El Servicio de Salud de La Rioja atenderá cerca de 12.000 vascos, mientras Osakidetza les prestará servicios especializados

Vitoria (26-28/10/2013) - Redacción

Se zanja así el conflicto surgido hace dos años cuando el presidente riojano, Pedro Sanz, anuló la asistencia a vascos residentes en la frontera alavesa

El conflicto generado en 2011 cuando el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, decidió anular la asistencia que prestaba a los vecinos vascos residentes entre la frontera alavesa y la riojana, ha quedado solucionado al crearse la comisión de seguimiento del acuerdo sanitario entre las dos comunidades y que será la encargada de analizar las dificultades que surjan del pacto. Los consejeros vasco y riojano, Jon Darpón y José Ignacio Nieto, respectivamente, presidieron el pasado miércoles el acto en un encuentro que tuvo lugar en Logroño.
El pacto beneficia a cerca de 12.000 habitantes de los municipios alaveses. De estos, desde finales del pasado agosto, 3.500 ya han recibido atención en La Rioja. El pasado 12 de septiembre ambos gobiernos lograron un acuerdo que permitirá que los vascos y riojanos residentes en zonas cercanas a la comunidad vecina puedan ser atendidas por el sistema sanitario de esa autonomía.
La solución al desencuentro que tuvo lugar hace dos años cuando el consejero de Sanidad del País Vasco era el socialista Rafael Bengoa pasaba por que la compensación que recibiera La Rioja no fuera económica, sino asistencial.
En este sentido, Osakidetza prestará a los ciudadanos riojanos servicios de alta especialización, como trasplante renal infantil, cirugía infantil, cirugía de la obesidad, implantes cocleares, algunas técnicas de cirugía plástica y atención en unidad de quemados, entre otros. De estos servicios especializados se podrían beneficiar cerca de 500 riojanos.
El consejero Darpón ha explicado que el Servicio Vasco de Salud contempla que se se realicen en cada ejercicio 1.500 consultas, 1.700 pruebas y unos 130 ingresos hospitalarios por estas cuestiones a pacientes riojanos. La creación de esta comisión era el único requisito formal que quedaba pendiente del acuerdo al que llegaron los dos gobiernos y que, inicialmente, tiene una vigencia de tres años, prorrogables anualmente.