El pacto por la pública de Castilla y León pervive, pero no cristaliza

Hace casi 15 meses, el 19 de febrero del año pasado, Castilla y León firmó el primer pacto por la sanidad pública en una comunidad autónoma, iniciativa pionera, que no se ha extendido a otras regiones, y que parece haberse quedado, si no en un brindis al sol, al menos sí a medias.

Alejandro Segalás. Valladolid. | dmredaccion@diariomedico.com | 19/05/2014 00:00

Más de un año después, la sensación generalizada de los firmantes es que "no se ha incumplido, pero tampoco se ha traducido en ningún proyecto", indica José Luis Díaz Villarig, presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León y de CESM en la autonomía.

Mientras la consejería defiende el gesto en sí, los colegios, CESM, PSOE y UGT dudan porque no se ha concretado en acciones; Satse está algo más satisfecho

La Consejería de Sanidad de la comunidad considera que dar ese paso "supuso corroborar la firme intención de la Junta de Castilla y León de mantener y fijar el modelo sanitario público, bajo los criterios de universal, público y gratuito".

"Certidumbre"
La firma fue avalada por sociedades científicas, colegios profesionales y los tres sindicatos profesionales más importantes, "y ello ha servido para garantizar la gestión pública de los centros sanitarios", argumenta a DM el consejero, Antonio María Sáez Aguado, que insiste en que, "con la firma de este documento, se trasladó tranquilidad y certidumbre a los profesionales del sector".

Castilla y León es la única comunidad que, con excepciones, ha logrado reunir a los agentes sanitarios en un consenso en defensa de la sanidad pública

El texto, impulsado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, fue firmado por 37 sociedades científicas, colegios profesionales (el Consejo autonómico de médicos, más los de Enfermería, Fisioterapeutas, Odontólogos y Estomatólogos, Psicólogos, Farmacéuticos, Logopedas, Podólogos, Protésicos Dentales, Terapeutas Ocupacionales, y Ópticos Optometristas), más sindicatos (Satse, Uscal y CESM, aunque CCOO y UGT no se adhirieron).

El texto, que llevaba por nombre Compromiso con la sanidad pública de Castilla y León, hacía mención a la necesidad de salvaguardar el sistema sanitario público de la comunidad en un contexto económico adverso: "La prolongada crisis económica y las medidas adoptadas han generado a los profesionales sanitarios, y también a los ciudadanos, muchas incertidumbres sobre el futuro de la sanidad pública. Estas incertidumbres se han visto amplificadas como consecuencia de las iniciativas propuestas en otros territorios y los debates suscitados sobre la sanidad pública y privada, sobre la gestión pública y la gestión privada en sanidad", apuntaba el documento.

"Nada palpable"
Díaz Villarig recuerda que eran momentos difíciles para el Partido Popular por los recortes y por las polémicas de privatizaciones de aspectos sanitarios en otras comunidades: "Suponía un proyecto interesante y por eso lo firmamos, pero en la realidad un año después no hemos podido ver nada palpable", asegura el presidente de CESM Castilla y León.

Más opiniones: "El pacto realmente se ha cumplido, ya que no se ha privatizado nada y las unidades de gestión clínica mantendrán el régimen jurídico de los trabajadores y se garantiza que estarán siempre dentro de Sacyl", argumenta Silvia Sáez, secretaria regional de Satse.

Algo más crítica se muestra Mercedes Martín, portavoz socialista de Sanidad en las Cortes de Castilla y León. Cabe recordar que, cuando el texto se votó en el Parlamento autonómico, ni PSOE ni IU lo avalaron: "Con todo mi respeto a los firmantes, que fueron engatusados por el consejero de Sanidad, aquel pacto sólo sirvió para hacerse una foto de grupo", sentencia Martín.

La representante socialista pone de manifiesto que el acuerdo no ha frenado que Sacyl cuente en plantilla orgánica con 900 profesionales menos dos años después, que se intentaran cerrar Urgencias de zonas rurales, que después tuvieron que volver a abrir por la presión de la sociedad, que Castilla y León sea la última comunidad en la implantación de la sanidad digital o que haya 115.000 personas en lista de espera contando con quirófanos, citas con el especialista y pruebas diagnósticas.

Acto estratégico
Dice que fue "un acuerdo extraño, ya que los sindicatos firmantes, a los pocos días de la presentación, criticaban aspectos similares por los que apoyaron al consejero", añade. En su opinión , fue una estrategia de Sáez Aguado para "colar las medidas dañinas de ajuste del fatídico RDL 16/2012 ".

También en el bando crítico, Carmen Ámez, secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, denuncia que el sindicato fue avisado "de un día para otro" para firmar el acuerdo, y que UGT no lo rubricó "por apresurado y porque no concretaba nada".