Clínicas privadas y concertadas expectantes ante los próximos cobros en Cataluña
El pasado viernes, 4 de diciembre, diferentes asociaciones empresariales expresaron su confianza en que parte de la deuda acumulada por la administración catalana sea satisfecha a proveedores, estando en esa situación clínicas privadas, centros asistenciales concertados y oficinas de Farmacia.
Entre los días 16 y 18 de este mes de diciembre se sabrá finalmente el grado y cuantía en los que la administración catalana satisfará parte de la deuda acumulada respecto al sector sanitario, privado y concertado y, muy especialmente también, a las oficinas de Farmacia de Cataluña. Estos pagos se contemplan dentro del Plan de Liquidez Autonómica (FLA) que elGobierno central ha condicionado a que se prioricen los abonos a dicho sector Salud. Hasta el momento, los más de 2.000 millones adeudados corresponden al 33% de la facturación de junio y el 100% de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y, finalmente, también noviembre, este último mes por un valor de 380 millones.
En opinión de las asociaciones empresariales del sector, estos retrasos en los pagos a las oficinas de Farmarcia y los proveedores sanitarios y sociosanitarios son inexplicables y muy dañinos para un sector que no podrá soportar por más tiempo financiar a la administración pública sanitaria. Según expresaba el viernes, 4 de diceimbre, el secretario general de la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC), Antonio Cañete, la situación es realmente insostenible. Con una deuda que excede largamente los 2.000 millones de euros, los hospitales, los centros asistenciales y las farmacias ya no tienen capacidad para seguir financiando a la Administración. Cañete, que también es consejero dePIME Mediación y presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PCM), recordó, como hace con frecuencia cuando tiene que explicar la postura de los empresarios sobre este tema, que tanto la legislación europea como su adaptación a la normativa española obliga a las administraciones públicas de la UE a pagar a sus proveedores en el plazo de 30 días naturales, o a 60 días en casos extraordinarios a justificar. Para Cañete, resultó incoherente que, teniendo que pagar los ciudadanos y empresarios un recargo del 20% cuando pagan fuera de plazo sus obligaciones de IRPF e IVA, no exista un automatismo por el cual el sector público pague los intereses de demora de sus facturas impagadas. Una demora que ya está llegando a los 90-100 días para el sector sanitario catalán. Cañete afirmó que, efectivamente, la directiva europea 2011/7/UE, de 16 de febrero de 2011, estableció medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en territorio de la Unión; siendo posteriormente transpuesta la directiva en España mediante el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, que incluyó medidas de apoyo a los emprendedores y de estímulo para crecimiento económico y de la creación de empleo. Una norma a la que precedió el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el cual se creó el Fondo para la financiación de pagos a proveedores. En resumen, el representante empresarial estimó que no es aceptable que se demoren tanto los pagos a proveedores sanitarios, cuando se está pagando a las grandes constructoras del Ibex (que también tienen derecho a ello) a los 27 días de media. Un dato a añadir a los más de 80.000 euros destinados a las sucesivas emisiones del FLA.
De la misma forma, Cristina Contel, presidenta de la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) y de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), celebró el compromiso adquirido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Minhap), con la salvedad de que el pago sea puntual e íntegro. Según sus datos, la situación es dramática para un buen número farmacias y centros asistenciales, sin que hasta el momento se haya dejado de atender en lo más mínimo a los pacientes ingresados. Contel también expresó este mismo viernes pasado, 4 de diciembre, que los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos. En cualquier caso, también añadió, que administraciones y empresas deben aprender de esta situación para que en el futuro los presupuestos públicos sean más rigurosos y se ajusten a las necesidades reales de la población. Añadiendo que, en modo alguno, son aceptables los incumplimientos contractuales por parte de los poderes públicos con sus proveedores.
Tanto Contel como Cañete esperaron que la situación se encauce también para las farmaciasque, como entidades de derecho público, tienen obligación de dispensar todos los medicamentos prescritos aunque, como se ve, no cobren. Actualmente, se les adeuda el 70% de su facturación, lo que hace que su continuidad esté amenazada en algunos casos, así como el servicio social imprescindible que prestan.
PIE DE FOTO: Antonio Cañete, secretario general de Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC) y presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PCM)
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