Proponen una canasta básica de salud sexual y reproductiva
Mientras el Senado analiza el proyecto de ley sobre el aborto , una comisión internacional de especialistas en salud sexual y reproductiva eligió el país para presentar un informe que define una canasta básica de nueve servicios esenciales. ¿Su costo? Unos 9 dólares por persona por año
Los 16 investigadores de la Comisión Guttmacher-Lancet, que incluye dos representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), revisaron desde 2016 estadísticas, evidencia científica y legislación de todas las regiones. En mayo pasado, la revista The Lancet publicó los resultados del informe "Acelerar el avance", que se presenta hoy, a las 18, en uno de los auditorios del Congreso de la Nación .
"Varias décadas de investigación demuestran los beneficios de invertir en salud sexual y reproductiva. A través de numerosos acuerdos internacionales, los gobiernos se comprometieron con esa inversión -señala la comisión-. El débil compromiso político, los recursos inadecuados, la discriminación persistente contra las mujeres y las chicas, así como la falta de voluntad para abordar de manera abierta e integral cuestiones relacionadas con la sexualidad, frenaron el avance de esos compromisos".
Eso se traduce en falta de acceso a anticonceptivos, tratamiento de infecciones de trasmisión sexual (ITS), educación sexual o atención prenatal adecuada, entre otros. "Casi todas las personas en edad reproductiva (15 a 49 años) carecerán al menos de un servicio esencial de salud sexual y reproductiva", afirma la comisión. En el mundo, son 4300 millones de personas.
Ante este escenario, que anticipa dificultades para que los países cumplan con algunas de las metas de desarrollo humano que fijó Naciones Unidas para 2030, la Comisión Guttmacher-Lancet propone incorporar a la cobertura universal de salud nueve prestaciones esenciales:
- educación sexual integral
- consejería y servicios para acceder a anticonceptivos modernos
- atención prenatal, en el parto y posnatal, incluidos los cuidados obstétricos y neonatales de emergencia
- servicios de aborto seguro y atención de las complicaciones del aborto inseguro
- prevención y tratamiento del VIH y otras ITS (en especial, las cuatro curables: sífilis, gonorrea, clamidia y tricomoniasis)
- prevención, detección y atención para víctimas de violencia sexual con perspectiva de género
- prevención, detección y manejo de los cánceres reproductivos
- información, consejería y servicios de subfertilidad e infertilidad
- información y servicios relacionados con la salud y el bienestar sexual
Y esto no solo es cuestión de mujeres. "El informe identifica la necesidad de incrementar el rol del hombre en la salud y los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo en apoyar a las mujeres en la toma de decisiones, en el ejercicio de sus derechos y en su empoderamiento", explicó Laura Laski, coautora del informe y exjefa de la Subdivisión de Salud Sexual y Reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas.
Para Susheela Singh, vicepresidenta de investigación internacional del Instituto Guttmacher, "atender las necesidades de anticoncepción, aborto y atención materna e infantil en los países en desarrollo costaría 9 dólares por persona por año, lo que es una inversión accesible, en especial porque, en promedio, la mitad ya se invierte para cubrir el costo de los servicios de atención disponibles, a la vez que aportará enormes beneficios".
Para eso, los países "deben determinar sus prioridades en el corto plazo y hacer las reformas institucionales para avanzar en su desarrollo futuro" y garantizar el acceso a los servicios esenciales aun durante crisis económicas. "Se recomienda que los países amplíen el acceso a esas prestaciones progresivamente, de acuerdo con los recursos y el contexto político", dijo Singh ayer a LA NACION, recién llegada al país.
Y afirmó: "Cuando se trata de salud y derechos sexuales y reproductivos, la Argentina siempre ha sido un líder en la región".
Laski, que también es asesora en telemedicina de la Early Signal Foundation de Nueva York, opinó que habría que comenzar por "enfocar los esfuerzos en los grupos más marginales y en condiciones de pobreza con dificultades para ejercer sus derechos".
Incluyó a los adolescentes y los jóvenes. "Asegurar que ellos ejerzan sus derechos al inicio de sus vidas sexuales y reproductivas apuesta a que estas generaciones crezcan conscientes de que tienen derechos y que los ejercen. Esto es bueno y saludable para ellos y para los que siguen atrás -sostuvo Laski ante la consulta de LA NACION-. En relación a las mujeres más pobres, muchos datos nos dicen que el ejercicio de estos derechos las pondrá en mejores condiciones en el desarrollo y sus esfuerzos para salir de la pobreza, lograrán una vida más sana y las acercará más la idea de la igualdad de género".
Silvina Ramos es investigadora del Área Salud, Economía y Sociedad del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes). Consideró "pertinentes y aplicables" las recomendaciones. "Los derechos sexuales y reproductivos son centrales para la vida de las personas y sin su ejercicio pleno se comprometen las oportunidades de desarrollo personal y de inserción social, particularmente para las mujeres y adolescentes. Ya no hay lugar para ninguna barrera, excusa, desatención o negativa", afirmó.
Para Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), el informe "es muy importante en un país donde aún es tan fragmentada la atención de la salud y, por eso, estamos gastando muchos más recursos que los necesarios". Explicó que "la propuesta de una canasta básica, que costaría 9 dolares por habitante por año, en nuestro país es mucho más cara porque las mismas prestaciones las brindan distintos sectores, por lo que hay una superposición de prestaciones sin efectividad". Y afirmó: "Es una buena oportunidad para revisar nuestras prioridades y reconocer que el debate sobre el aborto abrió la posibilidad de hablar sobre la educación sexual integral".
Nueva definición
El informe "Acelerar el avance" de la Comisión Guttmacher-Lancet incluye una nueva definición de salud sexual y reproductiva, más amplia, que no se limita a la ausencia de enfermedad.
"Es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con todos los aspectos de la sexualidad y la reproducción, no simplemente la ausencia de enfermedad, disfunción o dolencias. Por lo tanto, un acercamiento positivo a la sexualidad y la reproducción debería reconocer el papel desempeñado por las relaciones sexuales placenteras, la confianza y la comunicación en la promoción de la autoestima y el bienestar genera", se lee en el documento.
Además, enumera los derechos sobre los que se sustenta:
- que se respete la integridad corporal, privacidad y autonomía personal
- definir libremente la propia sexualidad, incluida la orientación sexual y la identidad y expresión de género
- decidir si ser sexualmente activo y cuándo serlo
- elegir a las parejas sexuales
- tener experiencias sexuales seguras y placenteras
- decidir si casarse, cuándo hacerlo y con quién
- decidir si, cuándo y de qué manera tener uno o más hijos y cuántos hijos tener
- tener acceso a la información, los recursos, los servicios y el apoyo necesarios para lograr todo lo anterior, libres de discriminación, coerción, explotación y violencia
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