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Contra el cáncer, ERE
La fachada del CNIO.Lorenzo Silva |
Actualizado domingo 13/10/2013 04:31 horas
Supóngase un país de cuyas facultades de Medicina sale cada año un número nada desdeñable de titulados con un nivel medio de formación tirando a alto (no en vano han sido seleccionados en origen, entre los expedientes más brillantes del Bachillerato, y se les ha sometido a una formación exigente).
Supóngase que a no pocos de esos titulados se les presenta la oportunidad de dedicarse a la investigación de alto nivel, en terrenos fronterizos como la lucha contra el cáncer, desde centros de otros países que sistemáticamente los reclaman y a la postre los abducen. Supóngase que alguien decide que debe ofrecerse a esos titulados brillantes la posibilidad de investigar sin salir de su país, y de contribuir con ello a la formación de músculo nacional en el ámbito de la innovación en Medicina. En particular, en el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer, para lo que se decide constituir un centro y dotarlo de recursos.
Hasta aquí, el relato progresa con arreglo al sentido común. Comoquiera que se dispone en ese momento de financiación, y que aparece alguien lo bastante cualificado que acepta encabezar el proyecto, el centro se pone en marcha. Comienza a funcionar, contrata investigadores, abre líneas de trabajo, empieza a avanzar en ellas y a ofrecer resultados que obtienen reconocimiento internacional. Todo parece encaminarse en una dirección satisfactoria cuando una sombra se atraviesa en el camino. A partir de este punto, difieren, como suele suceder, las versiones: los éxitos suscitan unanimidad, en la interpretación y en la reivindicación, pero los tropiezos generan discordia a la hora de atribuirlos y más aún a la de correr con sus consecuencias. Hay quien dice que ese cualificado director gestiona mal los recursos; hay quien sostiene, en cambio, que no se allegan al proyecto los que serían necesarios; y tampoco falta la versión ecléctica que contempla como compatibles ambas disfunciones.
Sea como fuere, las cuentas del centro se desajustan y sobreviene, por añadidura, una situación de emergencia de las finanzas públicas que obliga a la contención general del gasto. El resultado práctico de todo ello es que se llega a la solución de hacer un ERE para librarse de 70 de aquellos investigadores a los que años atrás se concluyó que era menester retener a fin de aprovechar su gran potencial. Por razones de espacio, haremos abstracción de las 70 historias individuales truncadas por esa decisión, que en el ánimo de sus protagonistas no debe de inducir, respecto del país que en su día les ofreció apostar por él en lugar de hacerlo por otros, una corriente de gratitud.
Lo que no está de más es contextualizar esos 70 despidos, para lo que la referencia inevitable, guste o no, es el saco general del gasto público, y en particular, de dónde se detrae y de dónde no, respecto de lo que se gastaba antes de que sobreviniera la emergencia fiscal que impide renovar el contrato a los investigadores. Nada que objetar si el término de referencia es la educación: también en ese sector de la acción pública se han producido reducciones, incluso drásticas, de la fuerza laboral. Otro tanto cabe decir de la vertiente asistencial del gasto sanitario: se han cerrado servicios hospitalarios y se ha despedido a personal de todas las categorías. Lo mismo sucede con policías, bomberos... No se ha despedido a ninguno, pero no se han repuesto las bajas vegetativas, lo que también reduce la plantilla.
Ahora bien, si miramos el censo de asesores, el de escoltas de figurones, o las estructuras
administrativas redundantes que ofrecen oportuno cobijo laboral a la militancia más fiel, el cuadro es muy diferente. Ahí la reducción, ni está, ni se la espera.
Suponiendo todas estas cosas, cabe preguntarse si al frente del tinglado hay alguien que conserve el sentido común.
Supóngase que a no pocos de esos titulados se les presenta la oportunidad de dedicarse a la investigación de alto nivel, en terrenos fronterizos como la lucha contra el cáncer, desde centros de otros países que sistemáticamente los reclaman y a la postre los abducen. Supóngase que alguien decide que debe ofrecerse a esos titulados brillantes la posibilidad de investigar sin salir de su país, y de contribuir con ello a la formación de músculo nacional en el ámbito de la innovación en Medicina. En particular, en el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer, para lo que se decide constituir un centro y dotarlo de recursos.
Hasta aquí, el relato progresa con arreglo al sentido común. Comoquiera que se dispone en ese momento de financiación, y que aparece alguien lo bastante cualificado que acepta encabezar el proyecto, el centro se pone en marcha. Comienza a funcionar, contrata investigadores, abre líneas de trabajo, empieza a avanzar en ellas y a ofrecer resultados que obtienen reconocimiento internacional. Todo parece encaminarse en una dirección satisfactoria cuando una sombra se atraviesa en el camino. A partir de este punto, difieren, como suele suceder, las versiones: los éxitos suscitan unanimidad, en la interpretación y en la reivindicación, pero los tropiezos generan discordia a la hora de atribuirlos y más aún a la de correr con sus consecuencias. Hay quien dice que ese cualificado director gestiona mal los recursos; hay quien sostiene, en cambio, que no se allegan al proyecto los que serían necesarios; y tampoco falta la versión ecléctica que contempla como compatibles ambas disfunciones.
Sea como fuere, las cuentas del centro se desajustan y sobreviene, por añadidura, una situación de emergencia de las finanzas públicas que obliga a la contención general del gasto. El resultado práctico de todo ello es que se llega a la solución de hacer un ERE para librarse de 70 de aquellos investigadores a los que años atrás se concluyó que era menester retener a fin de aprovechar su gran potencial. Por razones de espacio, haremos abstracción de las 70 historias individuales truncadas por esa decisión, que en el ánimo de sus protagonistas no debe de inducir, respecto del país que en su día les ofreció apostar por él en lugar de hacerlo por otros, una corriente de gratitud.
Lo que no está de más es contextualizar esos 70 despidos, para lo que la referencia inevitable, guste o no, es el saco general del gasto público, y en particular, de dónde se detrae y de dónde no, respecto de lo que se gastaba antes de que sobreviniera la emergencia fiscal que impide renovar el contrato a los investigadores. Nada que objetar si el término de referencia es la educación: también en ese sector de la acción pública se han producido reducciones, incluso drásticas, de la fuerza laboral. Otro tanto cabe decir de la vertiente asistencial del gasto sanitario: se han cerrado servicios hospitalarios y se ha despedido a personal de todas las categorías. Lo mismo sucede con policías, bomberos... No se ha despedido a ninguno, pero no se han repuesto las bajas vegetativas, lo que también reduce la plantilla.
Ahora bien, si miramos el censo de asesores, el de escoltas de figurones, o las estructuras
administrativas redundantes que ofrecen oportuno cobijo laboral a la militancia más fiel, el cuadro es muy diferente. Ahí la reducción, ni está, ni se la espera.
Suponiendo todas estas cosas, cabe preguntarse si al frente del tinglado hay alguien que conserve el sentido común.
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