paro. A un médico que haya hecho las 16 jornadas de huelga le pueden haber descontado ya 2.300 euros (entre 150 y 235 euros por día), según cálculos del sindicato médico Amyts.
El presidente de los médicos se muestra sorprendido de lo ocurrido en Madrid. “El sistema público es de todos. No se puede ignorar a los expertos y hacer una cosa así. En el sector sanitario es novedoso que el Gobierno tire por la calle de en medio, sin debate previo y sin tener en cuenta la opinión de los profesionales. Tengo dudas incluso de que las empresas quieran entrar en este juego, tal y como están las cosas”, añade. El sector está en tensión. Y espera al 23 de febrero, el día en que los profesionales sanitarios han convocado una gran movilización en toda España “en defensa del sistema nacional de salud”.
Los profesionales del resto de España observan atentos el laboratorio de Madrid por la posible extensión de ese modelo sanitario a otras autonomías. “Si ellos caen, detrás caeremos todos los demás”, resume gráficamente un médico de Castilla-La Mancha. Las negociaciones están estancadas. El presidente madrileño, Ignacio González, insistió ayer en su discurso de crítica hacia los profesionales pidiendo que se regule el derecho a la huelga ante el uso “abusivo” e “intolerable” que están haciendo “los sindicatos”. Por cada día de huelga, los sanitarios pierden una media de 200 euros.
El Gobierno madrileño aprobó la semana pasada su presupuesto para 2013, que incluye las partidas destinadas a ceder a empresas la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud ya en funcionamiento y que cuentan con personal que depende de la Administración. Hoy el Parlamento regional dejará rematada la parte legal: la mayoría absoluta del PP dará luz verde a la ley de acompañamiento, también llamada ley escoba, que modifica textos normativos para permitir algo inédito en la región: que se vacíen de personal público hospitales ya existentes (inaugurados a la vez en 2008) y se entregue su gestión a la iniciativa privada. El paso atrás en la gestión pública avanza en el resto de España: Extremadura y Galicia recurren a empresas para construir hospitales. Es el modelo PFI (Iniciativa de Gestión Privada, por sus siglas en inglés), que deja en manos de la Administración las batas blancas, lo sanitario. Castilla-La Mancha, en cambio, ha anunciado que, como Madrid, sacará a concurso la gestión de cuatro hospitales ya en marcha.
“Hay una gran preocupación de que Madrid sea un ensayo y que lo que ocurra allí sea replicado en otras autonomías, como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o Murcia. Es una hipótesis probable”, afirma Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial. Sendín reconoce que hay bolsas de ineficiencia en el sistema, pero discrepa en la forma de enfrentarlas. “Hay muchas fórmulas para enfocar las cosas”. En cuanto al modelo propuesto por Madrid, asegura: “Hay márgenes para la colaboración entre la sanidad pública y privada, pero lo público debe gestionarlo lo público. Además, no hay ninguna evidencia de que lo que proponen sea positivo. Nos arriesgamos no solo a una pérdida de calidad del sistema; también a que a la larga sea una opción mucho más cara”, dice.
Las Navidades no han calmado los ánimos. El lunes y el martes los médicos se dieron una tregua en su huelga indefinida porque, al tratarse de festivos, los paros no iban a notarse. Ayer, justo cuando se cumple un mes del inicio de la huelga, volvieron a la carga. De momento, el Gobierno regional no ha resucitado las negociaciones, y critica la actitud de los profesionales. Un discurso de descrédito que inició hace unos días y motivó una carta abierta del Colegio de Médicos en protesta por sus “desafortunadas” declaraciones. Tras varios encuentros en los que tanto el comité profesional como los sindicatos ofrecieron medidas alternativas de ahorro —fueron rechazadas—, la negociación está en punto muerto. Ayer no hubo reuniones. Tampoco hay cita para continuar hablando.
En cambio, tanto el presidente como el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, han endurecido su discurso contra los médicos. El primero habló ayer incluso de que están “jugando con la salud de los madrileños”. González tiene varios frentes abiertos. Al sanitario se suman los conflictos laborales de Metro y de Telemadrid. Ayer afirmó que es necesario regular el derecho de huelga para evitar “abusos”. En una entrevista digital en el diario ABC, Lasquetty insistió en el mismo argumento: que las huelgas están “haciendo mucho daño a los ciudadanos” y que la prueba de ello son las 6.000 operaciones no urgentes canceladas y las 40.000 consultas no atendidas (en los hospitales que se quieren privatizar, se han llegado a aplazar hasta el 75% de las visitas). Lleva semanas acusando a los facultativos de mentir y querer mantener sus privilegios.
Unos facultativos que ayer volvieron a demostrar que el 26 de diciembre es un día tan bueno como otro para convocar una asamblea y volver a llenar el gran anfiteatro del Colegio de Médicos de Madrid. Decidieron continuar la huelga indefinida, pero se plantean romper con la Consejería de Sanidad. “Lo único que nos ha dicho el señor Ignacio González han sido insultos. Cuando Iberia amenaza con un día de huelga se revoluciona el país. Rajoy no nos dice nada. Es intolerable. Se están suspendiendo escáneres, procedimientos que quedan pendientes. ¿No les importa?”, se preguntaba ayer Pedro González, presidente de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), la que convoca el paro. A un médico que haya hecho las 16 jornadas de huelga le pueden haber descontado ya 2.300 euros (entre 150 y 235 euros por día), según cálculos del sindicato médico Amyts.
El presidente de los médicos se muestra sorprendido de lo ocurrido en Madrid. “El sistema público es de todos. No se puede ignorar a los expertos y hacer una cosa así. En el sector sanitario es novedoso que el Gobierno tire por la calle de en medio, sin debate previo y sin tener en cuenta la opinión de los profesionales. Tengo dudas incluso de que las empresas quieran entrar en este juego, tal y como están las cosas”, añade. El sector está en tensión. Y espera al 23 de febrero, el día en que los profesionales sanitarios han convocado una gran movilización en toda España “en defensa del sistema nacional de salud”.
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