Las CCAA recibirán un 22% menos para dependencia

El borrador del decreto que regula lo que da el Estado a las autonomías por cada dependiente fía el grueso del ahorro a una reducción de beneficiarios.

Laura G. Ibañes | laura.gutierrez@diariomedico.com | 27/03/2013 00:00

José M. Ramírez, de la ADGSS. (DM)

El Ministerio de Sanidad ha dado forma en un borrador de decreto a las nuevas reglas que anunció en julio a las autonomías sobre el nivel mínimo en dependencia, esto es, sobre las cuantías que reciben las comunidades del Gobierno central por cada dependiente que atienden. Según explica la memoria del borrador de decreto, el grueso de los cambios se concentra en dos cuestiones, y supondrá, a efectos prácticos, una reducción de las cuantías para las autonomías del 22,5 por ciento respecto a 2012.

La primera cuestión que contempla la nueva norma es la eliminación de los niveles dentro de cada grado de dependencia, de modo que sólo se pueda clasificar a los dependientes en grado III (por los que las autonomías percibirán 177 euros), grado II (82,8 euros) y grado I (44,3 euros). La memoria del decreto reconoce que estas cuantías son un 13 por ciento inferiores a las anteriormente establecidas. A esto se añade el cambio en el baremo de valoración del dependiente que entró en vigor el pasado año y que, según el propio borrador, se está traduciendo en la práctica "en un descenso de las personas valoradas en los grados más elevados que de cara al nivel mínimo supone un menor coste".

Los cambios implican que más dependientes sean valorados con grados leves y que se prime a las autonomías que mayor esfuerzo hacen en la prestación de servicios

Ayudas reales
El segundo gran cambio que recoge el nuevo decreto, pero que ya se acordó en julio, es la decisión de que las autonomías sólo reciban dinero por los dependientes a los que realmente ofrecen ayudas y no por todos los que tienen reconocido el derecho. Además, la cuantía que reciben las autonomías será mayor si ofrecen servicios que si sólo conceden a los dependientes ayudas económicas directas. El borrador detalla que este cambio no implica una reducción de fondos, sino una redistribución distinta entre las autonomías, beneficiando a las que más servicios ofrezcan. Para evitar un desequilibrioesta medida se aplicará de forma progresiva, de modo que en 2013 el 90 por ciento de lo que reciben las autonomías sea simplemente en función del número de dependientes que atienden y de su grado y el 10 por ciento restante en función de los servicios que prestan para que esta proporción vaya cambiando hasta que en 2016 el 60 por ciento proceda del número de dependientes y grado de éstos y el 40 por ciento de si se prestan servicios.

Con estos cambios sobre la mesa, la memoria económica del borrador del decreto insiste en que las cuantías que recibirán las autonomías en concepto de nivel mínimo de dependencia son casi idénticas a las que percibirían con el modelo anterior: 1.142 millones de euros, según la simulación que hace el borrador. Sin embargo, acto seguido, la memoria relata cómo es de prever que "el crecimiento del sistema de dependencia se vea ralentizado" por un incremento del número de fallecimientos por encima del número de incorporaciones de nuevos beneficiarios al sistema. Y a esto se añade un alza del número de dependientes valorados como leves frente a la situación anterior, para concluir la memoria fijando una previsión de gasto del Estado en concepto de nivel mínimo de 1.087 millones de euros, es decir, un 22,5 por ciento menos que en 2012.

El recorte ha llevado a las autonomías a no incorporar nuevos beneficiarios cuando uno fallece: en sólo 6 meses el sistema se ha reducido en 25.000 beneficiarios

Impacto global
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales, afirma que "el recorte no sorprende, se desprendía ya de lo acordado cuando se desmanteló el sistema de dependencia el pasado año y de lo fijado en los presupuestos para 2013". Pero en su opinión "lo más grave es la constatación de lo que está ocurriendo: ante este recorte del 22,5 por ciento en lo que da el Estado a las autonomías por el nivel mínimo, a lo que se suma la supresión total del nivel acordado (285 millones del Estado que financiaban estructuras básicas de dependencia de las autonomías), sólo cabe una opción para las comunidades: no incorporar nuevos beneficiarios".

Menos beneficiarios y menos empleo

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales, estima que los cambios acordados en verano sobre el sistema de dependencia y materializados ahora en el nuevo decreto se han traducido en una reducción de los fondos estatales cercana al 40 por ciento en total, pero sobre todo en una congelación de la tasa de reposición de beneficiarios, "que ha hecho desaparecer del sistema a 25.000 beneficiarios en sólo 6 meses, porque las autonomías no incorporan a nuevos cuando fallece uno" y que se traducirá en breve "en una reducción de puestos de trabajo del sistema de dependencia de entre 12.000 y 15.000 trabajadores".