La mujer es un ser inferior e incapaz

Esta ley es peor que la legislación franquista que prohibía todo tipo de aborto con penas de 4 a 12 años de cárcel tanto para médicos como para las mujeres

JOSEP LLUIS CARBONELL 28 ENE 2014 - 12:24 CET

Esa es la conclusión a la que se llega después de leer detenidamente el anteproyecto de ley aborto sobre el aborto aprobado sibilinamente en Navidades pensando que generaría menos polémica social igual que las leyes que se aprueban en agosto cuando la sociedad esta de vacaciones.

Esta ley es peor que la legislación franquista que prohibía todo tipo de aborto con penas de 4 a 12 años de cárcel tanto para médicos como para las mujeres.

El 95% de los abortos que se realizan cada año en España no podrán hacerse, ya que esta ley exige: 1) dos dictámenes de psiquiatras diferentes que no pueden estar vinculados a la clínica o centro hospitalario que lo realice; 2) un certificado o dictamen social que garantice que se le han explicado a la mujer todos sus derechos y “deberes” de ser madre le guste o no (está por ver qué centros son los autorizados para emitir este certificado, probablemente la red de centros “Madre” dirigida por los grupos antielección y los llamo así porque los provida somos nosotros: la sociedad democrática y los que hacemos los abortos; 3) después de estos tres trámites la mujer debe reflexionar durante siete días en lugar de los tres actuales (como si no hubiera reflexionado ya antes de tomar su decisión). Y esto siempre aceptando que la mujer es un ser inferior e incapaz de regirse por sí misma a la hora de tomar decisiones que afectan vitalmente su vida y su futuro, por ello un psiquiatra debe darle permiso para abortar o no. Ya que ella es incapaz de tomar tales decisiones.

Este es el mensaje que subyace y que rezuma toda la futura ley del aborto. Es decir, una carrera de obstáculos para impedir que el mismo se realice o cuando menos se retrase de uno a dos meses. Ya que tramitar todos estos dictámenes, particularmente en la sanidad pública, no llevará menos tiempo. Recordemos que los embarazos no se detienen con los lentos y burocráticos trámites administrativos.

Impedir que los centros acreditados para la IVE (interrupción voluntaria del embarazo) puedan informar a la mujer de los ámbitos donde puede encontrar asesoramiento, apoyo o simplemente información práctica de la ubicación geográfica de dichos centros, es simplemente impedir que la mujer tenga otras vías de información distintas a las oficialmente establecidas por el Ejecutivo, de acorde a su ideología. Es reducir a estos centros a una suerte de semiclandestinidad, estigmatizar a sus profesionales y señalar a las mujeres que podrían acudir a ellos.

Y para colofón se prohíbe el aborto en caso de malformación. El señor Gallardón debe tener una malformación cerebral o cardiaca en su corazón sentimental para haber sido capaz de engendrar una ley tan cruel y monstruosa como esta, que relega a la mujer a la categoría de un animal o ser, no pensante ni sintiente: prohibiendo el aborto en caso de malformaciones. Tan es así que incluso no se la considera capaz de ser condenada porque al ser un ser inferior no es consciente de sus decisiones y por tanto no puede ser condenada.

Esto, además, le quita presión social a este anteproyecto porque se excluye a la mujer de ir a la cárcel. Pero sí a los que garantizamos en este país el derecho al aborto, los médicos y profesionales que realizamos más de 100.000 abortos al año, en clínicas y hospitales. En realidad, esta ley está específicamente diseñada para meternos en prisión a todos los que realizamos abortos y así eliminar de un plumazo este derecho tan importante para la sociedad. Esta nueva ley nos retrotrae a la época más negra del franquismo.

Resulta de una crueldad absoluta que una mujer que deseaba su embarazo y que ha dejado de desearlo ante la patología fetal grave que sufre el feto tenga que demostrar ante un psiquiatra que ese revés vital le afecta emocionalmente.

¿Quiénes somos para juzgar, para sopesar lo que una mujer, su compañero, su familia es capaz de soportar vitalmente? ¿Quiénes somos para establecer el grado de sufrimiento que una mujer puede sobrellevar frente a la discapacidad grave de su hijo o hija enfermo/a?

Bueno, pues parece que el Gobierno quiere medir ese grado de sufrimiento, asegurarse de que la mujer está realmente hundida, como si esa circunstancia no fuese una presunción lógica, de sentido común; y para ello ha decidido que la mujer tenga que demostrar, mediante un informe psiquiátrico y dictamen preceptivo relativo a la patología fetal, que la malformación que padece su hijo o hija le provoca tal desequilibrio en su salud psíquica que por ello desea interrumpir su embarazo.

¿Existirá crueldad mayor que obligar a una mujer a parir un hijo que se morirá en los siguientes días o vivirá en condiciones infrahumanas sufriendo él y sus progenitores de verlo así? ¿Es justo eso? Ya que han reducido casi a la nada las ayudas a la dependencia ¿es que el señor Gallardón piensa organizar una especie de “Cotolengo” u orfanato con los gastos pagados para todos los niños malformados que sean donados en adopción por sus madres? Sin comentarios. Se nota que el señor Gallardón y que muchos miembros del PP son del Opus Dei y afines. Afortunadamente son casi legión los que protestan en el PP por este anteproyecto. Por fin empieza a despuntar una derecha algo europea en este tema. Esto era impensable hace unos años.

Como siempre que se prohíbe el aborto lo que desgraciadamente ocurrirá es que la mortalidad y morbilidad por aborto clandestino realizado en condiciones inseguras e infrahumanas se disparará, ya que el dinero para abortar en el extranjero aunque sea en la vecina Portugal lo tendrán muy pocas. Ni las mujeres de los seis millones de parados ni las de los más de 15 millones de mileuristas que hay en España, podrán reunir los 1.500-2.500 euros necesarios para ir a Holanda o Inglaterra. Hay que tener en cuenta que no solo hay que pagar el coste de la intervención, sino también los viajes y hoteles.

En realidad esto no es una ley sobre el aborto sino una ley de gestación obligatoria. Por esto cuando una ley es tan injusta como esta y va en contra de los intereses de la mayoría no queda otra opción que rebelarse contra ella y hacer desobediencia civil. Por ello, seguiré practicando abortos a todas las mujeres que me lo soliciten y crearé una red de grupos operativos de apoyo en cada provincia conjuntamente con otras organizaciones y grupos feministas que dé salida a la problemática de los miles de mujeres que no podrán viajar al extranjero. Cuando una mujer ha decidido abortar no existe ley ni represión que le obligue a cambiar de criterio y lo hará aun a costa de arriesgar su vida. Esto es lo que he aprendido después de 30 años realizando abortos.

Afortunadamente hoy en día contamos con un revolucionario método para abortar que es el aborto farmacológico con pastillas en el que no son necesarios ni quirófanos ni médicos. Y las pastillas se pueden enviar por correo, mensajería, amigos etc. y eso es justamente lo que también haremos (ya lo hace la ONG holandesa Women On Waves, mujeres sobre las olas). Y si es necesario para ayudar a nuestras conciudadanas fondearemos un barco de esa ONG de forma permanente en cada puerto español de forma que entre y salga de territorio español cada día para que las españolas puedan seguir abortando en aguas internacionales bajo la ley holandesa y decidiendo por sí mismas.

Quiero aclarar que aunque soy miembro de ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo) esta no es la posición oficial de la misma y las propuesta y opiniones anteriormente expuestas lo son solo a título personal, aunque estoy seguro que no estaré solo cuando se lleven a cabo, en el caso de que entre en vigor esta nueva ley.

Josep Lluis Carbonell Esteve es ginecólogo y director médico de la Clínica Mediterránea Médica de Valencia y Castellón