Las CC.AA. dispondrán de hasta mil millones de euros para financiar los tratamientos de la hepatitis C

Madrid (12-14/12/2015) - E.P.

• El Gobierno ha habilitado una partida de hasta esa cantidad para formalizar los préstamos a largo plazo a las comunidades para que hagan frente a los gastos del tratamiento de la hepatitis C con los nuevos fármacos de última generación que se han aprobado en España

• El Plan Estratégico Nacional contra la Hepatitis C determinó "atendiendo a criterios médicos" que, por el momento, debían recibir estos nuevos fármacos 52.000 de los 95.000 pacientes con la enfermedad que hay en España; hasta el momento, más de 34.000 ya han recibido tratamiento

El Gobierno ha habilitado una partida de hasta mil millones de euros para formalizar los préstamos a largo plazo a las comunidades autónomas para financiar los gastos del tratamiento de la hepatitis C con los nuevos fármacos de última generación que se han aprobado en España. "Es una importante medida en el ámbito sanitario", ha explicado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha recordado que a dicho préstamo podrán acceder aquellas regiones que se hayan adherido al fondo de financiación autonómica.

El Plan Estratégico Nacional contra la Hepatitis C elaborado el pasado mes de marzo determinó "atendiendo a criterios médicos" que, por el momento, debían recibir estos nuevos fármacos 52.000 de los 95.000 pacientes con hepatitis C que hay en España. Y hasta el momento, "más de 34.000 ya han recibido tratamiento", ha aseverado Sáenz de Santamaría.

El Gobierno determinó que el tratamiento de estos pacientes tendría un coste de 727 millones de euros, tras las negociaciones que mantuvo con las compañías farmacéuticas que los comercializan. No obstante, y dado que son las comunidades las encargadas de hacer frente a dicho gasto, el Gobierno habilitó un préstamo a diez años con un interés del cero por ciento para que pudieran sufragar el coste de los tratamientos.

Fuentes del Ejecutivo han explicado que la partida habilitada es superior para poder ayudar a las comunidades a pagar los tratamientos que se administraron antes de negociar con las compañías el abaratamiento de los precios.

Durante su intervención, la vicepresidenta ha recordado que España fue "de los primeros países en incorporar a la financiación pública los nuevos antivirales para la hepatitis C" y recuerda que el plan elaborado se ha puesto a disposición de cualquier país interesado.

Además de la incorporación de estos nuevos fármacos, el Plan permitió contar "por primera vez" con un mapa de la enfermedad en España en función del genotipo del virus y el estadio de la enfermedad, al tiempo que también "se está elaborando un registro de pacientes tratados para evaluar continuamente la efectividad de estos medicamentos", según ha destacado Sáenz de Santamaría.

Consejo Español de Drogodependencias

Además, el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el Real Decreto que desarrolla el régimen jurídico del Consejo Español de Drogodependencias y otras adicciones, como la ludopatía, un órgano colegiado de consulta y asesoramiento de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Este Consejo, creado recientemente, se enmarca en las medidas adoptadas por el Gobierno para racionalizar el sector público, y sustituye al Grupo Interministerial para el Plan Nacional sobre Drogas y al Consejo Asesor del Observatorio Español sobre la Droga y las toxicomanías. De hecho, la composición, estructura y funciones de estos órganos quedan derogadas de forma expresa con la normativa aprobada este viernes, aunque seguirán funcionando hasta que el Consejo Español de Drogodependencias se constituya formalmente.

De esta forma se da respuesta a la amplia demanda de las organizaciones sociales de tener representación en las instituciones que definen las políticas estatales sobre drogas y otras adicciones.

Su funcionamiento no supondrá incremento alguno del gasto público ya que será atendido con los medios personales, materiales, técnicos y presupuestarios asignados a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

Estará compuesto por representantes de las administraciones públicas con competencias en materia de adicciones, de la Fiscalía General del Estado y de los principales agentes sociales: comunidad científica, entidades privadas sin ánimo de lucro de ámbito nacional, así como organizaciones empresariales y sindicales más representativas de ámbito nacional. Se constituirá en un plazo máximo de cuatro meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto.

Entre sus funciones está la elaboración de los informes que le solicite la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, realizar por iniciativa propia las propuestas y estudios que estimen necesarios en el marco de sus competencias, y conocer e informar, antes de su aprobación, los proyectos de la Estrategia Nacional sobre Drogas por los cuáles se actualice periódicamente el Plan Nacional sobre Drogas y los Planes de Acción que desarrollen y complementen la Estrategia.

Asimismo, también tendrá que analizar desde un punto de vista técnico las iniciativas y actuaciones de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y evaluar sus resultados y le prestará apoyo técnico cuando lo solicite.

Fondo de Bienes Decomisados

El Gobierno ha aprobado este viernes también, a propuesta del Ministerio de Sanidad, los criterios de distribución para el año 2016 del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Según la Ley 17/2003, de 29 de mayo, que regula este Fondo, el producto de la enajenación de los bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados se destina a intensificar las actuaciones realizadas en los ámbitos de la reducción de la demanda y del control de la oferta de drogas, así como de la cooperación internacional en estas materias.

El Fondo está gestionado por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, integrada por representantes de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Hacienda y Administraciones Públicas, Justicia e Interior, y presidida por el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín.

El acuerdo aprobado autoriza a dicha Mesa a sufragar programas de prevención de toxicomanías, asistencia a drogodependientes e inserción social y laboral de los mismos.

Entre estos se incluyen iniciativas destinadas a la sensibilización y prevención, programas asistenciales y de inserción socio-laboral dirigidos a menores afectados o en situación de riesgo, de formación y reciclaje de profesionales, voluntarios y mediadores sociales en prevención, proyectos de investigación en drogodependencias, que incluyan la perspectiva de género o actuaciones de cooperación internacional en estas materias.

Del mismo modo, en el ámbito del control de la oferta podrá incluir programas y actuaciones emprendidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en materia de lucha contra las drogas y el blanqueo de capitales, dirigidos a mejorar las comunicaciones y los sistemas informáticos, incrementar los medios materiales y promover la formación de los recursos humanos dedicados a esta actividad.

Por último, el acuerdo permite la financiación de otros programas que, por su especial interés, deban desarrollarse necesariamente en 2016, en especial los que se ejecuten en cumplimiento de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 y del Plan de Acción 2013-2016
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