España niega al Consejo de Europa que haya denegado la asistencia a ningún inmigrante

El Consejo de Europa envía un duro informe a España por el impacto generado por las reformas sanitarias, en especial la exclusión de inmigrantes y el copago.

Redacción | 10/10/2013 11:19

El Consejo de Europa ha emitido un duro informe contra España en el que advierte de las consecuencias de las reformas acometidas por el departamento de Ana Mato sobre la salud de los inmigrantes en situación irregular, los niños y los discapacitados. El informe, publicado ayer como conclusión a la visita realizada por el Consejo de Europa a España en junio, afirma entre otras cuestiones que "preocupa que, a pesar del hecho de que los niños inmigrantes continúan beneficiándose de sanidad gratuita, varias autonomías han constatado que hijos de inmigrantes en situación irregular han visto denegada la asistencias sanitaria" y advierte de que esta práctica es contraria "al artículo 24 de la Convención sobre Derechos de los Niños de Naciones Unidas".

Asimismo advierte de que los casos de denegación de asistencia se han producido por "la confusión general que ha surgido entre los servicios sociales y los profesionales sanitarios, ante los cambios generados en la ley y las respuestas variopintas de las autoridades regionales. Además, algunos padres inmigrantes parecen no estar al tanto de que sus hijos mantienen la cobertura gratuita".
En línea semejante se expresa el Consejo de Europa sobre otros colectivos como los discapacitados y los más desfavorecidos, afirmando que "en general los masivos recortes en las plantillas médicas, en los fondos para centros públicos sanitarios y en otros servicios de atención primaria, el cierre de servicios de emergencia y la necesidad de copago en las medicinas han tenido un impacto desproporcionado en el acceso a la sanidad".

Ante este duro informe del Consejo de Europa, se ha defendido ahora España remitiendo sus alegaciones, que se aferran a las normas dictadas en otros países europeos para defender la exclusión de los inmigrantes en situación irregular. Concretamente, la respuesta emitida por España afirma que "el nuevo marco legal está en línea con la directiva europea de sanidad transfronteriza". Asimismo, España vuelve a apoyarse en el informe del Tribunal de Cuentas para explicar al Consejo de Europa que antes de la reforma se detectó que "676.000 ciudadanos europeos habían obtenido la tarjeta sanitaria de forma irregular y esto había supuesto desde el año 2000 un sobrecoste de 917 millones de euros de los que 639 millones no habían podido ser facturados al país de origen. España insiste además en que hasta la fecha "el Ministerio de Sanidad no tiene constancia de que a ningún paciente se le haya denegado la atención". Además, añade que se están poniendo en marcha medidas adicionales en colectivos como los afectados por VIH o tuberculosis que no dependen de la situación legal del inmigrante.