La Junta extenderá la prohibición del cigarrillo electrónico a sus sedes

El uso de los vaporizadores no está permitido en centros sanitarios, sociales y educativos desde principios de enero

La consejería ha encargado un estudio para analizar los componentes del producto

ÁNGELES LUCAS Sevilla 10 ENE 2014 - 12:12 CET

Una persona fuma un cigarrillo electrónico. / GIANLUCA BATTISTA

Andalucía, junto a Cataluña, toma la delantera en la prohibición del consumo de cigarrillos electrónicos. Desde el uno de enero de 2014, su uso no está permitido en los centros sanitarios, sociales y educativos dependientes de la Junta de Andalucía, una medida que ya se había anunciado a finales de año y que está previsto que se extienda al resto de Administraciones dependientes de función pública andaluza. Lo ha anunciado este viernes la titular de Salud, María José Sánchez Rubio (PSOE), que ha añadido que esta restricción ya se aplica a todos los centros en los que se desarrolle actividad con menores . "Además, a los centros sanitarios y sociales que no son titularidad de la Junta también se les ha enviado una recomendación para incorporar esta instrucción a sus normas internas", ha declarado la consejera en rueda de prensa.

Con esta prohibición, que se acomete bajo el nivel normativo del que es competente la administración regional en salud pública, la Junta se adelanta a las medidas que probablemente se adopten desde el Gobierno central en esta materia. "Todavía estos productos, que no están regulados, se componen de sustancias no declaradas que hay que estudiar, y hay que asegurar la salud", ha añadido. La consejería propuso al Gobierno central realizar una regulación estatal de estos productos en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, propuesta que ya se ha acordado. En diciembre, el Ministerio de Sanidad anunció en respuesta parlamentaria que aboga por regular estos productos y equipararlos al tabaco.

Entre los adelantos, la Junta ha querido invertir también en la realización de un estudio por el que se pretende comprobar, entre otras cuestiones, la existencia de estas sustancias no declaradas y su impacto sobre la salud. La próxima semana comienza la toma de muestras de este estudio cuyos resultados se publicarán previsiblemente en seis meses. En este tiempo, el departamento realizará también un análisis del etiquetado para determinar si la información o la publicidad que se incluye en el producto puede ocultar datos, mensajes confusos o inducir a pensar que es beneficioso para la salud.

La Junta ya previó el posible riesgo para la salud del consumo de estos vaporizadores en 2011 e investigó si había fraude en el producto, por lo que este nuevo estudio dotará de nuevos datos a los previamente analizados por la administración.