Cientos de discapacitados recurren en Valencia el copago en centros

Desde diciembre los afectados están recibiendo un escrito con la cantidad económica a pagar

El montante asciende en algunos casos al 90% del coste de la plaza

“Se meten con los más débiles”

PILAR ALMENAR Valencia 8 ENE 2014 - 14:04 CET

Centenares de discapacitados y sus familias han recurrido hoy en Valencia en una sede de Bienestar Social el copago de centros. / JOSÉ JORDÁN

Cientos de personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana han entregado este miércoles los primeros recursos de alzada contra el copago aplicado por la Generalitat y que les obligará a abonar una cantidad económica, en algunos casos de hasta el 90% del coste de la plaza, por asistir a residencias o centros de día u ocupacionales. Cerca de las 11.00, una enorme cola de afectados saturaba el hall de la Dirección Territorial de la Consejería de Bienestar Social en Valencia y llenaba la plaza exterior que rodea el edificio.

Desde el pasado día 8 de diciembre discapacitados, dependientes y personas de la tercera edad están recibiendo en sus domicilios un escrito de la Administración con la cantidad económica que deberán abonar por acudir a los centros de asistencia a personas con discapacidad. En él se especifica la cuantía que deberán pagar y se establece que este copago será cobrado directamente por los centros que proporcionan la asistencia. Desde la llegada del escrito, los afectados tienen un mes de plazo para presentar un recurso de alzada contra la Resolución de la Administración, y por ello hay han comenzado a hacerlo los primeros que la recibieron.

En algunos casos los afectados deberán pagar hasta el 90% del coste de la plaza

Desde primera hora de la mañana, alrededor de doscientas personas esperaban entregar su escrito en el registro de la Dirección Territorial de la Consejería de Bienestar Social de Valencia, acompañados por miembros de la Coordinadora de Discapacidad y Dependencia y trabajadores de los centros, que han presentado escritos de solidaridad con los afectados. Antonio Jiménez, miembro de CC OO, ha explicado que este copago puede ir desde los cero euros hasta "los 1.800 euros, de los que hemos conocido algún caso de residencia o vivienda tutelada, cuyo importe es más alto".

Para calcular la cantidad a pagar, la consejería ha hecho un baremo con la pensión que reciben y la parte patrimonial o las rentas, aunque según Jiménez, "es un copago muy alto el que tienen que poner", que supone hasta el 90% del coste de la plaza.

Los afectados y sus familiares se han quejado de que muchos no podrán asumir el coste de los servicios y tendrán que abandonar los centros, con el consiguiente retroceso en su autonomía personal y el perjuicio económico para las empresas al haber menos usuarios que atender.

En los recursos de alzada, los afectados manifiestan su "total desacuerdo" con una decisión que consideran "inhumana" e "ilegal, ya que se han incumplido varias condiciones previas a la implantación del copago que marca la propia normativa estatal y autonómica". Por ello, piden la "inmediata paralización" del envío de resoluciones de copago y que se "deje sin efecto" las ya enviadas, hasta que se cree una Comisión de trabajo en la que estén incluidas las entidades representativas del sector y se defina "un nuevo modelo de atención".

Los afectados se quejan de que tendrán que abandonar los centros y habrá un retroceso en su autonomía

En la Comunidad Valenciana hay unos 4.500 afectados en los cerca de 250 centros de dependencia que presentan una servicio de atención y educación integral. A ellos, hay que sumar los usuarios de residencias de la tercera edad.

Jiménez ha explicado que la Administración hará de los centros asistenciales "una agencia de recaudación". Además, ha señalado que hay que tener en cuenta que el año pasado "ya se les quitó un 10% de subvención del coste anual" y se les hacen pagar 14 meses en la valoración cuando los centros les van a atender 11 meses. "La realidad es que muchas usuarios y sus familias van a tener un grave problema y los centros también".

Al respecto, ha animado a todos los usuarios a presentar este recurso ya que aunque este año no tengan que abonar nada puede que el próximo ejercicio "les toque pagar" por este decreto, que prevé una horquilla de hasta el 90 por ciento ya que en la baremación se tiene en cuenta la pensión, más la parte patrimonial y la renta.