miércoles, 22 de enero de 2014

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Consejeros y altos cargos de Extremadura no podrán concurrir a oposiciones convocadas por gobiernos que los nombren

Mérida (22/01/2014) - E.P.

• Esta medida se contempla dentro de la nueva Ley de Función Pública en la que el Gobierno autonómico lleva meses trabajando

• Lo ha anunciado la vicepresidenta regional, Cristina Teniente, después de que el Consejo de Gobierno extremeño haya analizado el texto de esta Ley y las informaciones relativas a las oposiciones del SES a las que concurrió al final de la pasada legislatura la ex consejera socialista de Sanidad María Jesús Mejuto

Los consejeros y altos cargos extremeños no podrán concurrir a procesos de oposiciones convocados o desarrollados por los mismos gobiernos que los nombraron. Esta medida se contempla dentro de la nueva Ley de Función Pública en la que el Gobierno autonómico lleva "meses" trabajando, y que busca convertirse en una norma a la "vanguardia" de la materia en España que permita "reforzar" los derechos constitucionales de "mérito, igualdad y capacidad" de las personas que concurren a un proceso opositor.
El anuncio ha sido realizado por la vicepresidenta regional, Cristina Teniente, en rueda de prensa después de que este martes el Consejo de Gobierno extremeño haya analizado de forma "monográfica" el texto de la citada Ley de Función Pública, así como "en profundidad" las informaciones relativas a las oposiciones del SES a las que concurrió al final de la pasada legislatura la ex consejera socialista de Sanidad María Jesús Mejuto.
Además, mientras que el Ejecutivo autonómico articula la modificación normativa que introduzca la medida en cuestión, y en cuyo "encaje constitucional" pertinente trabaja la citada administración, los consejeros y altos cargos de la comunidad renuncian voluntariamente a su posible concurrencia a procesos selectivos convocados o desarrollados por el Gobierno regional, ha añadido Teniente.
De igual modo, el Ejecutivo extremeño va a ampliar la regulación de las incompatibilidades de los altos cargos prohibiendo de forma expresa que se puedan presentar a pruebas selectivas convocadas o desarrolladas por el mismo gobierno que les haya nombrado. "Nunca más en Extremadura un alto cargo debe beneficiarse de su posición preferente para acceder a un puesto en propiedad en la Administración autonómica", ha señalado la vicepresidenta.
Con ello, el objetivo es "extender" las incompatibilidades de altos cargos en el sector privado al público, dentro de un "proceso histórico en España" que supone una "decisión jurídica compleja jurídicamente" pero en cuyo "encaje constitucional" ya trabaja el Gobierno regional.
Asimismo, se introducirá una prohibición clara de la designación nominal de los tribunales de selección en las convocatorias opositoras, de tal forma que la misma se realizará a partir de la aprobación de la ley por sorteo entre aquellos empleados públicos que reúnan las condiciones necesarias y de profesionalidad para ser miembros de dichos tribunales.
También, según ha avanzado Cristina Teniente, se abrirá esta posibilidad a "cualquier funcionario de cualquier Administración del país" que pueda participar y formar parte de los tribunales calificadores "siempre que cuente con la capacidad profesional requerida para la evaluación" del proceso selectivo. De igual modo, la composición del tribunal se realizará mediante sorteo público como "máxima garantía de objetividad y transparencia".
En este punto, la vicepresidenta ha destacado que por "primera vez en la historia de Extremadura" los tribunales "no" van a ser designados por los "políticos", al tiempo que ha insistido en que con las novedades introducidas en la Ley de Función Pública se avanza a juicio de su ejecutivo en un modelo "más abierto" y "más participativo", así como "más transparente" en el acceso a la Función Pública que el actual.
Por otra parte, el Gobierno autonómico regulará de forma "específica y precisa" el papel "decisivo" de los observadores sindicales como "garantes" del proceso selectivo y "aliados imprescindibles" de cualquier gobierno para "garantizar" los principios de "igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la Función Pública".
De igual modo, la Consejería de Administración Pública va a elaborar un manual de instrucciones dirigido a los tribunales calificadores de las pruebas de selección de personal en el que se establecerán "negro sobre blanco" cuáles deben ser las normas de actuación y comportamiento de los integrantes de los mismos.
Además, Cristina Teniente ha anunciado que con el mismo objetivo de "dar seguridad" a los opositores el Gobierno autonómico va a establecer un calendario general anual para la realización de la Oferta de Empleo Público, que fijará el desarrollo de las pruebas selectiva y terminará con el calendario "flexible o arbitrario en algunos casos" que, según apunta, "genera incertidumbre" entre los opositores.
Durante su intervención ante los medios, la vicepresidenta ha tachado de "novedosas" las medidas anunciadas en materia de Función Pública, y ha considerado que las mismas marcarán, ha dicho, "un antes y un después" en materia de acceso a la Función Pública. "Todas marcan un punto de partida en un nuevo modelo que debe situar a la región a la cabeza, a la vanguardia del país en garantías, en transparencia, en objetividad, en las pruebas selectivas convocadas por la administración", ha aseverado.
Por otra parte, sobre la aprobación de la nueva Ley de Función Pública, ha señalado que la norma se encuentra "muy avanzada" en su redacción y que el objetivo es que las "modificaciones" que se introduzcan se hagan "lo más rápido posible" para que la misma sea "una realidad cuanto antes".
Además, ha indicado que el Ejecutivo regional cree que "no va a haber problemas" en el Parlamento autonómico para "configurar una mayoría suficiente" y "para avanzar en una tramitación ágil y que atienda a las aspiraciones de la mayoría de la cámara". En este punto, ha explicado que durante la tramitación de la norma el Gobierno autonómico "ya" ha tenido "algún contacto" con "algún grupo". "Y están encantados --ha añadido-- con que se refuercen los mecanismos de transparencia".

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